COMO NO PODÍA SER DE OTRO MODO.

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la posibilidad de convocatoria de un referéndum en Cataluña que permitiera a ésta plantear su separación de España, petición promovida desde el Parlamento catalán, como si la unidad de la nación española estuviera a merced de lo que decidan, unilateralmente, cada una de sus partes, desconociendo lo que señala la Constitución Española. El Congreso de los Diputados no ha hecho más que recordar que cualquier objetivo político, siempre legítimo, ha de perseguirse por procedimientos legítimos, y en el presente caso nadie puede pretender quebrar o alterar las reglas constitucionales al margen del procedimiento de reforma constitucional previsto. Habrán de ser todos los españoles, y no solo una parte de ellos, los que decidan el posible cambio de las reglas de convivencia política y, en su caso, la posibilidad de consultas como la pretendida.

Al margen del hipotético establecimiento de cauces para dicho tipo de consultas, debemos cuestionar la oportunidad de introducir en la convivencia civil estrategias de confrontación como las que viene alimentando desde hace tiempo el soberanismo catalán, cuyo único resultado puede ser el envenenamiento de la convivencia interna en Cataluña y el daño a la convivencia ente catalanes y el resto de españoles. En tiempos de crisis como los que atravesamos, la solidaridad no puede desconocer su dimensión territorial, y algunas afirmaciones hechas desde el ámbito soberanista y las autoridades de Cataluña han menospreciado gravemente dicho principio, desconocedores acaso de que la solidaridad de España hacia Cataluña puede ser para dicha Comunidad Autónoma uno de los intereses más poderosos que muchos, sin embargo, no son capaces de valorar.

Alguien podrá pensar que esta Asociación, dedicada a la promoción y defensa de los valores constitucionales de la función pública, debiera evitar la mención a cuestiones que exceden el ámbito de su objeto estatutario, pero resultaría absurdo ejercer la defensa del respeto a ciertos preceptos constitucionales, como el derecho de acceso a la función pública o los principios de mérito y capacidad en la función pública, y permanecer indiferentes ante los desafíos a la integridad constitucional de nuestro Estado lanzados desde el soberanismo catalán. Para defender y reivindicar el respeto de una parte de la Constitución, sin caer en mero oportunismo o ventajismo, hay que estar dispuestos a defender el respeto a la integridad de la misma, y eso es lo que hace esta Asociación, aunque sea a través de unas simples notas de blog, sin ocultar ni callar su total respaldo a nuestra norma constitucional, lo cual no obsta para admitir las reformas que puedan contribuir a mejorarla, no a desfigurarla.

Y al igual que debemos respaldar el respeto a nuestro marco constitucional de convivencia, debemos apoyar el respeto al cumplimiento de la legalidad, propugnando así que los cargos electos que hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública que conlleven la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas deban cesar en el desempeño de sus funciones. Si alguien considera que ello vulnera algún derecho fundamental, tiene los cauces procesales para defender sus tesis, pero aciertan quienes, como la Delegación del Gobierno de Aragón o el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, consideran que la Ley no permite que el voto o la mera discrepancia jurídica puedan ser razones suficientes para inaplicar las leyes y permitir que alguien pueda ejercer el cargo de diputado provincial, alcalde o concejal en contra de lo previsto en la Ley electoral, con la insostenible pretensión de que las leyes no se apliquen y que el Estado de Derecho ceda ante la insumisión frente a reglas del más elemental buen gobierno institucional.