PETICIÓN DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE ESTUDIO PARA REFORZAR LA ÉTICA INSTITUCIONAL EN ARAGÓN.

Zaragoza, 28 de marzo de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón una petición, al amparo del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar a dicho órgano parlamentario la creación de una Comisión especial de estudio, destinada a la elaboración de unos principios de conducta ética exigibles en el conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, con los que garantizar y controlar que el ejercicio de todos los cargos públicos se realice conforme a las exigencias de buen gobierno y buena administración, asegurando el servicio objetivo al interés general y reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El ámbito parlamentario, en el que se hallan representados todos los aragoneses, constituye el espacio más adecuado para un debate abierto y sereno sobre las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa y evitar que los principios de legalidad y de servicio público puedan ceder ante intereses personales, lícitos o ilícitos, menoscabando con ello el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y defraudando las expectativas depositadas por los ciudadanos en los responsables de las diferentes instituciones.

Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro del escrito de petición formulado:

“Mesa de las Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Me dirijo a ese Parlamento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que por parte de esa Mesa, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se proponga al Pleno de la Cámara la creación de una Comisión parlamentaria especial de estudio, con el fin de precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público. Asimismo, por dicha Comisión deberían formularse las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma.

Esta Asociación se dirigió a ese órgano parlamentario, con fecha 26 de noviembre de 2007, para solicitar el impulso de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, petición que, lamentablemente, fue archivada por dicho órgano.

Pese a ello, y ante la incontestable deficiencia de las instituciones de control que padecen numerosas Administraciones, entre ellas nuestra Comunidad Autónoma, cuya más grave manifestación son el objeto de las investigaciones judiciales sobre la presunta trama de corrupción asociada al desarrollo urbanístico del entorno de la ciudad de Zaragoza, entendemos más necesario que nunca que el Parlamento aragonés adopte, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa como la formulada en nuestra petición, tendente a impulsar las medidas que exige la regeneración de la vida pública aragonesa, tomando como ejemplo las experiencias desarrolladas en otros países de nuestro entorno.

Creemos que las Cortes de Aragón, como institución que representa a todos los aragoneses, es el ámbito adecuado para que se lleve a cabo una deliberación pública serena pero rigurosa sobre las medidas políticas y normativas precisas para reforzar el compromiso con los valores constitucionales del conjunto de la organización institucional autonómica, restableciendo con ello la confianza de los ciudadanos en el quehacer de las instituciones públicas.

Por todo ello, entendemos oportuno efectuar esta petición a ese órgano parlamentario, en la seguridad de que las Cortes de Aragón constituyen el espacio público e institucional apropiado para ello.

Agradeciendo la atención prestada a nuestro escrito de petición, quedamos a su entera disposición.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.