UN NUEVO ESCENARIO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los que claramente se determina que las situaciones de prolongada y abusiva temporalidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas constituyen una práctica irregular y suponen una discriminación laboral que debe corregirse, ponen abiertamente en entredicho la política de recursos humanos que ha venido lastrando el funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas, al generarse bolsas injustificadas de interinidad, con tasas de temporalidad muy por encima de lo razonable, todo ello resultado del incumplimiento reiterado del deber legal de aprobar ofertas anuales de empleo público, o de la limitación de éstas por las arbitrarias tasas de reposición de efectivos que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado han venido recogiendo año tras año, con el falso pretexto de contener el gasto público.

La obligación de indemnizar al personal interino con motivo de su cese, como parece entenderse por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supone el lógico corolario de una política de personal que ha hecho de la precariedad y de la discriminación en las condiciones de trabajo del personal de las Administraciones una de sus más destacadas características. Sonroja pensar que esa política de personal arbitraria e inicua es la que el actual Gobierno de Aragón pretende defender y hacer valer con motivo de sus recursos de casación frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declararon nulas las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública.

Como Asociación comprometida, desde hace mucho tiempo, con la defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública, no podemos dejar de observar con satisfacción el panorama resultante de los diversos pronunciamientos de la justicia comunitaria contra el estado de cosas que ha provocado la ilegal e irracional política que se ha venido aplicando, obligando a convivir en el seno de las Administraciones Públicas a funcionarios de carrera y funcionarios interinos, en condiciones que han desfigurado el modelo de función pública previsto en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Pero no podemos dejar de lamentar el hecho de que ni las instituciones políticas de nuestro Estado –y nos referimos al Gobierno y a las Cortes Generales- ni nuestros más altos tribunales –ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional- ni nuestras instituciones de garantías de los derechos de los ciudadanos –fundamentalmente, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado- hayan sido capaces, en todos estos años, de poner freno al sinsentido de las tasas de reposición de efectivos, como límite irracional al ejercicio del derecho de acceso a la función pública, forzando a la precariedad a un elevado porcentaje del personal de las Administraciones Públicas, con su consiguiente deterioro y desprofesionalización.

Una vez más, como en tantas otras ocasiones, es la Unión Europea la que tiene que corregir nuestras inconsecuencias y nuestra falta de compromiso efectivo con la legalidad. Y, para nuestra vergüenza, demostrar que un Tribunal consecuente con el derecho europeo puede enmendar a todo un sistema institucional como el español incapaz de hacer valer y respetar los derechos fundamentales consagrados en su Constitución.

Penoso y esperanzador, al mismo tiempo. En cualquier caso, nos hallamos en un  momento de redefinición del panorama de nuestra función pública, y las consecuencias de ello pueden suponer la más absoluta descalificación de todo lo hecho hasta ahora en materia de selección de personal, de lo que lógicamente existen personas responsables que será oportuno identificar. Entre ellos, sin lugar a dudas, nuestro actual Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno.