Zaragoza, 10 de diciembre de 2008. El pasado mes de noviembre, esta Asociación optó por dirigirse a los alcaldes de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma –Huesca, Teruel y Zaragoza- y a los Presidentes de las tres Diputaciones Provinciales, para solicitar de todos ellos la aprobación de códigos de buen gobierno en sus respectivas instituciones, de acuerdo con los principios que marcan la estrategia de ética pública en el ámbito europeo y que se ha recogido igualmente en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006. Entendemos con ello que el impulso de tales códigos de buen gobierno, como se ha hecho ya por el Gobierno de España, incumbe a todas las instituciones públicas, y es un modo de asumir el liderazgo en la lucha contra la corrupción que corresponde a los responsables políticos.
Reproducimos aquí el texto del escrito de petición dirigido al alcalde de Zaragoza:
“D. Juan Alberto Belloch Julve
Ayuntamiento de Zaragoza
Plaza del Pilar, 18
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.
Me dirijo a ese Ayuntamiento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, para solicitar que por parte de esa Alcaldía se impulse la aprobación de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para la Administración municipal de la ciudad de Zaragoza.
La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, por parte de las Cortes Generales, mediante Ley 7/2007, y la profundización en los procesos de descentralización política y administrativa en nuestro país, de la que es ejemplo la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en abril de 2007, hacen necesario situar en el núcleo de la acción pública los principios y valores que, desde ámbitos como la OCDE o la Unión Europea, se señalan como constitutivos de una ética del servicio público, con el fin de incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.
Ello supondría colocar al Ayuntamiento de Zaragoza al lado de otras Administraciones e Instituciones que han formulado, como criterios rectores de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de España, en su reunión de 18 de febrero de 2005, proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración estatal los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.
Entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros de ese Ayuntamiento y a los responsables políticos de la Administración municipal, sería un complemento necesario al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo con ello el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.
Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores de servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en las Administraciones Públicas y que, a su vez, ningún liderazgo político puede ejercerse en democracia, en una sociedad compleja y plural como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.
Por todo ello, concedemos un gran valor a la iniciativa que pudiera asumir ese Ayuntamiento para incluir, entre las prioridades de la presente legislatura en materia institucional, un firme compromiso con los principios de la ética pública, promoviendo y renovando con ello un pacto básico de confianza entre la institución municipal y el conjunto de los ciudadanos a cuyo servicio dirige el conjunto de su actividad.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA ARAGONESA
C/ LEON XIII, 21, 4º CENTRO 50008-ZARAGOZA
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
¿Hay alguna respuesta de Belloch o al menos un simple acuse de recibo?
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