El
Gobierno de Aragón no ha sido capaz de ajustar el proceso de elaboración y
aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón y en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
En concreto, el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón señala: “El
Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último
trimestre del ejercicio en curso”. Igual plazo de remisión se establece en el
artículo 37 de la Ley
de Hacienda.
No
disculpa el incumplimiento en que incurre el actual Gobierno de Aragón el hecho
de que el anterior Gobierno de Luisa Fernanda Rudi incumpliera en todos los
ejercicios de la legislatura el plazo de presentación del Proyecto de ley, pues
los incumplimientos previos no pueden alegarse como justificación de nuevos
incumplimientos. Precisamente, lo que cabe esperar y demandar de un nuevo
Gobierno es que corrija y supere las insuficiencias de funcionamiento del
anterior y no que las reitere.
Resulta
muy revelador el hecho de que hoy se publique, manifiestamente fuera de plazo, la Orden departamental por la
que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para el ejercicio 2016, incluyendo en la misma un calendario de obligaciones
que, sin mención ni excusa alegada alguna, incumple la obligación principal a la que debe ajustarse el
Gobierno, como es la remisión del Proyecto de Ley a las Cortes antes del 1 de
octubre.
Esta
Asociación ha venido criticando a lo largo de los años el reiterado incumplimiento por parte
del Gobierno de Aragón de la obligación establecida en el Estatuto de Autonomía sobre aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto, tanto ante los Grupos
Parlamentarios de las Cortes de Aragón –cuya actividad de enmienda y debate se
ve indebidamente restringida- como ante el Justicia de Aragón, al que le
corresponde velar por la defensa del Estatuto de Autonomía, lo que requiere
asegurar que las diferentes instituciones autonómicas se ajustan a sus
previsiones.
Es
evidente que nos hallamos ante un constante y reiterado incumplimiento del
Estatuto en materia presupuestaria, y que ello exige una expresa reacción de
las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón, reclamando al Gobierno de Aragón
que ajuste su iniciativa legislativa a los plazos fijados estatutariamente. En
un Estado de Derecho no resulta admisible que el poder político desconozca una
y otra vez las obligaciones legales, sin que ello tenga la menor consecuencia
jurídica o política. El sometimiento de los poderes públicos al principio de
legalidad es una nota definitoria de nuestro modelo constitucional y eso se ha
de reflejar también en la gestión presupuestaria, empezando por el cumplimiento
de las normas legales que rigen su elaboración y aprobación.
Por
ello, un año más, nos dirigiremos a los Grupos Parlamentarios y al Justicia de
Aragón para poner de manifiesto el incumplimiento legal en que ha incurrido el
Gobierno de Aragón al no aprobar y remitir en plazo a las Cortes de Aragón el
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 2016. Dicho incumplimiento pone de manifiesto el escaso compromiso del
nuevo Ejecutivo con la superación de las malas prácticas del anterior Gobierno
de Luisa Fernanda Rudi y la escasa consistencia de la proclamada voluntad de
regeneración.
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