A mediados de abril, desde esta
Asociación nos dirigimos a la
Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para
expresarle la necesidad de una investigación interna en la Administración
autonómica sobre lo sucedido en el proceso de ejecución de las sentencias judiciales
en materia de oferta de empleo público, y en particular sobre la alteración de
las plazas de personal docente, con el consiguiente falseamiento de los efectos
del fallo judicial, ya que tal actuación alcanzaba de lleno a la credibilidad
del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, al haberse aprobado un
Decreto-ley que hubo de ser convalidado por las Cortes de Aragón.
Le expresábamos nuestro estupor ante el
modo de ejectuar las sentencias judiciales por parte del Departamento de
Hacienda y Administración Pública y del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, al permitirse sus responsables modificar el sentido de un
fallo judicial, contenido en sentencia firme y en proceso de ejecución forzosa,
y alterar sin mayor problema la naturaleza de las plazas afectadas por el
mismo, aplicando el fallo no a las plazas vacantes del Cuerpo de Maestros
ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010, como requería el Tribunal,
sino a plazas de Cuerpos de Enseñanza Secundaria.
Al margen de las responsabilidades que
pueda establecer el Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia del incumplimiento
en que se ha incurrido, solicitábamos de la Presidenta del Gobierno
de Aragón una indagación sobre lo sucedido, para determinar las posibles
responsabilidades en dicha alteración de la ejecución del fallo, incurriendo
con ello en un grave incumplimiento, con clara vulneración de lo previsto en el
artículo 118 de la
Constitución Española: “Es obligado cumplir las sentencias y
demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de
lo resuelto”.
La respuesta dada desde la Presidencia del
Gobierno, al igual que en anteriores ocasiones, pone de manifiesto la resistencia
a dar respuesta a lo que realmente se pide, limitándose, una vez más, a dar
traslado del escrito al Departamento de la Administración autonómica
al que afecta la cuestión planteada, entendiendo en este caso que la cuestión concierne al
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, “por ser el
competente por razón de la materia”.
Olvida, en su respuesta, la Secretaria General
Técnica de la Presidencia
que el tema trasciende, con mucho, al Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, pues la decisión del cambio de naturaleza de las plazas de
personal docente, al margen de la iniciativa del Departamento de Educación, ha
sido objeto de tramitación por el Departamento de Hacienda y administración Pública,
que lo ha elevado al Gobierno de Aragón, que, a su vez, lo ha aprobado de
manera colegiada, y al tratarse de un Decreto-ley, se ha remitido luego a las
Cortes de Aragón para su necesaria convalidación, llevada a cabo con los votos
del PP y del PAR. No pide información a los Departamentos implicados, sino que
lo traslada al Departamento de Educación, lo que implícitamente supone rechazar
la petición de investigación o averiguación planteada.
En todo caso, la gravedad de los hechos
señalados, y su posible relevancia penal, no hace sino resaltar todavía más la
falta de iniciativa de la
Presidencia para esclarecer irregularidades en el proceso de
ejecución judicial por parte de los órganos administrativos de la Administración
autonómica, reduciendo la cuestión a la mera explicación que pueda darse desde
el Departamento de Educación, cuya titular hasta el momento ha venido
desatendiendo el deber de respuesta a las peticiones formuladas por esta
Asociación, al amparo del artículo 29 de la Constitución
Española. Nadie podrá luego sorprenderse de que la vulneración
de derechos fundamentales de los ciudadanos y el incumplimiento de los fallos
de los Tribunales traiga consecuencias indeseadas para quienes actúan con tal
negligencia e irresponsabilidad.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro de la respuesta dada por la Secretaria General
Técnica de la Presidencia:
“Zaragoza, a 29 de abril de 2014.
Estimado Sr. Guiral:
Recibida en la Presidencia del
Gobierno de Aragón su carta relativa a la oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público
del 2011, correspondiente al personal docente no universitario, aprobada
mediante Decreto 24/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, en ejecución
de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de
2007 y 2011, por la presente le indico que, con esta misma fecha, ha sido
remitida al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por ser
el competente por razón de la materia.
Sin otro particular, reciba un cordial
saludo.
Cristina Moreno Casado, Secretaria
General Técnica de la
Presidencia”.
5 comentarios:
¿Qué otra cosa se podía esperar?
No van a reconocer un incumplimiento todavía no declarado por el TSJA aunque resulte evidente.
La realidad ya no existe, salvo que la declare una sentencia.
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Javier Campoy, ha cesado a dos responsables de su departamento y que habían formado parte del equipo de su predecesor, José Luis Saz, quien dimitió hace un mes tras conocerse la desviación de la comunidad autónoma en su objetivo de déficit. Se trata de la jefa de servicio de Presupuestos, María Isabel Egea García, funcionaria de la escala superior de la Adminsitración, y de la jefa de servicio de Fondos Europeos, Begoña Ferrández Ortiz de Artiñano, funcionaria del cuerpo de Estadísticos Facultativos.
Con estos dos ceses se culmina así la reestructuración de un departamento en el que se han producido cuatro salidas del equipo anterior, víctimas del incumplimiento del objetivo de déficit. Además de Saz, dimitió la directora general de Presupuestos, María Rosario Carnicer (sustituida por Blanca Solans.
El nuevo consejero, Javier Campoy, explicará mañana en las Cortes las líneas de su gestión en este último año de legislatura, condicionado por la necesidad de hacer más recortes (en torno a cien millones) para cumplir con el objetivo de déficit.
EPA.
Se trata de una nota de prensa del Gobierno o de una interpretación libre del periodista?
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