Desde la Asociación nos hemos
dirigido a la Presidenta
del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para expresarle la necesidad de
una investigación interna en la Administración autonómica sobre lo sucedido en el
proceso de ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo
público, y en particular sobre la alteración de las plazas de personal docente, con
el consiguiente falseamiento de los efectos del fallo judicial, ya que tal
actuación alcanza de lleno a la credibilidad del Gobierno de Aragón y de las
Cortes de Aragón, al haberse aprobado un Decreto-ley que hubo de ser
convalidado por las Cortes de Aragón.
Ningún responsable político que tenga
un mínimo sentido de la responsabilidad y del deber que le incumbe en la
correcta aplicación de las sentencias judiciales podrá admitir lo sucedido en
el proceso de ejecución llevado a cabo desde el Departamento de Hacienda y
Administración Pública y el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, al permitirse sus responsables modificar el sentido de un fallo
judicial, contenido en sentencia firme y en proceso de ejecución forzosa, y
alterar sin mayor problema la naturaleza de las plazas afectadas por el mismo, aplicando el fallo
no a las plazas vacantes del Cuerpo de Maestros ocupadas por interinos a 31 de
diciembre de 2010, como requería el Tribunal, sino a plazas de Cuerpos de
Enseñanza Secundaria.
Al margen de las responsabilidades que
pueda establecer el Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia del
incumplimiento en que se ha incurrido, es evidente que la Presidenta del Gobierno
de Aragón no puede quedarse indiferente ante el grave incumplimiento en que dos
Departamentos han hecho incurrir tanto al Gobierno de Aragón como a las Cortes
de Aragón. Debemos recordar lo que señala el artículo 118 de la Constitución Española:
“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso
del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. La gravedad de los hechos no
cabe minimizarla, hasta el punto de que el Tribunal puede, en su caso, apreciar
que se ha incurrido en el delito de desobediencia.
No puede resultar gratuito lo sucedido
para quienes han colocado al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón en la
tesitura de incurrir en un supuesto de desobediencia o resistencia a los Tribunales, ya que no
cabe el ejercicio de ninguna potestad pública –ejecutiva o legislativa- para
dejar sin valor un precepto constitucional, como es el señalado artículo 118.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro
del escrito dirigido a la
Presidenta del Gobierno de Aragón:
“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de
Aragón
Gobierno
de Aragón
Edificio
Pignatelli
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 15 de abril de 2014.
Estimada
señora:
La
Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, a la que represento, viene desarrollando desde el mismo momento de
su constitución, en febrero de 2007, un especial esfuerzo por asegurar el
respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a
los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución
Española.
La
constante vulneración de dicho derecho en la Comunidad Autónoma
de Aragón ha motivado el ejercicio de diferentes acciones judiciales por parte
de esta Asociación, dando lugar, entre otras, a las sentencias del Tribunal
Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
de 10 de febrero de 2012, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público
de 2007 y 2011, aprobadas por el Gobierno de Aragón, al considerar que las
mismas vulneraban el derecho fundamental por no incluir la totalidad de las
plazas vacantes ocupadas por personal interino, según viene exigido tanto en el
Estatuto Básico del Empleado Público como en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Ante
la falta de ejecución por parte del Gobierno de Aragón de las citadas
sentencias, pese a la petición formulada en su momento por esta Asociación al
entonces responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
José Luis Saz, nos vimos obligados a instar del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón la ejecución forzosa de ambos fallos. Así, el citado Tribunal,
mediante sendos autos de ejecución de julio de 2013, requirió al Gobierno de
Aragón para que, en el plazo de seis meses, aprobase los Decretos de oferta de
empleo público complementaria a las dos anuladas, incluyendo en las mismas la
totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos que existiesen a 31 de
diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.
Dicha
ejecución, como usted bien conocerá, se ha llevado a cabo a través de la
aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, y de los posteriores Decretos
de fecha 18 de enero por los que se aprobaron los respectivos Decretos de
oferta de empleo complementaria.
Como
señalamos en su momento, y así lo hemos manifestado al Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, creemos que la utilización de la figura del Decreto-ley en
este proceso es claramente improcedente y se aparta de lo indicado en los autos
de ejecución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ni existen razones de
extraordinaria y urgente necesidad ni resulta necesaria una norma de rango de
ley para la aprobación de una oferta de empleo público. La razón de ser del
citado Decreto-ley, como parece haberse revelado a posteriori, no era aportar
seguridad jurídica al proceso de ejecución, sino modificar la Ley de Ordenación de Función Pública
en cuanto a los plazos para el desarrollo de los procesos selectivos y fijar el
número de plazas a incluir en las ofertas complementarias en norma de rango
legal, y por ello inatacable para los afectados y vinculante para el propio
Tribunal. Tal utilización del Decreto-ley nos pareció totalmente irregular y
así lo expresamos no solo al Tribunal Superior de Justicia sino también a los
Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, de cara al necesario trámite de
convalidación parlamentaria.
No
queremos dejar de expresarle nuestro estupor ante el hecho de que su Gobierno
haya aprobado un Decreto-ley y unos Decretos de oferta de empleo
complementarias en los que, al margen de la duda razonable sobre la adecuación
del número de plazas incluidas a lo indicado en las sentencias –duda que ha de
ser despejada por el propio Tribunal tras la práctica de la prueba acordada-, se
ha alterado de modo manifiesto la naturaleza de las plazas de personal docente
no universitario.
La
Oferta
de Empleo Público de 2011 contenía plazas del Cuerpo de Maestros, de manera que
la Oferta de
Empleo Público complementaria a aprobar, en cumplimiento de la sentencia
judicial que la anuló, debía referirse necesariamente a plazas de dicho Cuerpo.
Su Gobierno, sin embargo, ha modificado irregularmente tal exigencia, al hacer
figurar, tanto en el Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, como en el Decreto
24/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba la oferta complementaria de la
oferta de empleo público del 2011 correspondiente al personal docente no
universitario, plazas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria en lugar de las
plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros que se hallasen ocupadas por
funcionarios interinos a 31 de diciembre de 2010, como exigía el cumplimiento
del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia.
Dicha
alteración del sentido del fallo constituye un incumplimiento cualificado de
una sentencia judicial, agravado en nuestra opinión por el hecho de haber
utilizado la figura del Decreto-ley y haber forzado el correspondiente aval o
convalidación de las Cortes de Aragón, convirtiendo a esta institución en corresponsable
de la irregular ejecución judicial.
Con
independencia de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en
su momento, tras la práctica de la prueba acordada, dado que corresponde a los
Tribunales no solo juzgar sino también ejecutar lo juzgado, asegurando que las
sentencias se cumplan en sus estrictos términos, creemos que en el seno del
Gobierno de Aragón debieran realizarse las averiguaciones oportunas para
constatar las posibles responsabilidades administrativas y políticas en cuanto
a la desvirtuación del fallo judicial al que correspondía dar cumplimiento, pues
al transformar indebidamente las plazas del Cuerpo de Maestros que debiera
contener la oferta complementaria de 2011 en plazas de Cuerpos de Enseñanza
Secundaria dicho fallo debe considerarse alterado e incumplido.
Por
todo ello, al amparo del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, le solicitamos que adopte las medidas oportunas para
determinar, dentro de la
Administración de la Comunidad Autónoma,
las posibles responsabilidades administrativas o políticas que concurran en
cuanto al incumplimiento del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón que anuló la Oferta
de Empleo Público de 2011, al sustituirse en la oferta complementaria aprobada
las plazas debidas del Cuerpo de Maestros por plazas de los Cuerpos de
Enseñanza Secundaria, agravando con ello la lesión al derecho de acceso a la
función público de los candidatos al Cuerpo de Maestros.
Agradeciendo
de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
33 comentarios:
Menuda papeleta tienen. Junto al deficit, este es el otro gran incumplimiento.
Esto va a escocer, y mucho.
Esto va a acarrear más de un cese.
!Menos mal que hay alguien que defiende y lucha por la legalidad!
¿Qué hacen los partidos políticos en las Cortes? ¿No preguntan o piden investigar sobre este tema? ¿Son cómplices? ¿Cómo se puede estar tramitando a la vez una ley de transparencia? ¿Cómo es que han aprobado recientemente una Ley de Calidad de los Servicios Públicos en Aragón?. Para vuestra información, la primera reacción del Departamento de Educación ha sido suprimir el foro de su página web a través del cual todos los interinos o profesores compartían informaciones, dudas y sugerencias... ésa es la transparencia y la calidad...
Mucho ánimo y gracias por el trabajo realizado
Un interino
Ya se suprimió hace tiempo el que había en el portal del empleado. La historia se repite.
Creo que durante mucho tiempo hemos subestimado el valor de la legalidad y así nos ha ido. Estamos a tiempo de rectificar todavía y apoyar iniciativas como las de esta asociación.
Este escrito es potentísimo.
No puede dejar indiferente a la presidenta.
¿Se ha envíado a la prensa? ¿El Tribunal lo conoce?
También debe conocerlo los diferentes grupos parlamentarios.
Los vaticinios de Soro se han hecho realidad.
Ahora sí que le pueden temblar las piernas con razón al señor Ruspira.
Que cada uno asuma su responsabilidad, como debe ser.
Se trata de una herencia envenenada del consejero Saz?
Otra razón de peso a añadir a su cese?
Habrá informes que den por buenos los cambios realizados en las plazas?
Todo a su debido tiempo, sin anticiparse a los acontecimientos.
Esto no es propio de una sociedad decente.
Esto también es corrupción.
Qué suerte que existan personas como Guiral, que no rehuyen los temas en los que nos jugamos el ser o no ser de la función pública, sin pensar en costes personales. Un ejemplo a imitar.
Es un acierto dirigirse a la máxima responsable del Gobierno, a la que incumbe resolver esta situación, si es que tiene solución posible.
No sé qué respuesta es posible dar a una petición de ese calibre.
Este es un asunto peliagudo para todos, Gobierno, Cortes y TSJA. Veremos cómo se resuelve.
Que tome cartas en el asunto el nuevo Consejero del ramo.
Es el que debe indagar lo sucedido.
Este asunto es un descrédito para todo el Gobierno, incluida la Presidenta.
Es la hora de la JUSTICIA con mayúsculas. Confiemos en ella y en que sea realmente independiente. Ya que el ejecutivo y el legislativo no están a la altura, es el momento de que el judicial haga su papel. Y la ciudadanía el suyo. Gracias a la Asociación y a las personas que están detrás de ella.Ánimo
No hay que reblar.
Mejor así. No hay que perder el tiempo escribiéndole a la consejera Serrat, incapaz de gestionar este proceso.
No puedo resignarme a que las cosas sigan igual, sin que las normas se respeten por quienes deben aplicarlas. Esto ha de cambiar y todos hemos de hacer algo para conseguirlo.
Gracias en principio por la nota y la petición de responsabilidades. No obstante, como interino de secundaria me parece una aberración no haber impugnado ( creo al menos) las oposiciones de este año pues, al margen de que sea una oferta de empleo público deja en una total indefensión a los interinos aragoneses a los cuales se convoca este año ( frente a otros que lo harán en siguientes convocatorias lo que es un claro agravio comparativo, más aún cuando desde el propio Departamento de Educación Aragonés se insistió en que no iban a convocarlas)e incumple una sentencia judicial. Y yo me pregunto, además de la incompetencia de nuestros políticos, ¿dónde estaban/ están los sindicatos?, ¿hay alguien ahí?.
A ver si la respuesta de la Presidenta tiene sustancia.
Solo escriben interinos en este blog?
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