Mediante diligencia de fecha 1 de septiembre
de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, requirió a la Administración la
remisión del expediente administrativo correspondiente al Decreto de oferta de
empleo público de 2016 en el ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón -a raíz del recurso promovido por esta Asociación-, remisión que debía realizarse en el plazo de cinco días.
Dicha remisión no se ha producido, y
por lo tanto el Tribunal se ha visto en la necesidad de dictar una nueva
diligencia de ordenación, de fecha 30 de septiembre de 2016, por la que vuelve
a reclamar de la
Administración el envío del expediente administrativo
correspondiente al Decreto de oferta recurrido por esta Asociación, apercibiendo
a la Administración
de que, en el caso de no llevar a cabo la citada remisión en plazo, incurrirá en multa de 300 a 1.202 euros la
autoridad o empleado responsable.
La vía especial de protección de los
derechos fundamentales es un procedimiento preferente y sumario, en el que se
reducen los plazos de tramitación previstos en el procedimiento ordinario, por la relevancia de los derechos afectados. Tal carácter
sumario quiebra, sin embargo, si la Administración demandada incurre en dilaciones
tan injustificadas como la tardanza en remitir el expediente administrativo
correspondiente a la disposición impugnada.
Esa falta de diligencia, plenamente
coherente con su actitud lesiva hacia el derecho de acceso a la función pública,
queda asimismo agravada por el hecho de que los proyectos normativos
correspondientes a la aprobación de las ofertas de empleo público siguen sin
publicarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, incumpliendo
con ello las obligaciones de publicidad activa que contempla la normativa de
transparencia.
Nuestra reiterada petición a la Consejera responsable de
la política de transparencia, María Victoria Broto, para que ponga remedio a
dicho incumplimiento y se incluyan en el Portal de Transparencia los documentos
que sirven de base a la aprobación de la Oferta de Empleo Público, lamentablemente, no han tenido respuesta,
añadiéndose a los anteriores incumplimientos la vulneración del derecho fundamental
de petición. Triste balance el que corresponde en este punto a la gestión del
Gobierno presidido por Javier Lambán.
1 comentario:
Un dato más que pone de manifiesto el estado de cosas de nuestra función pública.
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