El Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 7 de diciembre de 2010 publica el Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el periodo ordinario de sesiones febrero a junio de 2010, en el que se refleja la relación de peticiones presentadas, decisiones adoptadas sobre las mismas y contestaciones recibidas de las autoridades a que se trasladaron.
Entre las 46 peticiones que se reseñan figuran tres formuladas por esta Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, referidas a la necesidad de que desde el Ministerio responsable en materia de función pública se adopten las medidas de coordinación y vigilancia necesarias para asegurar el respeto al Estatuto Básico del Empleado Público en materia de acceso al empleo público, y a la procedencia de control de constitucionalidad de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, en lo que respecta a retribuciones de los empleados públicos.
Ambas peticiones fueron admitidas por la Comisión de Peticiones del Senado, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Constitución Española, fueron remitidas al Ministerio competente, sin que hasta la fecha se haya informado a la Cámara sobre la decisión adoptada por el Ministerio.
La Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, establece las obligaciones de las autoridades públicas a las que se dirijan peticiones al amparo del derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, y entre dichas obligaciones figura la prevista en su artículo 11.5: “Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas”. A ello se añade la previsión contenida en el artículo 195 del Reglamento del Senado: “En cada período ordinario de sesiones la Comisión de Peticiones informará al Senado del número de peticiones recibidas, de la decisión adoptada sobre las mismas, así como, en su caso, de las resoluciones de las autoridades a las que hayan sido remitidas. El texto del informe se incluirá en alguna de las publicaciones oficiales de la Cámara y será objeto de consideración en sesión plenaria”.
En cumplimiento de ambos preceptos se elabora y publica, semestralmente, el citado informe de actividad de la Comisión de Peticiones del Senado, lo que constituye un importante elemento de transparencia en su gestión. Sería deseable que un informe de similares características se elaborase igualmente por las Cortes de Aragón y por cada uno de los Departamentos del Gobierno de Aragón. Esta Asociación va a sugerir dicha elaboración tanto al Parlamento autonómico como a los miembros del Gobierno de Aragón, para así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón aprobaron ayer el reglamento de organización y funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, instrumento indispensable para la definitiva puesta en marcha de la institución de control financiero aragonesa, tal y como dicta su marco legal. Este requisito permitirá ya el próximo ejercicio la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón, una vez que se establezca el plan anual de fiscalización. El nuevo reglamento consta de cerca de cien artículos, que abordan desde los campos de actuación de la institución a los procedimientos establecidos para su cumplimiento, así como, entre otros asuntos, su régimen económico financiero o su papel como órgano consultivo.
EL PERIODICO DE ARAGON.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró ayer totalmente convencido de que "el 99% de los gobiernos autonómicos y locales" respetará el compromiso de reducción del déficit y garantizó que, "a quien no lo cumple, el Gobierno le va a hacer cumplir".
Sus declaraciones llegan tras conocerse que el déficit de las comunidades autónomas creció en el tercer trimestre un 27% y supera el 10% del PIB. Como ya avanzó este diario, el aragonés se mantuvo estable, por primera vez en tres años. Algunas de las comunidades autónomas, como Murcia y Castilla La Mancha, están en una muy mala situación de déficit, lo que ha obligado a que no puedan tomar deuda el próximo año. También sucederá con algunos municipios, como Madrid. Y menos en un momento en el que las agencias de calificación de deuda (las que evalúan la salud financiera de las administraciones para que las prestadoras de dinero lo tengan en cuenta) están muy vigilantes con la situación económica española.
Zapatero, sin embargo, insistió en que la inmensa mayoría de las autonomías cumplirá el objetivo de déficit fijado en el 2,4% del PIB. Entre ellas estará Aragón. El consejero de Economía, Alberto Larraz, aseguró ayer que el déficit autonómico, del 8% sobre el PIB es "bastante sostenible" y vaticinó que no habrá problemas, para acabar el año en los niveles pactados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
EL PERIODICO DE ARAGON.
ZARAGOZA.-Iglesias respondió ayer en el pleno de las Cortes a dos preguntas relativas a esta cuestión formuladas por el portavoz del PP, Eloy Suárez, y por la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, quienes también preguntaron al presidente por el fracaso del proyecto aeronáutico de Villanueva de Gállego (Zaragoza), en el que participaba la empresa pública Savia Capital Inversión.
El presidente, respecto a las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en los ejercicios presupuestarios de 2004 y 2005, se preguntó por el nivel en el que se puede colocar una acusación política e inquirió a Suárez si éste tiene que ser la "sospecha infundada", la existencia de una imputación o el pronunciamiento de los tribunales.
Iglesias precisó que lo que ha pedido el Tribunal de Cuentas es "aclaraciones" sobre determinadas "cuestiones contables", y por eso se preguntó "de dónde ha sacado" el PP que la fiscalía investiga supuestas responsabilidades penales, conclusión a la que los populares han llegado, añadió Iglesias, incluso antes de que el Parlamento español recibiera los informes del órgano auditor.
El Gobierno de Aragón va a actuar "con absoluto rigor" y a "colaborar intensamente sin echar la culpa a los tribunales, a los jueces, a los fiscales, a la Guardia Civil o a la policía", aseguró Iglesias a la bancada del PP.
Para Eloy Suárez, los anuncios de la fiscalía del Tribunal de Cuentas han puesto "bajo la lupa" algunas actuaciones del Gobierno de Aragón, concretamente veintiséis contratos y proyectos por un valor total de quinientos millones de euros durante los años 2004 y 2005. Y mientras, criticó el diputado popular, Iglesias rehusó comparecer, el jueves, en las Cortes por este asunto y por la quiebra de CAG, y envió a Larraz a dar explicaciones.
Suárez llegó a la conclusión de que a Iglesias "sólo le importa llegar vivo al 22 de mayo y que la maquinaria electoral socialista también llegue íntegra" a la cita con las urnas.
La "poca credibilidad política" que le quedaba a Marcelino Iglesias acabó ayer, a juicio de Suárez, quien vaticinó que el presidente va a acabar la legislatura, y su mandato, "manchado por la mentira y bajo la lupa del ministerio fiscal".
En una línea parecida se pronunció Ibeas, quien dijo que Iglesias preside un Gobierno "a la deriva" y del "sálvese quien pueda", que es "incapaz de poner sobre la mesa una actuación coordinada para hacer frente al descrédito que acumula".
El informe del Tribunal de Cuentas, añadió la diputada, pone en "muy mala situación" y "muy tocado" al Ejecutivo.
Es "muy grave" que este tribunal haya pedido que actúe a sus sección de enjuiciamiento y que, de forma paralela, haya solicitado testimonio de particulares sobre determinados contratos para dilucidar si puede darse "posibles responsabilidades penales" en la actuación contractual de la administración autonómica.
Respecto a la actuación del Ejecutivo ante la quiebra de la empresa aeronáutica CAG, Iglesias reconoció que esa "experiencia" no fue bien pero ha precisado que el 90 por ciento de las empresas participadas por la comunidad funcionan "perfectamente". A pesar de este fracaso, dijo que el Gobierno "no va a renunciar" a un sector estratégico como éste.
DIARIO DEL ALTOARAGON.
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