PETICIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PARA EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

Zaragoza, 10 de diciembre de 2008. El pasado mes de noviembre, esta Asociación optó por dirigirse a los alcaldes de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma –Huesca, Teruel y Zaragoza- y a los Presidentes de las tres Diputaciones Provinciales, para solicitar de todos ellos la aprobación de códigos de buen gobierno en sus respectivas instituciones, de acuerdo con los principios que marcan la estrategia de ética pública en el ámbito europeo y que se ha recogido igualmente en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006. Entendemos con ello que el impulso de tales códigos de buen gobierno, como se ha hecho ya por el Gobierno de España, incumbe a todas las instituciones públicas, y es un modo de asumir el liderazgo en la lucha contra la corrupción que corresponde a los responsables políticos.

Reproducimos aquí el texto del escrito de petición dirigido al alcalde de Zaragoza:

“D. Juan Alberto Belloch Julve
Ayuntamiento de Zaragoza
Plaza del Pilar, 18
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.

Me dirijo a ese Ayuntamiento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, para solicitar que por parte de esa Alcaldía se impulse la aprobación de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para la Administración municipal de la ciudad de Zaragoza.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, por parte de las Cortes Generales, mediante Ley 7/2007, y la profundización en los procesos de descentralización política y administrativa en nuestro país, de la que es ejemplo la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en abril de 2007, hacen necesario situar en el núcleo de la acción pública los principios y valores que, desde ámbitos como la OCDE o la Unión Europea, se señalan como constitutivos de una ética del servicio público, con el fin de incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.

Ello supondría colocar al Ayuntamiento de Zaragoza al lado de otras Administraciones e Instituciones que han formulado, como criterios rectores de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de España, en su reunión de 18 de febrero de 2005, proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración estatal los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros de ese Ayuntamiento y a los responsables políticos de la Administración municipal, sería un complemento necesario al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo con ello el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.

Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores de servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en las Administraciones Públicas y que, a su vez, ningún liderazgo político puede ejercerse en democracia, en una sociedad compleja y plural como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Por todo ello, concedemos un gran valor a la iniciativa que pudiera asumir ese Ayuntamiento para incluir, entre las prioridades de la presente legislatura en materia institucional, un firme compromiso con los principios de la ética pública, promoviendo y renovando con ello un pacto básico de confianza entre la institución municipal y el conjunto de los ciudadanos a cuyo servicio dirige el conjunto de su actividad.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

















ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA ARAGONESA
C/ LEON XIII, 21, 4º CENTRO 50008-ZARAGOZA