El
Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la posibilidad de convocatoria
de un referéndum en Cataluña que permitiera a ésta plantear su separación de
España, petición promovida desde el Parlamento catalán, como si la unidad de la
nación española estuviera a merced de lo que decidan, unilateralmente, cada una
de sus partes, desconociendo lo que señala la Constitución
Española. El Congreso de los Diputados no ha hecho más que
recordar que cualquier objetivo político, siempre legítimo, ha de perseguirse
por procedimientos legítimos, y en el presente caso nadie puede pretender
quebrar o alterar las reglas constitucionales al margen del procedimiento de
reforma constitucional previsto. Habrán de ser todos los españoles, y no solo
una parte de ellos, los que decidan el posible cambio de las reglas de
convivencia política y, en su caso, la posibilidad de consultas como la
pretendida.
Al
margen del hipotético establecimiento de cauces para dicho tipo de consultas,
debemos cuestionar la oportunidad de introducir en la convivencia civil
estrategias de confrontación como las que viene alimentando desde hace tiempo
el soberanismo catalán, cuyo único resultado puede ser el envenenamiento de la
convivencia interna en Cataluña y el daño a la convivencia ente catalanes y el
resto de españoles. En tiempos de crisis como los que atravesamos, la
solidaridad no puede desconocer su dimensión territorial, y algunas
afirmaciones hechas desde el ámbito soberanista y las autoridades de Cataluña
han menospreciado gravemente dicho principio, desconocedores acaso de que la
solidaridad de España hacia Cataluña puede ser para dicha Comunidad Autónoma
uno de los intereses más poderosos que muchos, sin embargo, no son capaces de
valorar.
Alguien
podrá pensar que esta Asociación, dedicada a la promoción y defensa de los
valores constitucionales de la función pública, debiera evitar la mención a
cuestiones que exceden el ámbito de su objeto estatutario, pero resultaría
absurdo ejercer la defensa del respeto a ciertos preceptos constitucionales,
como el derecho de acceso a la función pública o los principios de mérito y
capacidad en la función pública, y permanecer indiferentes ante los desafíos a
la integridad constitucional de nuestro Estado lanzados desde el soberanismo catalán.
Para defender y reivindicar el respeto de una parte de la Constitución, sin
caer en mero oportunismo o ventajismo, hay que estar dispuestos a defender el
respeto a la integridad de la misma, y eso es lo que hace esta Asociación,
aunque sea a través de unas simples notas de blog, sin ocultar ni callar su
total respaldo a nuestra norma constitucional, lo cual no obsta para admitir
las reformas que puedan contribuir a mejorarla, no a desfigurarla.
Y
al igual que debemos respaldar el respeto a nuestro marco constitucional de
convivencia, debemos apoyar el respeto al cumplimiento de la legalidad,
propugnando así que los cargos electos que hayan sido condenados por delitos
contra la Administración Pública
que conlleven la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas deban
cesar en el desempeño de sus funciones. Si alguien considera que ello vulnera
algún derecho fundamental, tiene los cauces procesales para defender sus tesis,
pero aciertan quienes, como la
Delegación del Gobierno de Aragón o el Pleno de la Diputación Provincial
de Zaragoza, consideran que la Ley
no permite que el voto o la mera discrepancia jurídica puedan ser razones
suficientes para inaplicar las leyes y permitir que alguien pueda ejercer el
cargo de diputado provincial, alcalde o concejal en contra de lo previsto en la Ley electoral, con la
insostenible pretensión de que las leyes no se apliquen y que el Estado de
Derecho ceda ante la insumisión frente a reglas del más elemental buen gobierno
institucional.
10 comentarios:
La Constitución, invocada como una realidad política infranqueable por el 86% del Congreso de los Diputados, ha frenado este martes la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para promover una consulta independentista en esa comunidad. El Congreso ha rechazado el plan catalán por 299 votos frente a 47 síes y una abstención.
Siete horas de debate para poner de manifiesto la ausencia de cualquier punto de coincidencia para buscar una salida al conflicto territorial. Las posiciones básicas discurren como líneas paralelas: entre la voluntad de los partidos nacionalistas e independentistas de seguir adelante por otras vías; la inconcreción de la oferta de diálogo de Mariano Rajoy y su negativa a abordar una reforma de la Constitución; y la propuesta federal de Alfredo Pérez Rubalcaba que no tiene el apoyo de los demás y niega la consulta. No hay sorpresa ni asomo de cambio en favor del consenso, aunque ha sido un debate correcto, sin descalificaciones y cargado de argumentos.
EL PAIS.
¿Por qué la mayoría nacionalista del Parlamento catalán se empeñó en llevar al Congreso de los Diputados una petición, abiertamente inconstitucional y políticamente disparatada, que, por una y otra razón, resultaba evidente que iba a ser rechazada de un modo abrumador, tal y como ayer aconteció?
La respuesta a esa pregunta es esencial para desvelar la verdaderas intenciones de Mas y sus apoyos. Y ello porque estos no tenían por objeto lograr que el Congreso aprobase la propuesta -lo que sabían que nunca iba a suceder-, sino encontrar un nuevo agravio sobre el que poder seguir con su cabalgada desleal contra la Constitución, la concordia entre Cataluña y el resto de España y la convivencia interna en la propia Cataluña.
A Mas y al nacionalismo -catalán, pero también gallego y vasco- nada de eso le importa lo más mínimo, pues ha decidido convocar, o apoyar, un referendo de autodeterminación, pese a quien pese, y aunque ello conduzca a un abierto enfrentamiento entre las instituciones catalanas, que a partir de hoy mismo podrían dar un nuevo paso en su decidida voluntad de actuar como si las leyes no existiesen, y las instituciones del Estado, que están obligadas a garantizar que las leyes se cumplan, en este caso como en todos los demás.
ADVERTISEMENT
De hecho, y por más que el desafío secesionista catalán pretenda presentarse de otro modo, tal enfrentamiento entre legalidad e ilegalidad es el auténtico fondo del asunto: si en un Estado de derecho pueden los sujetos individuales o colectivos perseguir sus pretensiones solo acatando el ordenamiento jurídico, o, también, pasándoselo por el arco del triunfo. ¿Qué privilegio creen tener el nacionalismo catalán, o el Parlamento de Cataluña, o la Generalitat para violar las leyes que todo el mundo debe cumplir, le gusten mucho, poco o nada? ¿Cuál para forzar a los partidos mayoritarios a que las cambien contra su legítima y libre voluntad?
Tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional y el abrumador rechazo de ayer en el Congreso, el proceso para convocar una referendo de autodeterminación ha quedado cerrado a cal y canto. Estas son las reglas de juego, y todo lo que sea pretender seguir adelante con el referendo constituye ya un inadmisible desafío al pacto político esencial en el que se basa cualquier Estado democrático. Por eso, si Mas se empeña, el Gobierno está no solo en su derecho, sino con toda claridad en la obligación de advertir que su voluntad de dialogar sobre cómo resolver un conflicto creado en exclusiva por el desafío secesionista del nacionalismo catalán no le impedirá actuar con la firmeza necesaria, empleando todos los medios que prevén la Constitución y las leyes para evitar su flagrante y descarada violación.
Porque el diálogo no puede consistir en el que un atracado mantiene con su atracador.
roberto blanco valdés
Ha sido un debate importante, como se esperaba. Y estoy dispuesto a añadir otro calificativo: ha sido clarificador. Clarificador en el sentido de que cada orador se reafirmó en sus posiciones. Es decir, que no hubo cambio en el planteamiento del conflicto. Esa es la conclusión final, a pesar de lo mucho que se habló de diálogo y de reforma de la Constitución. El diálogo está limitado a la legislación, que para los nacionalistas es música celestial, y la reforma constitucional es ofrecida por Rajoy con una condición: que la iniciativa sea de los independentistas, que él no la promoverá. Por lo tanto, que nadie confíe en esa medicina. ¿O alguien piensa que la mayoría parlamentaria aceptaría lo que pueda proponer el nacionalismo?
La mayor grandeza del encuentro la puso Rajoy, que hizo un discurso bien argumentado, con fuerza dialéctica y tanto derroche como solidez jurídica. Ha sido el discurso de la ortodoxia del Estado, que se permitió incluso alguna chulería como aquella de creo en Cataluña más que ustedes. Desmontó frase a frase la argumentación de la consulta. No habló para los tres enviados de Artur Mas, sino para el conjunto de los ciudadanos. Y suscita tantas adhesiones en su parroquia, que sus diputados le aplaudieron incluso antes de hablar. Debe ser que lo percibieron como una aparición, porque hasta ese instante no se sabía en qué momento iba a intervenir...
Anécdotas al margen, Rajoy hizo una espléndida intervención para España. Seguro que ganó simpatía y vio mejorada su talla política. ¿Habrá tenido la misma eficacia en Cataluña? Lo dudo. Lo que dijeron los enviados de Artur Mas ha sido que el movimiento secesionista es popular porque el autogobierno, las instituciones y la lengua avanzan hacia lo residual (Jordi Turull); que hay que hacer un referendo de independencia porque el encaje no es posible (Marta Rovira); que la solución es recoger la voz de la calle (Joan Herrera), o que Rajoy quizá cerró las puertas del diálogo (Duran i Lleida). ¿Encuentra el lector en esto algún acercamiento de posturas? Yo, desde luego, no lo he visto. Todo ha sido cuidado y respetuoso en las formas, pero poco útil a efectos de solución.
ADVERTISEMENT
Con lo cual, siguen quedando vírgenes los planteamientos de Pérez Rubalcaba: «¿Hay un problema de relación entre Cataluña y España? Si lo hay, ¿cómo se resuelve?». Ayer se escucharon palabras brillantes. Pero, vista la posición del Gobierno, Madrid solo brinda una salida, por supuesto sin citarla: que Artur Mas y compañía den un paso atrás. Y seguramente no hay otra, ni política, ni legal. Pero el independentismo, decíamos ayer, ya no atiende a razones. Se cree un tren con energía de pueblo que no sabe, ni puede, ni quiere frenar.
fernando ónega
EFE 09/04/2014
El alcalde de Mallén, Antonio Asín, ha dejado hoy de ser diputado de la Diputación Provincial de Zaragoza al haber tomado la institución provincial en consideración la sentencia de la Audiencia Provincial que lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante siete años por un delito de prevaricación.
La Audiencia Provincial condenó, el pasado 10 de febrero, a Asín a siete años de inhabilitación para cargo público y hoy la DPZ, tal y como establece la ley de Régimen Electoral General, ha tomado en consideración esta sentencia, lo que significa que Asín, ha dejado de ser diputado provincial.
Antes de que comenzara el pleno en el que se ha tomado en consideración la sentencia, el presidente de la DPZ, Luis María Beamonte, ha explicado a los medios de comunicación que la institución provincial se ha "limitado" a cumplir "estrictamente" la ley del Régimen Electoral General, que dice que quienes estén condenados por un delito contra la administración no pueden permanecer en sus cargos públicos, incluso aunque el fallo no sea definitivo.
Ahora, desde la secretaría general de la DPZ se dirigirán a la Junta Electoral Central para la comunicación del cese y para la expedición de la credencial correspondiente para el sustituto de Asín, que según ha dicho el portavoz socialista, Martín Llanas, será el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau.
Asín pertenecía al PSOE hasta que la Comisión Provincial del partido de Zaragoza decidió expulsarlo, en octubre de 2012, tras ser imputado por la Fiscalía de la capital aragonesa por diversos delitos de prevaricación, fraude, falsedad y cohecho en su gestión, si bien solo fue condenado por prevaricación.
Aunque ha dejado de ser diputado provincial, Asín continúa siendo alcalde de Mallén debido a que en el pleno municipal se hizo una interpretación de la legislación "no ajustada a derecho", según la concejala popular en ese municipio Marta Pardo, quien es también diputada provincial.
Pardo ha explicado que es el alcalde quien elabora el orden del día en el pleno de Mallén, y que en lugar de incluir en él la toma en consideración de la sentencia, Asín optó por que se votara si ésta se aplicaba o no, con lo que su inhabilitación no salió adelante al contar con el voto en contra de la mayoría socialista.
Ha dicho que según el informe de la secretaria interventora del ayuntamiento, el pleno tendría que haber tomado en consideración la sentencia y no votarla, pero Asín presentó dos informes de parte (de sus abogados y de un catedrático de Derecho) que sí que avalaban esta opción, y finalmente se votó en contra de la inhabilitación como alcalde.
Según Pardo, ahora la situación en el Ayuntamiento de Mallén es "ilegal" y todos los acuerdos que se aprueben van a ser "nulos de pleno derecho", además de que las personas que tomen decisiones pueden incurrir en responsabilidades de tipo patrimonial o legal, porque el alcalde no es competente ya para ejercer su cargo.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha explicado hoy a los medios que se ha enviado un requerimiento al ayuntamiento de Mallén para que anule el punto seis del orden del día de último pleno porque tenían que tomar conocimiento la sentencia y declarar la incompatibilidad de Asín y "se saltó a la torera".
También se requirió al ayuntamiento que en el plazo de diez días convoque un nuevo pleno para tomar en consideración la sentencia y declarar la incompatibilidad, y que en un mes revise cada uno de los actos administrativos realizados en el ayuntamiento siendo alcalde Asín desde que se produjo la sentencia.
Ha explicado que si en el plazo de diez días desde que el ayuntamiento reciba el requerimiento -se envió el pasado viernes- no se cumple la anulación del punto del pleno y no se convoca otra sesión plenaria, se trasladarán los hechos a la Fiscalía para que adopte la medidas que entienda oportunas.
Martín Llanas, el portavoz del grupo socialista en la DPZ al que pertenecía Asín, ha estimado que ahora las diferentes corporaciones locales en las que el alcalde ocupa cargo público (el ayuntamiento y el consejo comarcal del Campo de Borja) deberían hacer "lo mismo" que ha hecho la institución provincial, es decir, tomar en consideración la sentencia para que Asín cese en estos cargos.
"Debería de dejar de ser alcalde porque lo dice la ley", ha enfatizado Llanas, quien también ha recordado a Marta Pardo que, aunque esté en su derecho de denunciar la situación de Mallén, "las elecciones municipales se ganan en las urnas, y no en los juzgados".
El socialista Antonio Asín, uno de los pesos pesados del PSOE en la provincia de Zaragoza, no podrá seguir ya como diputado provincial y debería abandonar también la Alcaldía de Mallén. Condenado por prevaricación hace casi dos meses, Asín ha intentado aferrarse a sus cargos y ha contado para ello incluso con el apoyo del PSOE, cuyos concejales de Mallén llegaron a organizar una votación en el Pleno municipal para refrendarle en el cargo tras la condena, en contra del informe jurídico del propio Ayuntamiento.
Este miércoles, la Diputación de Zaragoza -gobernada por PP y PAR- cumple con el trámite que supone la expulsión de Asín. No se va, se le echa, y después de que el socialista condenado haya intentado sin éxito impedir la celebración del Pleno provincial en el que se consuma la declaración de incompatibilidad entre la condena y el escaño.
A finales de enero, Antonio Asín fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, por considerar probado que había cometido un delito de prevaricación. Se libró en esa sentencia de la pena de prisión que pedía la Fiscalía.
En un primer momento, para aferrarse a sus cargos públicos -llegó a subirse el sueldo de alcalde cuando estaba procesado- presentó de inmediato un recurso a la sentencia. La acusación también recurrió, pero en su caso por considerar que las irregularidades cometidas por Asín son merecedoras de una condena más severa.
Con el recurso, el alcalde de Mallén evitaba que esta sentencia condenatoria fuera firme, confiando en que eso le dejara seguir ocupando sus cargos públicos hasta que el caso sea resuelto por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, la Junta Electoral advirtió que no es así, que debía abandonar sus puestos. La Diputación, ante la negativa de Asín, ha optado por hacer cumplir la ley. La sesión plenaria que consuma ahora su expulsión como diputado fue impugnada por Asín, pero el juez de lo contencioso-administrativo que ha visto el caso ha desestimado ese recurso.
ABC.
El auto dictado por el juez, en la práctica, no solo avala la celebración del Pleno de la Diputación que supondrá la salida efectiva de Asín, sino que apunta directamente a que debe ocurrir lo mismo en el Ayuntamiento de Mallén. Y deja en situación comprometida a los concejales del PSOE que, en contra del informe jurídico de la Corporación, organizaron una votación para ignorar la incompatibilidad de Asín para seguir como alcalde.
El informe de la letrada municipal, del que hicieron caso omiso todos los concejales del PSOE excepto uno, advirtió que los ediles que actuaran de esa forma se pueden enfrentar a «consecuencias jurídicas» y «responsabilidades» patrimoniales, contables e incluso penales.
ABC.
Buena intervención de Guiral sobre el asunto de Mallén en radio nacional.
Con ideas claras se puede ir lejos.
Siempre me ha subyugado la valiente respuesta que, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, dio Unamuno al provocador grito de «¡abajo la inteligencia!» proferido por el general Millán Astray. Según una de las versiones de los hechos, el rector contestó al fundador de la Legión con estas palabras: «Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir». Líbreme Dios de comparar aquella victoria militar con la derrota de los soberanistas catalanes en el Congreso. Digo más: a las fuerzas democráticas que se oponen al referendo secesionista les asiste la ley y la razón. Como representantes de la soberanía nacional, que reside en el conjunto de los españoles, no podían hacer otra cosa. Quizás debieron dibujar antes la línea roja, pero no podían trazarla de otra forma.
ADVERTISEMENT
Si traigo a colación las palabras de Unamuno, lo hago por tres motivos. Primero, para subrayar la enorme magnitud del problema: la deriva catalana amenaza con liquidar cinco siglos de convivencia. El modelo corre el riesgo de naufragar, y no por su integración en espacios supranacionales, como requiere la hora de la economía global, sino por fragmentación extemporánea. Segundo, para destacar que este tipo de victorias, logradas a base de empuñar la Constitución como una espada, suelen ser pírricas y efímeras: no frenan el avance del sentimiento nacionalista ni aumentan la cohesión territorial. Y tercero, para resaltar que, si alguna solución tiene el embrollo, esta no reside en el imperio de la ley, por mucho que la ley sea -como es- el corazón de la democracia. La única salida aceptable y duradera pasa por convencer. Por persuadir a los catalanes -hablo del pueblo catalán, no de Artur Mas, ni de Oriol Junqueras, ni del sursuncorda- de que les resulta útil y beneficioso compartir casa común. De que fuera hace mucho frío, para el que se va y también para quienes quedan dentro con la puerta abierta. De que los problemas de escalera, desde el reparto de los gastos de la comunidad hasta las intromisiones del portero en la intimidad del hogar, pueden arreglarse. Y de que la Constitución, el manual de instrucciones de la democracia tantas veces vulnerado, no es un dogma intocable: de hecho, cuando lo exigió Merkel, fue cambiada en una tarde. Y no en cuestiones baladíes.
El problema tiene naturaleza política y no jurídica. Tratarlo como un mero chantaje de Artur Mas o del nacionalismo, por más que su irresponsabilidad clama al cielo, supone errar el tiro. Probablemente el president desaparezca, barrido por el ciclón que contribuyó a desatar, y la situación no haga más que empeorar. Los réditos de su política los cobrará el nacionalismo más radical. No quiero hacer pronósticos aciagos, pero imagínense el peor escenario: la Generalitat proclamando unilateralmente la independencia. ¿Qué haría entonces el imperio de la ley? ¿Los tanques?
fernadno salgado
Publicar un comentario