LA NECESIDAD O URGENCIA DEL CAMBIO.

La legislatura agoniza, después de cuatro años en los que la inoperancia administrativa ha sido la nota dominante. Falta de liderazgo y de proyectos, falta de iniciativa y de compromiso han lastrado el funcionamiento de la Administración en esta legislatura que ahora concluye. La indisimulada desazón de muchos funcionarios públicos ante todo el tiempo perdido y los significativos retrocesos sufridos en materia de organización de los servicios públicos y clima laboral –degradado en muchos ámbitos por sectarismo, autoritarismo o dejación de responsabilidades- ofrece un balance inequívoco de lo que ha sido la gestión de este Gobierno autonómico, presidido por Luisa Fernanda Rudi.

Esta Asociación ha carecido de interlocución con este Gobierno, una vez producida la marcha de Mario Garcés, primer responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, y único Consejero que tuvo interés en convocarnos para conocer y compartir puntos de vista sobre el horizonte posible para la Administración autonómica. Nunca sabremos, sin embargo, lo que podría haber supuesto su continuidad al frente de dicho Departamento durante la totalidad de la legislatura.

El Gobierno de Aragón de Luisa Fernanda Rudi ha sido incapaz de gestionar los recursos públicos desde el respeto a la ley y apostando por la profesionalidad de los servidores públicos. El sectarismo político ha presidido numerosas decisiones en materia de provisión de puestos de trabajo, primando afinidades partidistas y personales sobre la profesionalidad de los candidatos para desempeñar puestos de responsabilidad administrativa. El ejemplo más claro está en los contratos de alta dirección suscritos para ciertos responsables de centros asistenciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Suficientes para desmentir cualquier discurso sobre la profesionalización de la función pública, con el que hace unos años se nos presentaba la entonces candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Popular.

El Gobierno de Aragón ha impulsado una Ley de Transparencia al tiempo que ha ocultado a los Tribunales los datos básicos sobre puestos ocupados por funcionarios interinos para asegurar la ejecución de sentencias llamadas a restablecer el derecho fundamental de acceso a la función pública, derecho reiteradamente conculcado durante estos cuatros años en los que no se ha aprobado oferta de empleo público de administración general hasta la víspera de las elecciones. La transparencia del discurso y la ocultación de la información relevante no es sino manipulación y desprecio de la legalidad, algo que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas.

La irresponsabilidad en el diseño de la Administración autonómica quedó claramente de manifiesto con el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, con un modelo que reunía lo peor de lo que cabía imaginar, como era la arbitrariedad de la dirección política –para un mayor control de la función pública- y la demagogia de los sindicatos, con un sistema de carrera económicamente insostenible e imposible de explicar a los ciudadanos, llamados a financiarlo con sus impuestos y su merma de servicios. Una financiación cuyos costes no se llegaron a evaluar, presentándose como memoria económica un documento que resultaba bochornoso consultar. La inviabilidad del Proyecto llevó a que se dejara decaer con la disolución de la Cámara.

Hoy, tras cuatro años de Gobierno, tenemos una Administración menos estructurada y mucho menos profesional y motivada, con una autoestima seriamente afectada. La exclusiva motivación de muchos empleados públicos es la esperanza de cambio en las próximas elecciones del 24 de mayo, para que se cierren unos años de inoperancia y de sectarismo, y las instituciones y la función pública puedan recuperar el sentido de su función, puedan recobrar la esperanza de destinarse al servicio del interés general y de los ciudadanos, de manera objetiva y con respeto a las leyes. La función pública precisa recobrar el espíritu de servicio público y el respeto a sí misma, la conciencia del valor de su aportación a la convivencia y al bienestar del conjunto de los ciudadanos.