DOSIS DIARIA DE ARBITRARIEDAD.

El Boletín Oficial de Aragón publica hoy no los ceses y nombramientos del personal eventual del Departamento de Hacienda y Administración Pública –incurriendo en un nuevo incumplimiento del artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón-, sino el cese de una funcionaria de carrera en un puesto de libre designación de la Intervención General. Una vez más, como meses atrás ocurría en el Instituto Aragonés de Estadística, un profesional de la función pública de trayectoria sólida es apartado de su puesto de trabajo de modo inesperado e inmotivado, sin que se le arbitre una salida acorde a su especialización profesional. Al tiempo que vemos cómo el Departamento de Hacienda y Administración Pública desdobla Servicios en su estructura, para acoger a quien cesa en su condición de alto cargo, vemos a funcionarios cesados y abandonados a su suerte. La diferencia de trato resulta sencillamente injusta y escandalosa.

Desde esta Asociación hemos criticado el uso y abuso de la fórmula de la libre designación para la provisión de puestos de funcionarios superiores, pero en particular creemos que tal fórmula es inaceptable para proveer los puestos en órganos cualificados de control, como son la Intervención General o la Inspección de Servicios. El cese de un funcionario en uno de esos órganos trasciende la relevancia de un cese más, pues puede ser un ejercicio arbitrario por parte del Gobierno de Aragón para remover de su puesto a quien resulta incómodo en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización. Si se quieren órganos de control dóciles y mediatizados, nada mejor para asegurarlo que cubrir todos sus puestos mediante libre designación, haciendo depender su continuidad de la comodidad o incomodidad del responsable político controlado. No es aceptable que quienes ejercen el control de legalidad queden sujetos a la discrecionalidad política del controlado, como sucede en el caso de los Interventores en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Tampoco podemos dejar de reiterar, en este momento, la necesidad de que los puestos de responsabilidad en la Intervención General sean ocupados por funcionarios especializados cuya selección se realice a través de procesos específicos. No hay explicación posible para el hecho de que la Clase de especialidad de Interventores de la Administración autonómica no haya sido jamás objeto de ningún proceso selectivo, reclutándose al personal interventor de escalas generales de administración, sin la exigencia siquiera de una formación previa adecuada. No parece que ese sea el modelo de profesionalización que la situación reclama. Por ello, esta Asociación reiterará su petición de que se convoquen procesos selectivos para reclutar personal especializado en intervención y control económico-financiero, así como insistirá en que los puestos reservados a funcionarios superiores dentro de la Intervención General sean provistos mediante la fórmula de concurso, evitando así que quienes ejercen dicha labor puedan hallarse a merced de la discrecionalidad política del controlado, y verse removidos en sus funciones por el rigor en la exigencia del respeto a la legalidad.