Zaragoza, 28 de marzo de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón una petición, al amparo del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar a dicho órgano parlamentario la creación de una Comisión especial de estudio, destinada a la elaboración de unos principios de conducta ética exigibles en el conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, con los que garantizar y controlar que el ejercicio de todos los cargos públicos se realice conforme a las exigencias de buen gobierno y buena administración, asegurando el servicio objetivo al interés general y reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El ámbito parlamentario, en el que se hallan representados todos los aragoneses, constituye el espacio más adecuado para un debate abierto y sereno sobre las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa y evitar que los principios de legalidad y de servicio público puedan ceder ante intereses personales, lícitos o ilícitos, menoscabando con ello el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y defraudando las expectativas depositadas por los ciudadanos en los responsables de las diferentes instituciones.
Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro del escrito de petición formulado:
“Mesa de las Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Me dirijo a ese Parlamento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que por parte de esa Mesa, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se proponga al Pleno de la Cámara la creación de una Comisión parlamentaria especial de estudio, con el fin de precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público. Asimismo, por dicha Comisión deberían formularse las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma.
Esta Asociación se dirigió a ese órgano parlamentario, con fecha 26 de noviembre de 2007, para solicitar el impulso de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, petición que, lamentablemente, fue archivada por dicho órgano.
Pese a ello, y ante la incontestable deficiencia de las instituciones de control que padecen numerosas Administraciones, entre ellas nuestra Comunidad Autónoma, cuya más grave manifestación son el objeto de las investigaciones judiciales sobre la presunta trama de corrupción asociada al desarrollo urbanístico del entorno de la ciudad de Zaragoza, entendemos más necesario que nunca que el Parlamento aragonés adopte, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa como la formulada en nuestra petición, tendente a impulsar las medidas que exige la regeneración de la vida pública aragonesa, tomando como ejemplo las experiencias desarrolladas en otros países de nuestro entorno.
Creemos que las Cortes de Aragón, como institución que representa a todos los aragoneses, es el ámbito adecuado para que se lleve a cabo una deliberación pública serena pero rigurosa sobre las medidas políticas y normativas precisas para reforzar el compromiso con los valores constitucionales del conjunto de la organización institucional autonómica, restableciendo con ello la confianza de los ciudadanos en el quehacer de las instituciones públicas.
Por todo ello, entendemos oportuno efectuar esta petición a ese órgano parlamentario, en la seguridad de que las Cortes de Aragón constituyen el espacio público e institucional apropiado para ello.
Agradeciendo la atención prestada a nuestro escrito de petición, quedamos a su entera disposición.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
20 comentarios:
Es importante insistir en la necesidad de que la reflexión contra la corrupción se radique en el parlamento, como institución que representa a todos los aragoneses. El debate político en este tema debe revestir un carácter institucional y no un mero desplieqgue mediático.
La corrupción entendida como “el mal uso del poder, la autoridad o funciones públicas con miras a obtener ventajas privadas” es una disfunción endémica que afecta tanto a las funciones de regalía del Estado, como a las actividades económicas, sociales, culturales. Atenta contra el acceso a los servicios públicos (educación, salud, energía, agua), o incluso a la ayuda alimentaria en los países más desfavorecidos. Sus formas son extremadamente variadas, de la malversación de fondos públicos a la remuneración indebida para obtener un derecho o una ventaja. Incluso a veces se la acepta, lo que complica aún más su erradicación. Difícil de cuantificar por naturaleza, el Banco Mundial y el FMI la estiman a un billón de dólares, o sea el 5% del PIB mundial, con grandes disparidades regionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que los Estados que luchan eficazmente contra la corrupción pueden esperar un aumento del orden del 400% en su ingreso nacional.
Negación de los valores del Estado y la democracia, erosiona los valores cívicos, debilita las instituciones por una pérdida de confianza de parte de los ciudadanos y el desarrollo de la inseguridad. Es perjudicial para la eficacia del servicio público, reduce los recursos disponibles para los gastos de infraestructuras, crea un medio ambiente poco propicio para los negocios, contribuyendo a la criminalización de los circuitos financieros. Fuente de tensiones políticas y sociales, a veces puede hacer caer a países enteros en graves derivas.
Ahora habla de ética Marcelino Iglesias, cuando ni siquiera se ha molestado en contestar a las peticiones de esta Asociación sobre el Código de Buen Gobierno y el Proyecto de Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón remitido a las Cortes de Aragón es totalmente insuficiente para evitar los conflictos de intereses de los altos cargos del Gobierno y de la Administración, y cuando además es el responsable máximo de que la Cámara de Cuentas lleve ya ocho años metida en el cajón.
Perdonen que me ría ... porque debiera indignarme oir declaraciones de tanto cinismo.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que denuncia con dureza la corrupción urbanística en España, y que no ha contado con el apoyo de los eurodiputados españoles, según viene informando la cadena COPE.
Socialistas y populares españoles en la Eurocámara no han conseguido rechazar el informe del Parlamento, redactado por una eurodiputada de Los Verdes danesa, en el que se critican los excesos urbanísticos en España. El texto ha salido adelante apoyado por conservadores y socialistas del Reino Unido y de Alemania, dado que muchas de las quejas recibidas por los excesos urbanísticos proceden de ciudadanos de estos países.
El informe deja a España por los suelos y amenaza incluso con la retirada de los fondos estructurales si no se corrigen estos abusos. Se pide además la moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten las leyes medioambientales o que no garanticen el respeto a la propiedad legítima de los bienes.
También se critica el sistema judicial español por no aplicar las leyes correctamente, dice, y por cierta laxitud en los procesos judiciales.
Está visto que no todas las Comisiones de Peticiones son iguales. Nos queda tanto que aprender de Europa ...
Las Administraciones Públicas españolas en general han dejado hacer y han puesto el cazo durante demasiados años. Ahora los ciudadanos de a pie tenemos que pagar en Europa lo que han hecho mal los especuladores y políticos sin escrúpulos.
Eso por no hablar de lo que dice el informe sobre nuestro sistema judicial. Y se ha quedado corto.
Paul van Buitenen es parlamentario del partido anti-corrupción "Europa Transparente", que él mismo fundó. El holandés, de 49 años, se hizo conocido en 1999, al destapar un escándalo en torno a la entonces Comisaria Edith Cresson, que condujo luego a la renuncia de la Comisión Europea presidida por Jacques Santer.
¿Es un modelo para esa Asociación? ¿También su acción va a provocar la caída del Gobierno de Marcelino Iglesias?
Lo que se está extendiendo a lo largo de la región costera española del Mediterráneo no es tanto el desarrollo sostenible programado de comunidades locales - aunque tales desarrollos existen; sino la destrucción de comunidades enteras y cultura, así como la destrucción de la frágil flora y la fauna que puebla el litoral. Es decir, el enriquecimiento enorme de una minoría", señalan los diputados europeos que han elaborado el dictamen sobre el urbanismo español.
Lo mismo se podría decir del Pirineo Aragonés.
El parlamento europeo debe obligar a cumplir los tratados en materia de urbanismo y madio ambiente.
Si el gobierno no es capaz de paralizar el urbanismo insostenible y el enriquecimiento avaricioso de unos pocos alcaldes y promotores, me temo que España se verá perjudicada en futuros acuerdos europeos, y quizás sancionada.
Se cita a la Asociación en el editorial de Heraldo de Aragón de hoy. Es una forma de reconocer la actividad realizada, pese a la falta de resultados reales por la pasividad del Gobierno aragonés. Pero las cosas han cambiado de signo. ¡Cuántas veces se habrán arrepentido de no haber contestado y haber tomado alguna de las iniciativas sugeridas! Lo que hagan ahora carece de credibilidad y no es más que mero oportunismo.
Demos a fondo la batalla contra la corrupción.
Opinión que traigo de otro blog de esta Comunidad:
Oigo al presidente Iglesias decir que los partidos deben seleccionar mejor a sus candidatos. Menos palabras y más hechos. ¿Ha tomado alguna iniciativa el presidente esta semana para poner en marcha la Cámara de Cuentas? Esa sí que sería una respuesta política a lo ocurrido en La Muela, y no las declaraciones de intenciones que se quedan en brindis al sol.
¿Aragón es el sueño que compartimos? Pues ya va siendo hora de despertarse.
Por si pudiese interesar esta reseña de un libro del profesor Rodríguez-Arana:
La perspectiva del buen gobierno y la buena administración de organizaciones ha ocupado un lugar relevante entre los especialistas del Derecho privado, dedicando estudios relevantes a los códigos corporativos, a los códigos de buena conducta y la denominada responsabilidad social empresarial. Sin embargo, era necesario que desde el Derecho Público y la ciencia de la Administración pública se estudiara la proyección de estos criterios sobre el acontecer y la vida de las instituciones públicas y sus dirigentes. A esta tarea se dedica el profesor Jaime Rodríguez-Arana, pionero en los comentarios sobre etica pública en el mundo jurídico, desde la metodología que el autor califica de pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario.
El libro analiza la cuestión a partir de diferentes puntos de vista y enfoques, y teniendo en cuenta las principales aportaciones de los organismos internacionales competentes en la materia, como pueden ser Naciones Unidas, la Unión Europea o la OCDE. En este contexto destaca el análisis efectuado de las dos principales manifestaciones de la Administración española en materia de ética pública como son el Código de ética pública de los altos cargos y la recentísima regulación de los conflictos de interés de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado por Ley 5/2006, de 10 de abril cuyo texto integro se reproduce en el anexo legislativo de esta obra
¿Alguien ha oído hablar del Centro de Buena Administración?
El Centro de Buena Administración es un servicio de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) destinado a compartir con el resto de áreas de la Junta de Castilla y León las acciones y políticas públicas innovadoras en materia de Función Pública, Nuevas Tecnologías, Modernización de la Administración y Administración Económica que se están llevando a cabo con éxito por otras instituciones políticas y administrativas similares en cualquier parte del mundo.
El Centro reporta información sobre la implantación y nivel de éxito en la consecución de los objetivos propuestos inicialmente por las distintas acciones y políticas públicas. Con todo ello se pretende conseguir un banco de datos e información lo suficientemente fiable que sirva para la actuación innovadora e impulsora de las futuras iniciativas de la Junta de Castilla y León.
En el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Burgos se residencia la Antena de "modernización administrativa".
En la reforma del Estatuto de Autonomía nadie pensó en la oportunidad de recoger el derecho a la buena administración, por ejemplo. En Castilla y León sí, y además parece que se desarrolla. Quizá hubiera que prestar algo de atención a ello:
En el marco del Derecho a una Buena Administración recogido en el Estatuto de Autonomía, La Junta presenta a los portavoces de los Grupos Parlamentarios el anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
La consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso Sánchez, ha presentado hoy al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, y a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, el anteproyecto de Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
La elaboración de este anteproyecto se enmarca en el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía y en las diversas iniciativas que está desarrollando la Consejería de Administración Autonómica para modernizar la administración y ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos más ágiles, accesibles y cercanos. El texto, destinado a proporcionar a los ciudadanos una norma con sus derechos en las relaciones con la administración, recoge la modernización asociada a la mejora de los derechos y el servicio eficiente a las personas.
El anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Ciudadanos tiene como finalidad garantizar que la administración de la Comunidad de Castilla y León se orienta a la adecuada atención a los ciudadanos y a la prestación de unos servicios públicos de calidad que satisfagan sus necesidades y expectativas en el marco del interés público. Para ello, regulará los derechos y garantías de los ciudadanos en su relaciones con la Administración de la Comunidad, la gestión pública y modernización y la evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios.
El texto, elaborado por la Consejería de Administración Autonómica, se enmarca en el artículo 12 del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que reconoce el Derecho a una Buena Administración. Del mismo modo, el anteproyecto se debe contextualizar en el desarrollo de las diversas iniciativas impulsadas desde la Consejería de Administración Autonómica, como son el Plan Estratégico de Modernización de la Administración y el Plan de Implantación de la Administración Electrónica.
La norma recoge el objeto, la finalidad y el ámbito de aplicación, así como los principios generales que deben inspirar las relaciones entre ciudadanos y administración. La modernización administrativa pasa porque cualquier persona que se relacione con la administración autonómica, desde cualquier lugar, pueda ejercitar los derechos que se le reconocen, contribuyendo al tiempo a la mejora de la calidad de los servicios prestados por la Administración.
¿Sabemos algo de estas recientes jornadas celebradas en Barcelona? ¿Ha acudido el Justicia de Aragón?
El Valedor do Pobo, Benigno López González, participa este viernes 27 de marzo en Barcelona en la Jornada sobre el derecho a la buena administración convocada por el Síndic de Greuges de Cataluña y que contará con la presencia de defensores de las diferentes autonomías.
El encuentro permitirá a los defensores la puesta en común de teorías y experiencias prácticas sobre el cumplimiento, por parte de los poderes públicos de ese derecho que tienen los ciudadanos a la buena administración. El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, por su parte, profundizará en la actividad desarrollada por los ombudsman en el marco europeo.
Teoría y práctica
El programa de la jornada, que será inaugurada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla y clausurada por Ernst Benach, presidente del Parlamento catalán; se estructura en dos partes. En una primera, intervendrán Sabino Cassese, catedrático de Derecho Administrativo y Magistrado del Tribunal Constitucional italiano, así como Joan Prats Catalá, presidente de la Asociación Internacional de Gobernanza, Ciudadanía y Empresa. En la segunda, será el Defensor del Pueblo Europeo y el Síndic Catalán, Rafael Ribó, quienes tomen la palabra para tratar su experiencia para con la buena conducta administrativa.
El Valedor do Pobo, Benigno López, tomará parte en la Mesa Redonda que cerrará la Jornada y en la que se analizarán las diferentes experiencias por comunidades autónomas. Compartirá debate, en este sentido, con los defensores de Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Una interesante opinión de Joan Prats:
Los corruptos son pocos, pero corruptibles somos todos. Si no tenemos políticas e instrumentos para prevenir la corrupción y reprimirla cuando se produce, entonces la administración estará siempre bajo sospecha. Para eso necesitamos control, vigilancia, oficinas de prevención antifraude y códigos de comportamientos y buenas prácticas. Falta mucho por avanzar.
¿Vale para Aragón?
Hay que avanzar en la transparencia administrativa, aunque sea en inglés:
Governments are elected by the people, paid for with the people’s taxes, and so the people have a right to know what their elected representatives are doing with the power given to them, and how the public’s money is being spent.
The right of access to information is a right to know what the government knows. The right includes the right to request information from the government, and to view or receive copies of documents held by government. Exercising this right should be free of charge (with the exception of paying for postage or photocopying charges) and information requested must be provided promptly (the average for access to information laws is around 15 working days).
The right to information is also justified by the need to have information in order to protect other rights, to expose violations of human rights, to ensure ongoing public participation in government decision-making and to hold governments accountable.
In recognition of the right of access to information, civil society groups around the world have nominated 28th September of each year as International Right to Know Day. This day is used to promote awareness of the right to ask for and receive information
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