La Junta Directiva de la Asociación, reunida
ayer, acordó la interposición de recurso contencioso-administrativo, por el
procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, frente al
Decreto 145/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatutario del
Servicio Aragonés de Salud, publicado en el Boletín Oficial de Aragón núm. 194,
de 6 de octubre de 2016, al considerarlo contrario al derecho fundamental de acceso
a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2
de la Constitución
Española.
Para
ello, se ampliará el recurso ya promovido contra la oferta de empleo público
aprobada el pasado mes de julio para el ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Ambas
impugnaciones pretenden denunciar una vez más la irregular política de personal
impulsada por parte del Gobierno de Aragón, tanto ahora como en ejercicios
anteriores, en cuanto a la selección de personal, al incumplir el régimen de
acceso al empleo público, ya sea por la falta de aprobación de ofertas o por la
aprobación de ofertas manifiestamente insuficientes, como resultado de lo cual
en la función pública autonómica se vienen alcanzado tasas de interinidad
absolutamente inaceptables en una Administración profesionalizada.
Hemos
de aprovechar la actual coyuntura favorable a la corrección de la discriminación
laboral que supone el mantenimiento de situaciones de interinidad en numerosos ámbitos
de la Administración, fruto de recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
y contribuir a la corrección de dicha situación, no solo contraria al ejercicio
del derecho fundamental de acceso a la función pública, que año tras año se
lesiona y cercena a los ciudadanos, sino contraria también al estatuto de
inamovilidad que se predica de la función pública, como garantía de su
imparcialidad.
Frente
a la pasividad y tibieza general en esta materia, donde los mecanismos de
control se han revelado insuficientes para corregir los reiterados
incumplimientos por parte de los órganos de dirección política de las
Administraciones, creemos que debe insistirse en la vía judicial, pues la
inaplicación de las leyes –en particular, las ligadas a derechos fundamentales
constitucionalmente proclamados- merece no solo un amplio reproche social y
ciudadano, sino sobre todo una sanción judicial, a través de la cual poder
restaurar el principio de legalidad y reafirmar el Estado de Derecho, con su
conjunto de garantías y de exigencias.
3 comentarios:
La Asociación para la Defensa de la Función Pública va a impugnar la oferta de empleo público de 2016 para el personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.
La Junta Directiva de la Asociación, reunida este martes, acordó la interposición de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, frente al Decreto 145/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el Boletín Oficial de Aragón número 194, de 6 de octubre de 2016, al considerarlo contrario al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Para ello, “se ampliará el recurso ya promovido contra la oferta de empleo público aprobada el pasado mes de julio para el ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma”, recuerdan desde la Asociación.
Ambas impugnaciones, continúan, “pretenden denunciar una vez más la irregular política de personal impulsada por parte del Gobierno de Aragón, tanto ahora como en ejercicios anteriores, en cuanto a la selección de personal, al incumplir el régimen de acceso al empleo público, ya sea por la falta de aprobación de ofertas o por la aprobación de ofertas manifiestamente insuficientes, como resultado de lo cual en la función pública autonómica se vienen alcanzado tasas de interinidad absolutamente inaceptables en una Administración profesionalizada”.
Desde la Asociación inciden en que hay que aprovechar “la actual coyuntura favorable a la corrección de la discriminación laboral que supone el mantenimiento de situaciones de interinidad en numerosos ámbitos de la Administración, y contribuir a la corrección de dicha situación, no solo contraria al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, que año tras año se lesiona y cercena a los ciudadanos, sino contraria también al estatuto de inamovilidad que se predica de la función pública, como garantía de su imparcialidad”.
“Frente a la pasividad y tibieza general en esta materia, donde los mecanismos de control se han revelado insuficientes para corregir los reiterados incumplimientos por parte de los órganos de dirección política de las Administraciones, creemos que debe insistirse en la vía judicial, pues la inaplicación de las leyes –en particular, las ligadas a derechos fundamentales constitucionalmente proclamados- merece no solo un amplio reproche social y ciudadano, sino sobre todo una sanción judicial, a través de la cual poder restaurar el principio de legalidad y reafirmar el Estado de Derecho, con su conjunto de garantías y de exigencias”, concluyen.
diarioaragonés
¿Y los sindicatos dicen algo sobre este asunto?
Han protestado por el incumplimiento de lo acordado en mesa sectorial.
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