Llega el final de año, en medio del paréntesis navideño, y esta Asociación deja el balance de su actividad para lo que constituye su verdadera cita anual, es decir, la asamblea general de socios que se celebra, cada año, en los meses de febrero o marzo. Nos limitaremos a constatar en esta fecha que durante el año que concluye, y a falta de calibrar los efectos que ello pueda tener en el futuro, esta Asociación no sólo ha tratado de mantener su actividad, como en años anteriores, sino que ha realizado un esfuerzo para abrir su campo de acción a otras Administraciones y a otros territorios.
La doble apertura de la Asociación se ha llevado a cabo, en primer lugar, con el cambio de sus Estatutos, al abrir su ámbito al resto de las Administraciones aragonesas -algo que hasta el momento apenas ha tenido repercusión, pero que abre una innegable perspectiva de futuro, al tratar de incorporar a las iniciativas hasta ahora desarrolladas lo que concierne al mundo de la administración local aragonesa, con su problemática específica-, y, en segundo lugar, con el inicio de relaciones de colaboración y articulación con otras entidades y plataformas que trabajan por objetivos directamente conectados con sus fines estatutarios o que circunscriben su acción -materialmente coincidente- al territorio de otras Comunidades Autónomas.
Ejemplos de esta segunda apertura son la incorporación a la Coalición Pro Acceso, conjunto de organizaciones que propugnan una ley de acceso a la información pública como mecanismo de transparencia en la gestión pública, y los contactos mantenidos con asociaciones de funcionarios asturianos y andaluces que se han organizado para promover y defender, al igual que nosotros, la profesionalidad de la función pública en sus respectivas Comunidades Autónomas. Confiamos en impulsar y ver, en un futuro próximo, una amplia plataforma de organizaciones de todas las Administraciones Públicas españolas trabajando en la misma dirección.
Otro dato que no podemos minimizar en este momento es la fase de normalización de relaciones que ha impulsado desde la Dirección General de la Función Pública su nuevo titular, Jesús Sarría, que ha reiterado -en los dos encuentros mantenidos en el último mes- su voluntad de mantener reuniones monográficas con los representantes de esta Asociación para abordar diferentes aspectos de la realidad de la función pública aragonesa. Si la apertura, en este caso, ha procedido del actual responsable de la Dirección General de la Función Pública -cosa que reconocemos y agradecemos-, creemos que la respuesta de diálogo ofrecida, desde el primer momento, por esta Asociación ha evidenciado su clara voluntad de colaboración con los responsables de la Administración para avanzar en propuestas de futuro, sin que ello implique la renuncia a exigir el respeto de la ley, factor fundamental de una Administración en un Estado de Derecho.
Finalmente, no debemos olvidar que este año, por tercera vez, la Asociación celebró el 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, así establecido por Naciones Unidas para difundir los compromisos que contiene la Convención contra la Corrupción aprobada en 2003. La reivindicación de la ética pública, como elemento central de toda la actividad de la Asociación, no podía tener otro resultado que el asumir como objetivo prioritario la acción contra la corrupción pública, sea política o administrativa. Una línea que esta Asociación no hará sino reforzar en el futuro.
El año 2011, en definitiva, no sólo es tiempo en el que proyectar todas las líneas de trabajo iniciadas -este final de año no es más que un punto y seguido en la labor que esta Asociación viene desarrollando-, sino que, además, al ser un año electoral -con elecciones sindicales dentro de la Administración autonómica y elecciones locales y autonómicas, de las que saldrá la nueva composición de las Cortes de Aragón y surgirá el nuevo Gobierno de Aragón- es un tiempo de responsabilidad y de propuestas, tanto por la cita electoral del próximo mes de mayo como por las circunstancias de dificultad que vive nuestro país, que obligan a ejercer con especial exigencia las responsabilidades que como ciudadanos y servidores públicos nos corresponden.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
No es mal balance, y parece que hay ánimo de sobra para seguir en este año.
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