HAY QUE REDUCIR EL DÉFICIT DE LEGALIDAD.

Con fecha 12 de junio de 2014, nos dirigimos a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para solicitarle que adoptase las medidas oportunas para asegurar la aprobación por parte del Gobierno de Aragón de la Oferta de Empleo Público para 2014, en los términos previstos por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública, conforme a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, es decir, incluyendo la totalidad de los puestos de trabajo vacantes ocupados por funcionarios interinos.

En dicho escrito se insistía en que el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la ejecución de las leyes constituye la primera obligación de todo órgano de gobierno en un Estado de Derecho como es el establecido por la Constitución Española, sin que los ajustes presupuestarios ni la grave crisis económica que padece nuestro país sean razón suficiente para suspender el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y en los términos previstos en la ley.

Señalábamos que la no aprobación de Oferta de Empleo Público y la consecuente precarización laboral del personal de la Administración Pública aragonesa –fenómeno que ha puesto de relieve el Justicia de Aragón en su informe sobre el empleo público en nuestra Comunidad Autónoma-  constituyen uno de los más graves menoscabos al Estado de Derecho, tanto en lo que se refiere a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos como al debilitamiento del principio de legalidad al que ha de someterse la actuación de las Administraciones y que ha de quedar garantizado, precisamente, por funcionarios públicos seleccionados conforme a los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Puntualizábamos, además, que las medidas adoptadas para proceder a la ejecución de las sentencias firmes que anularon las ofertas de empleo público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón no pueden eximir de la obligación legal de aprobar la oferta anual de empleo público de 2014, aunque sea en los estrictos términos establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que el cumplimiento de sentencias judiciales por haber vulnerado el régimen de oferta de empleo público no disculpa ni justifica nuevas vulneraciones como la que supondría la falta de aprobación de oferta de empleo público correspondiente a 2014.

A todo ello, tras derivarse desde la Presidencia la petición realizada al Departamento de Hacienda y Administración Pública, viene ahora a contestar el titular de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios con un paupérrimo escrito, en el que señala que dicha Dirección General está sometida al cumplimiento estricto del compromiso de reducción del déficit público, y que en tal sentido la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 señala que a lo largo de dicho ejercicio no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal.

Es manifiesta la orfandad creciente de argumentos que padece la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para justificar su gestión. Tras una hueca invocación al déficit público, que no guarda relación alguna con el sistema de selección de personal de las administraciones públicas, sino con su volumen y su coste, sobre el que apenas se está actuando, viene a citarse de manera parcial y sesgada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, pretendiendo justificar que la misma excluye cualquier incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas. Habría que preguntarse entonces por la legalidad de la Oferta de Empleo Público aprobada para la Administración General del Estado por Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, así como por la aprobada para este mismo ejercicio por otras Administraciones, amparándose precisamente en lo señalado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Podría sorprender que el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios olvide en su respuesta toda referencia al Estatuto Básico del Empleado Público y a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues es evidente que el acceso a la función pública no viene regulado en las leyes anuales de presupuestos, pero raya el despropósito el que en su escrito se invoque de manera falaz la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues en su artículo 21 se indica expresamente que, pese a la indicada exclusión de incorporación de nuevo personal, se exceptúa de tal limitación una serie de sectores y administraciones, respeto de los cuales se determina una tasa de reposición de hasta un máximo del 10 por ciento. Todo ello, sin citar el deber legal que afecta a los puestos vacantes cubiertos por funcionarios interinos.

Lo que evidencia la respuesta dada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y que debemos entender que se da por buena por parte de la Presidenta del Gobierno de Aragón, no es un compromiso con la reducción del déficit público, cuyos objetivos precisamente se están incumpliendo, como ha señalado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sino una total falta de compromiso con la reducción del déficit de legalidad que viene sufriendo, en materia de función pública, nuestra Comunidad Autónoma desde hace muchos años. Poco crédito merece quien no solo no cumple las leyes, sino que no duda en mutilar y alterar su contenido, para hacernos creer que lo ilegal es legal. El déficit de legalidad parece querer combatirse acomodando la cita de la ley al incumplimiento en que se incurre. No es posible imaginar una mayor degradación del Estado de Derecho que la burda respuesta que se nos ha dado por los responsables de función pública, quienes parecen haber perdido todo respeto por la ley cuando se atreven a citarla de una manera tan falaz.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la respuesta dada por el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios:

“En relación a su escrito de fecha 12 de junio de 2014 por el que se solicita la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2014, procede informar lo siguiente:

El Departamento de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, está sometido al cumplimiento estricto del compromiso de reducción del déficit público con el objeto de contribuir a la consecución de la estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional, de la Unión Europea, y de la legislación vigente en la materia, como son la Ley Orgánica 2/2002, de 17 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.

En este sentido, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 establece en su artículo 21 que “a lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público (…) a la incorporación de nuevo personal, (…) respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de gastos de personal”.

Zaragoza a 17 de julio de 2014

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Ignacio Murillo García-Atance”