El
nuevo Gobierno de Aragón está adoptando algunas decisiones que modifican de
manera significativa la orientación de determinadas políticas impulsadas
durante la anterior legislatura –la paralización de la aplicación de la LOMCE en nuestra Comunidad
Autónoma es un ejemplo de ello-, lo que
pone de manifiesto las posibilidades con que cuenta la decisión política para modificar
situaciones o resolver conflictos y discrepancias de muy diversa naturaleza –política
o jurídica-, cuya solución o superación no debiera necesariamente confiarse a
procesos o resoluciones judiciales –el diálogo con la Universidad para una
adecuada financiación de la institución académica debiera primar sobre la vía
de los recursos judiciales- sino a la capacidad institucional de hallar
soluciones integradoras y convincentes, dentro del necesario respeto al
ordenamiento jurídico.
Como
Asociación que ha trabajado para buscar solución a diferentes problemas que
afectan a la función pública autonómica, creemos que el nuevo Gobierno de Aragón
tiene la posibilidad –y también la responsabilidad- de buscar fórmulas
adecuadas para asegurar el pleno respeto al derecho de acceso a la función
pública de los ciudadanos, revisando los Decretos que aprobaron la Oferta de Empleo Público
para 2015 –permitiendo con ello inaugurar una nueva etapa de transparencia,
diálogo y exigencia en la garantía del ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales de los ciudadanos-, y corregir las tasas de interinidad
existentes en el ámbito del personal docente no universitario, permitiendo
resolver la actual situación con una correcta ejecución de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público de
2011.
La
inadecuada aprobación de las Ofertas de Empleo Público, que ha motivado su
impugnación en vía judicial por no garantizar en la forma debida el ejercicio
del derecho de acceso a la función pública, o las abusivas condiciones de
integración del personal del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR)
en el Servicio Aragonés de Salud, sin respetar los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad necesarios para adquirir la condición de empleado público,
debieran ser objeto de una expresa rectificación por los nuevos responsables
del Gobierno de Aragón, permitiendo con ello poner fin a los actuales procesos
judiciales.
El
cumplimiento de la legalidad y la realización de los derechos fundamentales de
los ciudadanos son obligaciones expresas de los poderes públicos, y se
equivocan quienes creen que un Estado de Derecho se caracteriza por la
posibilidad de que los ciudadanos acudan al amparo de los Tribunales frente a
la arbitrariedad del poder político o de la Administración. El
Estado de Derecho, y así lo expresa nuestra Constitución, se caracteriza
precisamente por la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, lo
que exigiría al Gobierno de Aragón y a la Administración
autonómica el impulso de todas aquellas medidas necesarias para corregir las múltiples
carencias existentes en el ámbito de la función pública –empezando por asegurar
el respeto al régimen de acceso al empleo público-, y en particular para
reconducir a la plena legalidad todas aquellas disposiciones anuladas por los
Tribunales o pendientes de resolución judicial, pues los procesos judiciales
promovidos no debieran eximir al nuevo Gobierno de Aragón de la rectificación
de actuaciones arbitrarias que vendrían a consentir con su pasividad o inhibición.
Por
tal motivo, en fechas próximas desde esta Asociación nos dirigiremos a
diferentes responsables departamentales para solicitar la adopción de medidas
que optimicen los efectos de resoluciones judiciales en la corrección de la
interinidad en la
Administración educativa o reconduzcan los términos de
integración del personal del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, además de
revisar aquellas Ofertas de Empleo Público impugnadas ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y pendientes todavía de sentencia, con el fin de que
pueda alcanzarse una solución satisfactoria extrajudicial que garantice el
derecho de acceso a la función pública, en los términos establecidos en el
Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
1 comentario:
Buen planteamiento.
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