FALTA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN 2014: NECESIDAD DE CONTROL PARLAMENTARIO.

Es bueno recordar que la división de poderes tenía como finalidad fundamental la garantía de la libertad de las personas y la protección de sus derechos, y así lo sostuvo Montesquieu en su exposición, recogiéndose tal planteamiento en el movimiento constitucionalista desde el primer momento, tras las revoluciones americana y francesa de finales del siglo XVIII.

Dicho planteamiento, a pesar de los notables cambios experimentados en nuestros sistemas políticos, sigue siendo completamente válido, y por ello desde esta Asociación tenemos por norma dirigirnos al Parlamento autonómico para instarle con frecuencia la adopción de medidas de control de la acción del Gobierno de Aragón que, a nuestro juicio, contravienen la legalidad y vulneran los derechos  de los ciudadanos, como sucede con la falta de aprobación de la Oferta anual de Empleo Público, comunicada días atrás por una respuesta del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios a un escrito de petición que esta Asociación dirigió a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

Con independencia de los inaceptables términos de la respuesta, al manipularse en la misma de forma interesada los términos del artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado –para justificar una conclusión contraria a dicho precepto-, y frente a la cual dirigiremos una queja expresa al Justicia de Aragón, por lo que entendemos una clara quiebra del principio de veracidad al que se debe ajustar todo órgano administrativo, nos parece necesario que los Grupos Parlamentarios asuman la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del Gobierno de Aragón.

La degradación institucional de un sistema democrático se produce, en primer lugar, cuando un Gobierno obligado a cumplir las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos no respeta tal obligación, y suplanta la ley por la arbitrariedad de su voluntad, pero la situación se agrava cuando el Parlamentos, a través de los Grupos Parlamentarios constituidos en su seno, no es capaz de reaccionar, controlar, censurar y exigir las correspondientes responsabilidades políticas. Los ciudadanos, en una democracia, no pueden quedar huérfanos de defensa institucional por parte de quienes los representan y encarnan la voluntad general plasmada en la ley.

Confiamos por ello en que desde las Cortes de Aragón se exijan al Gobierno de Aragón y, en particular, al Consejero de Hacienda y Administración Públicas, Javier Campoy, las aclaraciones y la necesaria rectificación ante lo que supone una abierta vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos, conducta merecedora del necesario reproche político y legal.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular:

“Grupo Parlamentario Popular

Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 21 de agosto de 2014.

Estimados señores:

El pasado 12 de junio de 2014, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa nos dirigimos a la Presidenta del Gobierno de Aragón, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido por el artículo 29 de la Constitución Española, para solicitarle la adopción de las medidas oportunas para asegurar la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2014, en los términos previstos por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública, conforme a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, es decir, incluyendo la totalidad de los puestos de trabajo vacantes ocupados por funcionarios interinos.

Con idéntica fecha nos dirigimos a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, expresándoles nuestra preocupación por la grave crisis de legalidad que atraviesa el régimen de selección de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y planteábamos la posibilidad de que desde dichos Grupos se pudieran adoptar iniciativas de control e impulso de la acción de gobierno que contribuyesen a corregir la actual dinámica de incumplimiento en la materia, incumplimiento particularmente grave tras las sentencias judiciales que anularon las ofertas de 2007 y 2011, pues peor que aprobar ofertas insuficientes es no aprobar ningún tipo de oferta, vulnerando con ello de manera absoluta el derecho de acceso de los ciudadanos.

Vista la respuesta dada a nuestra petición, por parte del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la que viene a justificar la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público para 2014 en la necesidad de cumplir los objetivos de reducción del déficit público, obviando que el volumen y coste de la función pública es cosa bien distinta que la correcta selección del personal funcionario, conforme a los criterios constitucionalmente establecidos, y en el cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, consideramos oportuno dirigirnos nuevamente a ese Grupo Parlamentario.

Especialmente grave resulta el hecho de que en la citada respuesta se invoque, de forma parcial y tergiversada, el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues el mismo, tras señalar la indicada exclusión de incorporación de personal de nuevo ingreso durante el ejercicio de 2014, establece expresas excepciones a tal prohibición que afectan a sectores de la administración de especial relevancia en la Administración autonómica, como son educación y sanidad. De hecho la citada Ley no ha impedido la aprobación de la correspondiente Oferta de Empleo Público en la Administración General del Estado mediante el Real Decreto 228/2014, de 4 de abril,  así como en otras muchas Administraciones Públicas. Nada impedía, por lo tanto, que el Gobierno de Aragón aprobase la correspondiente a la Administración de la Comunidad Autónoma.

Nos parece que la respuesta dada por el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la que se manipula el contenido del artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, contraviene los principios más básicos que cabe exigir a cualquier responsable público, como son los de buena fe, veracidad, transparencia, respeto a la legalidad o garantía efectiva a los derechos de los ciudadanos reconocidos en el ordenamiento jurídicos, algo que a nuestro juicio resultaría merecedor de un expreso reproche por parte de los representantes de los ciudadanos que, de este modo, ven sus derechos desconocidos, invocándose para ello razonamientos impropios de cualquier Estado de Derecho.

Les remito con el presente escrito una copia de la respuesta dada a la petición de esta Asociación, agradeciéndoles la atención prestada al presente escrito y expresándoles una vez más nuestro máximo respeto.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”