MANDAN LOS CIUDADANOS.

Todo gasto presupuestario conlleva un coste de oportunidad. Destinar el dinero disponible –siempre limitado- a un fin obliga a descartar otras opciones de gasto, posponer otras necesidades. Presupuestar es elegir y priorizar. Esa regla básica de las cuentas públicas es también de aplicación a la previsión que contempla la disposición adicional trigésima de la Ley 1/2016, de 26 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, sobre recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Quienes introdujeron dicha disposición adicional –vía enmienda- en el proceso de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos no cuantificaron el importe y, sobre todo, olvidaron concretar las partidas presupuestarias que debían minorarse para atender dicho pago, cuya cuantía resultaba bastante significativa. Es decir, ni Gobierno ni Parlamento actuaron con el rigor que exigen las normas de tramitación del Presupuesto. No es posible contemplar compromisos de gasto sin la financiación oportuna, o fiando ésta a la futura baja de créditos expresamente autorizados, modificando la estructura de gastos refrendada por el Parlamento.

Desde esta Asociación hemos reclamado que la recuperación de la paga extraordinaria debía hacerse con criterios básicos, aplicables al conjunto de las Administraciones Públicas, y así lo reclamamos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a las Cortes Generales, cuando se incluyó tal previsión para el sector público estatal en los Presupuestos Generales del Estado, condicionando su recuperación por el personal de las Comunidades Autónomas al cumplimiento de los objetivos de contención del déficit público. Tal condición, sin embargo, no fue obstáculo para que el Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi reconociese el pago de la parte devengada en el segundo semestre de 2012, a pesar de no contar con autorización presupuestaria para tal pago ni cumplir el requisito marcado por la Ley de Presupuestos Generales.

Una vez excepcionada la legislación básica en cuanto al abono de las retribuciones básicas del personal de las Administraciones Públicas, que cabe reprochar a las instituciones estatales, debemos señalar el mal hacer de Gobierno y Cortes de Aragón en la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, al incluir un compromiso de gasto sin financiación y sin minorar otras partidas para permitir el nuevo gasto introducido.

Asimismo, hemos de reiterar que la negociación colectiva en la función pública se halla sometida al límite marcado por la legalidad, empezando por la presupuestaria, y por lo tanto hemos de celebrar que, por una vez, quede claro –aunque sea en nuestro perjuicio- que las decisiones del Parlamento, como institución que representa a todos los ciudadanos, están por encima de los acuerdos alcanzados por Gobierno y sindicatos en materia presupuestaria. El destino del gasto público lo deciden los ciudadanos, a través de sus representantes, en el Parlamento, sin que tal decisión pueda verse limitada o condicionada por acuerdos adoptados en el marco de la negociación colectiva, cuya ejecución conlleve la desatención de otras necesidades sociales, cuya defensa legítima corresponde a las fuerzas políticas y a las instituciones democráticas. Los ciudadanos son quienes deciden en última instancia, y esa es la conclusión positiva que cabe extraer de este asunto, al margen de la inconsistencia de lo actuado al aprobar la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos sin la financiación necesaria.