LA SENDA DEL MAL GOBIERNO: ¿DEL DESPRECIO DE LA LEGALIDAD A LA CORRUPCIÓN? ¿DE LA IMPUNIDAD AL CASTIGO?

El Tribunal de Cuentas ha emitido, recientemente, su informe sobre las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón relativas a los ejercicios 2004 y 2005. Dicho Informe, rendido en cumplimiento de la función que le atribuye la Constitución Española, como órgano fiscalizador externo, tiene como objetivo, entre otros, el de valorar el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económico-financiera del sector público autonómico, en especial, las relativas a la gestión de los presupuestos, y el de evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos, principalmente en la Administración General Autonómica, para lo que se prevé el análisis de las áreas de endeudamiento, subvenciones, avales y contratación administrativa.

El Informe detecta numerosos problemas de gestión del gasto público, en lo que afecta a contratación administrativa, subvenciones y otros ámbitos, en los que la actuación de los órganos y entes gestores no ha respetado la legalidad administrativa. Como resultado de tales incumplimientos, se adelantaba hace unos días en prensa el previsible inicio de actuaciones por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre los posibles ilícitos penales en que han podido incurrir diferentes gestores o responsables de la Administración de la Comunidad Autónoma. Es decir, es posible que se exijan responsabilidades personales, algo que genera indisimulada inquietud.

Tal información, si bien puede suponer para algunos una mayúscula sorpresa, claramente desagradable, si acaso creían que la Administración autonómica funcionaba de acuerdo a la ley o estaban confiados en que la mala gestión era un derecho adquirido de los gestores públicos de la Administración autonómica, para otros la sorpresa ha sido de signo contrario, al descubrir que todavía existen instituciones como el Tribunal de Cuentas con capacidad para cumplir de forma exigente su función, velando por la legalidad y la eficiencia del gasto público, y señalando al gestor deficiente, por ineptitud o por desdén hacia el interés general. La cultura de gestión en nuestra Comunidad Autónoma no ha hecho más que degradarse en los últimos años, y prueba de ello es el creciente descuido o desinterés de muchos responsables políticos y administrativos en cumplir los requisitos legales en los expedientes de gasto público.

La forma de gestión que se ha ido imponiendo –con menos resistencia de la debida por parte de los servidores públicos- viene marcada por la estricta decisión política, el dirigismo más manifiesto en expedientes económicos que afectan a contrataciones y subvenciones, donde en muchas ocasiones se conoce al adjudicatario o benefeciario antes de llevar a cabo la licitación o la convocatoria respectiva. Muchos gestores han adquirido el hábito –el vicio- de prescindir del procedimiento y confiar en que el gasto final –el pago- será convalidado por el Gobierno de Aragón, al margen de todas las deficiencias o irregularidades acumuladas. Con demasiada ligereza, se ha abusado del mecanismo de la convalidación de gastos, como si una adjudicación irregular pasase a ser regular por el mero acuerdo de convalidación del Gobierno de Aragón. ¿Estamos ante un Gobierno taumaturgo? No se ha puesto freno a tal forma improcedente de actuar ni por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo ni por el propio Gobierno de Aragón. Cuando se tiene la garantía de que un gasto comprometido al margen de los procedimientos legales puede ser convalidado por el Gobierno, cumplir las normas pasa a ser algo relativo, prescindible o sencillamente superfluo.

La decisión administrativa, con su sujeción al procedimiento administrativo, se transforma así en pura decisión política, con frecuente daño al interés público, al desaparecer en su adopción la transparencia, la concurrencia, la objetividad y la eficacia. Todos los principios ceden ante la incontestable decisión política, reduciendo con ello la Administración y la función pública a una organización errática y desacreditada, incapacitada para funcionar de acuerdo a los principios que la ordenan.

En modo alguno deseamos prejuzgar el resultado de las posibles actuaciones que pueda emprender la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Los resultados se conocerán a su debido tiempo. Lo que, en este momento, nos atrevemos a formular es la confianza en que sólo una actuación contundente contra la mala gestión que se ha impuesto en la Administración autonómica –sin excepción de Departamentos ni Organismos- puede ayudar a modificar el actual rumbo de las cosas. Los signos que muestra la función pública –de imparable descomposición y desaliento generalizado- sólo son indicio del calamitoso estado en que se halla la gestión pública, dirigida por unos responsables políticos para los que la legalidad y el interés general han quedado, como mucho, a la misma altura que sus intereses personales, políticos o de partido. Estos nunca se sacrificarán a aquél, y prevalecerán en caso de conflicto. La gestión se abre así a la corrupción, sin escrúpulo alguno.

Cada cual valorará si la falta de respeto a la legalidad es causa o efecto de la corrupción pública, y si ésta es una amenaza o una realidad incontestable y generalizada. Lo sucedido en el Ayuntamiento de La Muela y en ASAEL o la realidad escandalosa de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, en la que tanto ha insistido esta Asociación sin resultado alguno, pasan ahora, gracias al Informe emitido por el Tribunal de Cuentas, a ser puntos visibles de un marco general de mala gestión por vulneración de la legalidad, en el que es posible que emerjan nuevos supuestos de corrupción, nuevos imputados, esta vez ya en la propia Administración autonómica.

Los que tanto hemos lamentado y denunciado el letargo en que se hallaba la Cámara de Cuentas de Aragón desde 2001, acaso estábamos equivocados, y ello no era sino la circunstancia necesaria para que el Tribunal de Cuentas brindara a esta Comunidad Autónoma su inestimable servicio para poner coto a la mala gestión y a la corrupción pública. Ojalá sea así.

Cuando los responsables de las instituciones públicas no son conscientes del valor ético y político que tiene el respeto a la legalidad, tanto material como procedimental – desconociendo el valor del procedimiento como elemento de garantía para la correcta decisión y para la protección de los derechos de todos los afectados-, no cabe duda de que se está dejando, voluntaria o involuntariamente, el camino libre a la corrupción pública. Cuando la ley deja de ser la referencia, el límite, el camino, la tarea esencial del gobernante de velar por el interés público se ve necesariamente condenada al fracaso. Frente a la dignidad de la acción política, cuando va de la mano del derecho, la gestión pública hecha sin legalidad ni ética sólo genera desconfianza, descrédito, irritación, desafección y cinismo social. Corromper la vida pública, en la que se juegan los derechos de todos, es un delito contra la vida democrática. No debiera quedar jamás impune.