IMPUGNACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016 PARA PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

La Junta Directiva de la Asociación, reunida ayer, acordó la interposición de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, frente al Decreto 145/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el Boletín Oficial de Aragón núm. 194, de 6 de octubre de 2016, al considerarlo contrario al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Para ello, se ampliará el recurso ya promovido contra la oferta de empleo público aprobada el pasado mes de julio para el ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Ambas impugnaciones pretenden denunciar una vez más la irregular política de personal impulsada por parte del Gobierno de Aragón, tanto ahora como en ejercicios anteriores, en cuanto a la selección de personal, al incumplir el régimen de acceso al empleo público, ya sea por la falta de aprobación de ofertas o por la aprobación de ofertas manifiestamente insuficientes, como resultado de lo cual en la función pública autonómica se vienen alcanzado tasas de interinidad absolutamente inaceptables en una Administración profesionalizada.

Hemos de aprovechar la actual coyuntura favorable a la corrección de la discriminación laboral que supone el mantenimiento de situaciones de interinidad en numerosos ámbitos de la Administración, fruto de recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y contribuir a la corrección de dicha situación, no solo contraria al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, que año tras año se lesiona y cercena a los ciudadanos, sino contraria también al estatuto de inamovilidad que se predica de la función pública, como garantía de su imparcialidad.

Frente a la pasividad y tibieza general en esta materia, donde los mecanismos de control se han revelado insuficientes para corregir los reiterados incumplimientos por parte de los órganos de dirección política de las Administraciones, creemos que debe insistirse en la vía judicial, pues la inaplicación de las leyes –en particular, las ligadas a derechos fundamentales constitucionalmente proclamados- merece no solo un amplio reproche social y ciudadano, sino sobre todo una sanción judicial, a través de la cual poder restaurar el principio de legalidad y reafirmar el Estado de Derecho, con su conjunto de garantías y de exigencias.