Esta
Asociación se dirigió el pasado mes de julio a las Cortes de Aragón para
solicitar a dicha Cámara que, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Española
y el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y en ejercicio de la
función de control e impulso de la acción de gobierno que institucionalmente le
corresponde, se impulsasen iniciativas parlamentarias dirigidas a asegurar el
respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica, conforme a lo
previsto en las leyes, instando al Gobierno de Aragón a retirar los recursos de
casación promovidos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón que anulan las ofertas de empleo público de 2014 y 2015 y exigen que en
las mismas se incluyan la totalidad de las plazas cubiertas por interinos, ya
que dicha inclusión viene exigida por las leyes de función pública aplicables y
resulta necesaria para asegurar el respeto al derecho fundamental de acceso a
la función pública, así como la calidad
de los servicios públicos.
Dicha
petición ha sido objeto de tratamiento por la Comisión de
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, con el resultado de dar traslado de la
misma a los diferentes Grupos Parlamentarios, para que sean éstos los que
valoren la oportunidad de promover algún tipo de iniciativa parlamentaria sobre
la cuestión planteada.
Tal
forma de proceder deja reducida la intervención de la citada Comisión a una
mera oficina de reparto de iniciativas ciudadanas, limitando su función a una
intermediación totalmente superflua y prescindible, pues la remisión a los
Grupos Parlamentarios de la citada petición la puede realizar perfectamente el
propio peticionario. Aunque, como es práctica habitual del conjunto de los
Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, tal escrito no será objeto de
acuse de recibo ni de respuesta alguna.
Todo
ello ilustra perfectamente la baja calidad de la relación de representación
actualmente existente entre parlamentarios y ciudadanos. Estos últimos seguimos
siendo unos intrusos en la actividad parlamentaria, a los que corresponde
despachar a lo sumo con una fórmula cortés, rehuyendo el debate de las
cuestiones planteadas y evitando tomar postura, como institución, sobre temas
que, como el planteado por esta Asociación, afectan al núcleo esencial de la
convivencia, como son el amparo de los derechos de los ciudadanos.
La
aparición de nuevos grupos políticos en nada ha cambiado la situación. La Comisión de Peticiones mantiene
la misma práctica que en el pasado, consistente en remitir a los Grupos
Parlamentarios la petición realizada, labor que podría hacer el propio Registro
de la Cámara,
sin necesidad de que una Comisión Parlamentaria tenga que dar curso a la misma –sin
debatir ni conocer del fondo del asunto- y realizar trámite tan básico como el
acordado, vaciando con ello de todo significado y alcance el derecho de petición
a la Cámara,
al eludir el más mínimo pronunciamiento del órgano parlamentario sobre la
cuestión planteada.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro de la respuesta de la Presidenta de la Comisión de
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas:
“Con fecha 8 de julio de 2016 ha tenido entrada, en
el Registro de la Cámara,
su escrito, donde solicita que, por parte de los órganos de las Cortes de Aragón,
se impulsen iniciativas parlamentarias dirigidas a asegurar el respeto al
derecho de acceso a la función pública autonómica, conforme a lo previsto en
las leyes, instando al Gobierno de Aragón a retirar los recursos de casación
promovidos contra las sentencias del TSJA, de 9 de diciembre de 2015 y 23 de
marzo de 2016, por las que se declaran contrarias a derecho las ofertas de
empleo público del Gobierno de Aragón para 2015 y 2014, respectivamente.
La Mesa
de las Cortes, en sesión de fecha 13 de julio de 2016, acordó la remisión del
escrito a la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, en sesión celebrada el día 5 de
septiembre de 2016, ha
acordado, al amparo del artículo 62.1.d) del Reglamento de las Cortes de Aragón,
remitir su escrito a los distintos Grupos Parlamentarios para que, al ser los
principales sujetos parlamentarios legitimados (como tales o a través de los
diputados que los componen) para la presentación de las distintas iniciativas,
aquellos puedan valorar la conveniencia de hacerlo.
Zaragoza, a 5 de
septiembre de 2016.
La Presidenta
de la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, Itxaso Cabrera Gil”.
8 comentarios:
Sin comentarios.
El caso es que la presidenta de la Comisión es de Podemos. ¿Qué ha cambiado entonces?
Algo ha cambiado: Heraldo de Aragón del 21/09/2016:
"La Mesa de las Cortes de Aragón presentará a lo largo de este miércoles, 21 de septiembre, una queja forma al Gobierno autonómico por no haber incluido algunas de las enmiendas aprobadas por el Parlamento en el Presupuesto de la Comunidad de 2016.
...La presidente de las Cortes ha argumentado que el Parlamento "es la casa de la soberanía popular" y no haber incluido las enmiendas "supone la vulneración de la separación de poderes, una situación que no puede volverse a producir y a nivel institucional vamos a transmitir nuestra queja, sin entrar a valorar qué pudo producirla".
Si lo ha dicho, está muy mal dicho. Desconoce que las Comunidades Autónomas, y por lo tanto sus Parlamentos, carecen de soberanía.
Si eso es verdad, como ciudadan@ me parece muy grave que no se hayan incluido las enmiendas aprobadas en las Cortes.
También es preocupante que los diputados no sepan ni lo que aprueban ni las consecuencias de lo que aprueban. Es una total irresponsabilidad!
Una norma imposible es nula de pleno derecho.
los servicios jurídicos tendrán que opiniar sobre eso ¿no?
Publicar un comentario