Abundan durante estas fechas las
propuestas para la regeneración democrática de nuestras instituciones públicas,
con muy diferentes medidas, pero es conveniente pararse a separar con
nitidez las que tienen verdadera incidencia en el fenómeno de la corrupción pública
y aquellas que van orientadas, de manera exclusiva, a la mejora de la calidad
democrática. La celebración de elecciones primarias para determinadas
candidaturas o la modificación del carácter cerrado y bloqueado de las listas
electorales pueden dinamizar el actual sistema de partidos políticos, y dar una
mayor capacidad a los electores en la selección y renovación de la clase política.
Seguramente, también tendrán sus riesgos y contraindicaciones, pero se hace
necesario afrontar un debate público sobre todo ello.
Ese debate debe ir precedido de una
exposición clara sobre la estructura imprescindible de un Estado democrático de
Derecho. Ninguna modificación puede ser contraria a las notas esenciales de
nuestro modelo constitucional: las exigencias del Estado de Derecho, los
principios democráticos que han de inspirar la organización de todos los
poderes públicos y, finalmente, pero sin menor valor, el papel que corresponde
asumir a los poderes públicos en la atención de las necesidades sociales de los
ciudadanos, para asegurar la cohesión social imprescindible que garantice la
convivencia y la dignidad de todos.
Poco tienen que ver con dicha finalidad
de regeneración o calidad democrática algunas medidas de mero recorte, como
puede ser la reducción del número de parlamentarios autonómicos o estatales,
algo que vendría a sacrificar la pluralidad de las cámaras legislativas y
reducir el debate político institucionalizado. No es posible admitir como
calidad democrática una menor representatividad del pluralismo político.
Debemos, sin embargo, señalar que la
regeneración democrática o la lucha contra la corrupción pública no se acaba en
la ordenación de las instituciones o en la regulación de la financiación de los
partidos políticos o en la reforma del sistema electoral. La verdadera
regeneración que demanda nuestra sociedad reside en la recuperación de la
cultura de la legalidad, por parte del conjunto de la sociedad, pero muy en especial
por quienes ejercen responsabilidades públicas.
Los servidores públicos debemos
desempeñar un relevante papel en dicha labor regeneradora de las instituciones,
pues somos en gran medida su sistema inmunológico, como profesionales garantes
del respeto de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Hemos de aportar
nuestro compromiso con la legalidad y exigir que las normas den la máxima
garantía a dicha función, al objeto de prevenir la corrupción y la ilegalidad.
Pero ello hay que realizarlo desde el total compromiso con la eficacia y la
sostenibilidad de las Administraciones. Esta Asociación, por lo tanto, no dudará
en participar en el grado que le sea posible en ese debate sobre las medidas de
regeneración, a partir de las propuestas de buen gobierno y buena administración
elaboradas al comienzo de la legislatura.
La defensa de la democracia ha de
asumirse desde la defensa de las instituciones democráticas y de los principios
del Estado de Derecho, identificando las disfunciones que sufren e
introduciendo reformas y mejoras adecuadas para corregirlas. Hay que estar
particularmente alertas frente a quienes, bajo la bandera de la regeneración, pretenden desvirtuar los principios y garantías democráticas de nuestras
instituciones.
4 comentarios:
Ya hemos hablado antes en este blog de la importancia, en un ambiente de corrupción generalizada como el que vivimos, de proteger al funcionario o empleado público que denuncia la corrupción, la denominada figura del “whistleblower”. Pero conviene insistir en la urgencia de esta regulación a la vista de las últimas y alarmantes noticias que demuestran que en nuestro país se investiga, se sanciona y hasta se encarcela a los denunciantes de la corrupción antes que a los propios sospechosos de corrupción. Así lo pone de manifiesto este caso denunciado por la diputada Irene Lozano, del teniente del Ejercito de Tierra Luis Gonzalo Segura que tiene todas las papeletas para ingresar en un centro disciplinario y cumplir dos meses de privación de libertad por haber escrito una novela –Un paso al frente– sobre las malas prácticas habituales existentes en el Ejército.
Lamentablemente no es ni mucho menos el único caso, aunque sí sea especialmente grave por la posible pérdida de libertad que le puede suponer. Es también de destacar el calvario personal y profesional sufrido por Ana Garrido Ramos desde que denunció la trama Gurtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que ella misma cuenta en su blog bajo el expresivo título “la honestidad tiene un precio”.
El problema es que los que están detrás de estas actuaciones contra los “whistleblower” -con la complicidad por activa o por pasiva de los funcionarios o empleados que no quieren problemas- suelen ser los propios investigados o denunciados. Por eso en otros países democráticamente más avanzados y con menores índices de corrupción no solo existe una normativa para proteger a los denunciantes de la corrupción, sino que incluso hay sanciones para los que simplemente intentan averiguar quien ha filtrado o denunciado un caso de corrupción. En Suecia, por ejemplo, es delito tratar de averiguar la persona que ha filtrado una noticia. En España es exactamente al revés, los que sufren persecución y acoso –como demuestra la condena por “mobbing” laboral al Ayuntamiento de Boadilla en el caso concreto de Ana Garrido- son los denunciantes. En definitiva, cada vez que salta un nuevo escándalo de corrupción se busca al “topo” desesperadamente.
elisa de la nuez
La gravedad de esta situación es evidente. No solo están desactivadas en su mayor parte las alarmas internas del control sino que si algún funcionario o empleado público honesto se atreve a da la voz de alarma –ya sea utilizando los medios de comunicación o los recursos disponibles en el ordenamiento jurídico- sobre la existencia de una trama o de un caso de corrupción es perseguido con saña precisamente por aquellos que supuestamente deberían velar porque estos casos de corrupción no sucedan. Resulta bastante curioso que el alcalde, el consejero, o en general el alto cargo o gestor público de turno tenga mucho más interés en que no trasciendan los casos de corrupción que en investigarlos, denunciarlos a la Fiscalía o a los Tribunales y exigir las correspondientes responsabilidades.
Las causas de estas conductas resultan difíciles de comprender salvo que los “perseguidores” tengan algún tipo de responsabilidad política o jurídica directa por acción o por omisión en el caso denunciado o que, en el mejor de los casos, sean defensores de una supuesta “razón de Estado” que llevaría a evitar no ya que los trapos sucios se laven fuera de casa sino que se laven, a secas.
La excusa, como no, es el énfasis que se pone en España en la protección del honor y la privacidad (ahí tienen el caso de los famosos correos de Blesa) y por supuesto el uso –y el abuso- de la normativa de protección de datos, refugio ideal para todo el que prefiere no dar a conocer su nómina o donde viaja con el dinero de los contribuyentes, por ejemplo. Ya explicamos aquí que la normativa de protección de datos automatizados de carácter personal no está pensada para la protección de las cloacas.
elisa de la nuez
En todo caso sería muy de agradecer que un cargo público se comprometa con la transparencia nada más tomar posesión de su cargo, es decir, a facilitar toda la información que se le requiera en relación con su ejercicio y por supuesto con el dinero de los contribuyentes que gestiona o que le pagan la nómina, las dietas o los gastos de su tarjeta corporativa. Nadie obliga a una persona a aceptar un cargo de este tipo, pero si lo hace tiene que comprender que sus obligaciones con los ciudadanos pasa por darles cuenta de lo que hace con el dinero de sus impuestos.
Pues bien, lo que pasa es precisamente lo contrario. En esta noticia se nos cuenta, por ejemplo, la preocupación y la alarma generada en una Comunidad Autónoma que destaca por su corrupción por la existencia de un “topo” (hasta tiene nombre, el “topo del Palau”, y hasta perfil en twitter al parecer) que ha filtrado de forma reiterada información sobre contratos menores, copia de nóminas o servicios de restauración un tanto peculiares que no favorecen precisamente a la Comunidad en cuestión. Pero lo más preocupante es que la reacción haya sido abrir un expediente informativo para localizar al denunciante, con la colaboración (al parecer voluntaria) de los funcionarios del organismo en cuestión -suponemos que deseosos de evitar ser confundidos con el topo- e incluso la presentación de una denuncia en el Juzgado que ha sido admitida a trámite. El mundo al revés.
Porque no nos engañemos, mientras los funcionarios y empleados públicos honestos y neutrales no tengan libertad para decir la verdad, no avanzaremos mucho en la lucha contra la corrupción, dado que ellos saben mejor que nadie lo que ocurre en sus lugares de trabajo. Así lo entienden también los informes de la Unión Europea que han estudiado la corrupción en España y que insisten en introducir la protección del whistleblower.
En este sentido causa perplejidad que el Fiscal General del Estado, al contrario que cualquier observador imparcial e incluso que los miembros de la propia Fiscalía Anticorrupción, no vea el problema por ninguna parte y juzgue que nuestras leyes ya son suficientes para proteger a estas personas, cuando si algo demuestran los hechos es que no lo son. Quizá porque él conoce perfectamente el “riesgo” que una protección del denunciante supondría para el funcionamiento actual de nuestro sistema político. Mejor dejar las cosas como están, no muchos se arriesgarán a seguir los pasos de estos funcionarios heroicos.
Lo que ya no sorprende a estas alturas a nadie es que entre las mil y una medidas de regeneración democrática propuestas por el Gobierno (absolutamente compatibles, como ya hemos comentado, con apoyar al alcalde de Brunete, por ejemplo, por citar uno de los casos de corrupción política más recientes) no se encuentre por ninguna parte la medida de proteger al “whistleblower”. Pero claro, es con esto de las medidas de regeneración hay que andarse cuidado, no vaya a ser que si las se toma muy en serio un número importante de cargos públicos termine en la cárcel, pese a las “contramedidas” que se cuelan en las reformas de la LOPJ para intentan controlar al Poder Judicial de las que seguiremos hablando. Y a ver como se gestiona eso.
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