EL MEJOR HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN: CONTESTAR SUS PETICIONES.

Ayer, como cada 20 de diciembre, se congregaron diferentes autoridades y representantes políticos ante el Monumento al Justiciazgo, en la Plaza de Aragón de la ciudad de Zaragoza, para tributar un homenaje a dicha Institución, con motivo del 419 aniversario de la ejecución de Juan de Lanuza, por orden de Felipe II, tras oponer al poder real las garantías jurídicas del ordenamiento aragonés.

El homenaje al Justiciazgo, al margen de la reivindicación de la institución recuperada, por constituir una de las más destacadas señas de identidad histórica de Aragón –aunque poco tengan que ver las prerrogativas del actual Justicia de Aragón con su antecedente histórico-, nos permite rememorar la dramática pugna entre poder político y poder jurídico, entre la fuerza y el derecho, pugna hoy superada en nuestro sistema constitucional, donde la fuerza sólo es legítima si la ampara el derecho. Hoy el poder político –como Estado democrático- y el poder jurídico –como Estado de Derecho- resuelven sus diferencias en los Tribunales o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, quedando todos ellos sometidos al imperio de la ley y, destacadamente, al de la Constitución.

El Justicia de Aragón, configurado como institución básica de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Estatuto de Autonomía, tiene como misión asegurar la vigencia del Estado de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma, para lo cual atiende a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, a la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y a la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón. Es decir, vela por la vigencia efectiva de las normas que componen el ordenamiento jurídico aragonés y por el respeto de los derechos y libertades que se reconocen y garantizan en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico.

En el ejercicio de sus funciones, el Justicia de Aragón supervisa a las administraciones públicas, a las que solicita información respecto a las quejas que le formulan los ciudadanos. Ayer, el actual titular de la Institución, Fernando García Vicente, afirmaba que entre un 10% y un 15% de las peticiones de información quedan sin contestar por las administraciones o autoridades públicas a las que se dirige, a pesar de que la Ley establece la obligatoriedad de auxiliar a dicha Institución en el ejercicio de sus funciones.

Entre quienes incumplen dicha obligación de colaboración se encuentran los Consejeros del Gobierno de Aragón –representados en el acto de ayer por su Vicepresidente, José Ángel Biel, y su Consejera de Presidencia, Eva Almunia-, razón por la cual esta Asociación se dirigió recientemente al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarle que imparta instrucciones claras a los miembros del Gobierno autonómico y a los altos cargos de la Administración autonómica para que atiendan con la máxima diligencia los requerimientos de información por parte del Justicia de Aragón.

Creemos que el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha perdido una oportunidad de oro, al desaprovechar la fecha de homenaje al Justiciazgo para efectuar una declaración pública sobre la inequívoca voluntad de colaboración del Gobierno de Aragón con la relevante labor que el Estatuto de Autonomía encomienda al Justicia de Aragón, adquiriendo el compromiso de que los miembros del Gobierno de Aragón y los altos cargos de la Administración autonómica darán respuesta en tiempo y forma a toda petición de información por parte de tal Institución. En lugar de ello, la jornada ha servido para que el Justicia de Aragón reproche a las Administraciones –entre ellas, el Gobierno de Aragón- la falta de apoyo al ejercicio de su labor, con lo cual no sólo se desatiende el principio de lealtad institucional sino que se lesionan los derechos de los ciudadanos, al obstaculizar el funcionamiento de una institución que tiene como misión básica la protección de los mismos.