PETICIÓN A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO COMPLEMENTARIA DE PERSONAL DOCENTE.

Desde la Asociación nos hemos dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para expresarle la necesidad de una investigación interna en la Administración autonómica sobre lo sucedido en el proceso de ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo público, y en particular sobre la alteración de las plazas de personal docente, con el consiguiente falseamiento de los efectos del fallo judicial, ya que tal actuación alcanza de lleno a la credibilidad del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, al haberse aprobado un Decreto-ley que hubo de ser convalidado por las Cortes de Aragón.

Ningún responsable político que tenga un mínimo sentido de la responsabilidad y del deber que le incumbe en la correcta aplicación de las sentencias judiciales podrá admitir lo sucedido en el proceso de ejecución llevado a cabo desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública y el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, al permitirse sus responsables modificar el sentido de un fallo judicial, contenido en sentencia firme y en proceso de ejecución forzosa, y alterar sin mayor problema la naturaleza de las plazas afectadas por el mismo, aplicando el fallo no a las plazas vacantes del Cuerpo de Maestros ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010, como requería el Tribunal, sino a plazas de Cuerpos de Enseñanza Secundaria.

Al margen de las responsabilidades que pueda establecer el Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia del incumplimiento en que se ha incurrido, es evidente que la Presidenta del Gobierno de Aragón no puede quedarse indiferente ante el grave incumplimiento en que dos Departamentos han hecho incurrir tanto al Gobierno de Aragón como a las Cortes de Aragón. Debemos recordar lo que señala el artículo 118 de la Constitución Española: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. La gravedad de los hechos no cabe minimizarla, hasta el punto de que el Tribunal puede, en su caso, apreciar que se ha incurrido en el delito de desobediencia.

No puede resultar gratuito lo sucedido para quienes han colocado al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón en la tesitura de incurrir en un supuesto de desobediencia o resistencia a los Tribunales, ya que no cabe el ejercicio de ninguna potestad pública –ejecutiva o legislativa- para dejar sin valor un precepto constitucional, como es el señalado artículo 118.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 15 de abril de 2014.

Estimada señora:

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, a la que represento, viene desarrollando desde el mismo momento de su constitución, en febrero de 2007, un especial esfuerzo por asegurar el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española.

La constante vulneración de dicho derecho en la Comunidad Autónoma de Aragón ha motivado el ejercicio de diferentes acciones judiciales por parte de esta Asociación, dando lugar, entre otras, a las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, aprobadas por el Gobierno de Aragón, al considerar que las mismas vulneraban el derecho fundamental por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por personal interino, según viene exigido tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ante la falta de ejecución por parte del Gobierno de Aragón de las citadas sentencias, pese a la petición formulada en su momento por esta Asociación al entonces responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, nos vimos obligados a instar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución forzosa de ambos fallos. Así, el citado Tribunal, mediante sendos autos de ejecución de julio de 2013, requirió al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de seis meses, aprobase los Decretos de oferta de empleo público complementaria a las dos anuladas, incluyendo en las mismas la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos que existiesen a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

Dicha ejecución, como usted bien conocerá, se ha llevado a cabo a través de la aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, y de los posteriores Decretos de fecha 18 de enero por los que se aprobaron los respectivos Decretos de oferta de empleo complementaria.

Como señalamos en su momento, y así lo hemos manifestado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, creemos que la utilización de la figura del Decreto-ley en este proceso es claramente improcedente y se aparta de lo indicado en los autos de ejecución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ni existen razones de extraordinaria y urgente necesidad ni resulta necesaria una norma de rango de ley para la aprobación de una oferta de empleo público. La razón de ser del citado Decreto-ley, como parece haberse revelado a posteriori, no era aportar seguridad jurídica al proceso de ejecución, sino modificar la Ley de Ordenación de Función Pública en cuanto a los plazos para el desarrollo de los procesos selectivos y fijar el número de plazas a incluir en las ofertas complementarias en norma de rango legal, y por ello inatacable para los afectados y vinculante para el propio Tribunal. Tal utilización del Decreto-ley nos pareció totalmente irregular y así lo expresamos no solo al Tribunal Superior de Justicia sino también a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, de cara al necesario trámite de convalidación parlamentaria.

No queremos dejar de expresarle nuestro estupor ante el hecho de que su Gobierno haya aprobado un Decreto-ley y unos Decretos de oferta de empleo complementarias en los que, al margen de la duda razonable sobre la adecuación del número de plazas incluidas a lo indicado en las sentencias –duda que ha de ser despejada por el propio Tribunal tras la práctica de la prueba acordada-, se ha alterado de modo manifiesto la naturaleza de las plazas de personal docente no universitario.

La Oferta de Empleo Público de 2011 contenía plazas del Cuerpo de Maestros, de manera que la Oferta de Empleo Público complementaria a aprobar, en cumplimiento de la sentencia judicial que la anuló, debía referirse necesariamente a plazas de dicho Cuerpo. Su Gobierno, sin embargo, ha modificado irregularmente tal exigencia, al hacer figurar, tanto en el Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, como en el Decreto 24/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba la oferta complementaria de la oferta de empleo público del 2011 correspondiente al personal docente no universitario, plazas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria en lugar de las plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros que se hallasen ocupadas por funcionarios interinos a 31 de diciembre de 2010, como exigía el cumplimiento del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia.

Dicha alteración del sentido del fallo constituye un incumplimiento cualificado de una sentencia judicial, agravado en nuestra opinión por el hecho de haber utilizado la figura del Decreto-ley y haber forzado el correspondiente aval o convalidación de las Cortes de Aragón, convirtiendo a esta institución en corresponsable de la irregular ejecución judicial.

Con independencia de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su momento, tras la práctica de la prueba acordada, dado que corresponde a los Tribunales no solo juzgar sino también ejecutar lo juzgado, asegurando que las sentencias se cumplan en sus estrictos términos, creemos que en el seno del Gobierno de Aragón debieran realizarse las averiguaciones oportunas para constatar las posibles responsabilidades administrativas y políticas en cuanto a la desvirtuación del fallo judicial al que correspondía dar cumplimiento, pues al transformar indebidamente las plazas del Cuerpo de Maestros que debiera contener la oferta complementaria de 2011 en plazas de Cuerpos de Enseñanza Secundaria dicho fallo debe considerarse alterado e incumplido.

Por todo ello, al amparo del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que adopte las medidas oportunas para determinar, dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma, las posibles responsabilidades administrativas o políticas que concurran en cuanto al incumplimiento del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, al sustituirse en la oferta complementaria aprobada las plazas debidas del Cuerpo de Maestros por plazas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, agravando con ello la lesión al derecho de acceso a la función público de los candidatos al Cuerpo de Maestros.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”