El
Gobierno de Aragón nunca debió aprobar, y menos remitir a las Cortes de Aragón
para su tramitación parlamentaria, un Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón sin
memoria económica que determine el coste derivado de su aplicación y establezca
sus condiciones de financiación.
En
primer lugar, tal situación no debiera haberse producido porque lo impiden las
Leyes a las que ha de someter su actuación el Gobierno de Aragón. Esas Leyes
son la Ley del
Presidente y del Gobierno de Aragón de 2009, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio de 2014 y la
Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón de 2012. Todas
ellas exigen que cualquier proyecto normativo que elabore el Gobierno de Aragón
–sea norma legal o reglamentaria- vaya acompañado de un informe económico que
evalúe su coste y determine su financiación, contando con un informe preceptivo
del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Todos esos requisitos
legales se han obviado, por lo que podemos concluir que el Gobierno de Aragón
ha ejercicio su potestad para aprobar iniciativas legislativas de forma ilegal
e impropia de un Gobierno al que corresponde velar por el interés general y
ejercer sus competencias conforme a principios de suficiencia de recursos y
equilibrio financiero, según establece el artículo 103.1 del Estatuto de
Autonomía de Aragón.
Difícilmente
pueden las Cortes de Aragón aprobar un Proyecto de Ley desconociendo las
implicaciones presupuestarias que conlleva su ejecución, salvo que unos y otros
–Gobierno y Grupos Parlamentarios de la mayoría- estén dispuestos a olvidar la
más elemental responsabilidad en la toma de decisiones públicas.
En
segundo lugar, resulta evidente que la coyuntura actual debiera impedir, más
que nunca, la toma de decisiones sin valoración de sus efectos económicos. Un
mismo Departamento no puede pretender a un mismo tiempo sujetar a control la
autorización de gastos previstos en el Presupuesto aprobado para 2014, como
viene a hacer el Departamento de Hacienda y Administración Pública con la
creación de la Unidad
de Control de Gestión Pública, e impulsar normas legales cuyo presumible impacto
futuro sobre las cuentas de la
Comunidad, al agravar considerablemente los gastos de
personal de la Comunidad Autónoma,
ha de resultar totalmente inasumible.
Por
tal motivo, esta Asociación se ha dirigido hoy al Justicia de Aragón, al que
corresponde la tutela del ordenamiento jurídico aragonés frente a manifiestos
incumplimientos como el realizado por el Gobierno de Aragón, al aprobar un
proyecto de ley que determinará el gasto de personal de la Administración
autonómica y cuyo impacto y viabilidad no ha evaluado, como exigen las leyes
señaladas. Se solicita a dicha Institución que requiera del Gobierno de Aragón
la retirada del Proyecto de Ley aprobado, al incurrir su aprobación en una
radical vulneración de las normas que han de asegurar la suficiencia de
recursos y el equilibrio financiero, así como el cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria.
También
nos hemos dirigido al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de
Aragón para solicitarles que, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de
las Cortes de Aragón, procedan a la devolución al Gobierno –en el caso de que
este no lo retire por iniciativa propia, como se ha solicitado al titular del
Departamento de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy- del Proyecto
de Ley de la Función Pública
de Aragón, al carecerse de la indispensable información para apreciar los
efectos presupuestarios derivados de la aprobación de tal iniciativa legislativa.
El
Gobierno de Aragón ha dado en este episodio un incomprensible ejemplo de
irresponsabilidad política, pues ni los derechos profesionales de los empleados
públicos ni la atención presupuestaria a las necesidades de los ciudadanos hoy
atendidas con los escasos recursos disponibles, que podrían verse afectados por
la aprobación de la ley propuesta, merecen comportamientos de esta naturaleza. Una
vez más hay que lamentar que tales modos de actuar hayan recibido el respaldo
expreso de los sindicatos de la función pública aragonesa, para los que el
respeto a la legalidad nunca ha merecido la debida consideración.
5 comentarios:
No se atreverán a tanto.
Preferirán perseverar en el error.
Está visto que los sindicatos no cambian, no aprenden.
Siguen con su pobre visión de que nos quiten lo bailao.
Y algún día se lo quitarán.
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