OPORTUNIDAD DE CAMBIO DEMOCRÁTICO.

Los resultados electorales de ayer no admiten interpretaciones simplistas ni sectarias, pues la democracia no es una mera vía para acceder al poder, sino un sistema de organización política diseñado para asegurar la libertad de los ciudadanos y marcar la orientación del gobierno, por un periodo de cuatro años. Los ganadores de hoy serán perdedores el día de mañana –es saludable que así sea, para que el poder no sea propiedad de ninguna fuerza política-, y la democracia habrá funcionado bien en un caso y en el otro, permitiendo que la voluntad de los ciudadanos sea la que decida la composición política de las instituciones.

Pero estas elecciones no eran ni han sido unas elecciones más. El sistema político se ha sometido a una especial prueba de renovación de su sistema de partidos, y es posible que estemos en el inicio de una larga y más profunda transformación del mismo. El escenario presenta indudables oportunidades y esperanzas, pero también riesgos e incertidumbres innegables. El balance de todo ello se juzgará por los ciudadanos en próximas citas electorales, y quienes hoy creen que inauguran una nueva etapa histórica en España deberían saber que simplemente cuentan con un mandato temporal para ocuparse de los asuntos públicos, y que se les va a exigir más que nunca responsabilidad, dedicación y honradez.

Pero, al margen de todo ello, es evidente que la democracia española ha demostrado capacidad para trasladar a las instituciones –a través del cauce electoral- la ambición de cambio de una gran parte de la sociedad española, como reacción a la crisis de credibilidad y de confianza provocada por la corrupción y las políticas aplicadas para hacer frente a la grave crisis económica. Es posible que las elecciones de ayer marquen un punto y aparte en la manera de hacer y entender la política que ha predominado en el pasado, y se imponga definitivamente una agenda de regeneración y revitalización de la vida política española.

Dentro de esa agenda de cambio y regeneración han de ocupar el lugar debido todos los problemas que aquejan a las administraciones públicas y a la función pública, cuya profesionalización y papel en la garantía de los derechos de los ciudadanos –mediante el aseguramiento de la legalidad y de la igual dignidad de todos los ciudadanos- deben ser reforzadas al máximo en la próxima legislatura.

A dicha tarea, desde su posición de independencia y pluralismo, esta Asociación tratará de aportar todo su esfuerzo y su compromiso, al margen de la acogida que puedan recibir sus propuestas por quienes, en última instancia, han de tomar las decisiones de orientación política. No por ello, sin embargo, cesaremos en nuestro control crítico respecto a todas aquellas decisiones que entendamos contrarias a una función pública profesionalizada y comprometida con los valores democráticos y las exigencias del Estado de Derecho.