TRES CONMEMORACIONES Y UN MISMO COMPROMISO.

Zaragoza, 10 de diciembre de 2008.

La reciente celebración del trigésimo aniversario de la ratificación en referéndum de la Constitución española y la celebración, hoy, del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ocasión señalada para recordar y renovar el compromiso con los valores que en ambos textos se proclaman, como ciudadanos españoles y como ciudadanos del mundo.

Ambas fechas no deben impedir, sin embargo, que se preste la debida atención a otra fecha significativa, como es el Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas tras la aprobación en el año 2003 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, tratado ratificado por España en el año 2006.

Cabe establecer una directa conexión entre las tres celebraciones, de altísimo significado para el desarrollo y la efectiva salvaguarda de la libertad y dignidad humanas y del buen gobierno en los Estados. El respeto a los derechos humanos que propugna la Declaración Universal de 1948 es una de las principales referencias éticas de nuestra Constitución –a ella se alude expresamente en su artículo 10.2, para reconocer su valor interpretativo de los derechos fundamentales y de las libertades que la Constitución reconoce-, y los derechos fundamentales constitucionalmente proclamados no son sino aquellos derechos humanos a los que la norma constitucional ha prestado el máximo nivel de protección en el ordenamiento jurídico español, cuyo respeto se impone tanto a los poderes públicos como al conjunto de los ciudadanos.

La efectiva realización de los derechos fundamentales – la libertad y autonomía del individuo, los derechos de participación del ciudadano en los asuntos públicos y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales- requiere de unas instituciones públicas plenamente comprometidas con su misión de servicio al interés general y respetuosas con la finalidad de tales derechos, a cuya realización han de contribuir activamente, ya que la norma constitucional contiene un mandato de optimización de los derechos fundamentales al que quedan sometidos todos los poderes públicos.

Es precisamente en esta labor de impulso y aseguramiento de los derechos de los ciudadanos por parte de los poderes públicos donde cobra una particular significación el fenómeno de la corrupción pública, ya sea política o administrativa, entendida como un uso indebido de las potestades públicas a favor de intereses particulares, defraudando con ello el interés general y la confianza depositada por los ciudadanos en las instituciones y en sus titulares y agentes.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se constituyó precisamente para defender los valores y principios que deben regir el ejercicio de la función pública, y de ahí que los principios y valores constitucionales sean la guía fundamental de todas nuestras iniciativas. Como reverso de la ética pública que representan tales valores se sitúa la corrupción pública, por lo que celebrar la Constitución debiera implicar un compromiso decidido contra la corrupción.

Esta Asociación, con el acto celebrado ayer sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ha querido poner el acento de forma pública en la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, por entender que el compromiso contra la corrupción pública es nuestra principal obligación como ciudadanos y servidores públicos y porque la corrupción constituye la principal amenaza contra el desarrollo del Estado de Derecho y del buen gobierno, sin los cuales no cabe esperar garantía verdadera de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución ni de los derechos humanos que proclama la Declaración Universal de 1948.

El acto de ayer no fue un mero acto público, sino un acto de compromiso expreso con los objetivos marcados por Naciones Unidas para prevenir y combatir la corrupción y ese compromiso lo ejerceremos en nuestro específico ámbito de actuación, es decir, el conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, en las que esperamos encontrar el máximo espíritu de colaboración para avanzar en lo que constituye tanto una estrategia mundial como un expreso compromiso del Estado español.

Con la celebración del Día Internacional contra la Corrupción queremos celebrar igualmente los aniversarios de la Constitución española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues las tres conmemoraciones confluyen en un mismo compromiso con la dignidad humana, la libertad, la democracia, el imperio de la ley y el buen gobierno.