SEGUIR RECLAMANDO EL DERECHO DE ACCESO Y EXIGIENDO RESPONSABILIDADES.

Concluidos los escritos de alegaciones en los incidentes de ejecución forzosa, relativos a las sentencias firmas de 29 de octubre de 2010, del Tribunal Supremo, y de 10 de febrero de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, del Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, toca esperar la decisión judicial respecto a las condiciones de ejecución de ambos fallos, si bien confiamos en que sean desestimadas las razones y las cifras alegadas por la Administración, que, en sí mismas, constituyen un nuevo intento de impedir el ejercicio del derecho de acceso a la función pública a los potenciales beneficiarios de las citadas sentencias.

Coherentemente con los principios que animan a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, el principal esfuerzo realizado a lo largo de los siete años de existencia y actividad asociativa ha sido la reivindicación del derecho de acceso a la función pública, sistemáticamente negado a los ciudadanos, dando lugar con ello a unas abultadas bolsas de personal interino, que en ocasiones han llegado a fluctuar entre el 25 y el 30 por ciento del total de la plantilla. El proceso de ejecución de las sentencias favorables obtenidas culminará un largo debate jurídico destinado a hacer valer un derecho de los ciudadanos que es definitorio del modelo constitucional de función pública.

Si la Administración y la función pública que la sirve están sustancialmente orientadas a la aplicación de la ley y a la garantía de los derechos de los ciudadanos, esa aplicación y garantía debieran comenzar por el correcto reclutamiento de los miembros de la función pública, conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. De no hacerlo así, la función pública empieza a quebrar por algo tan básico como su composición y su profesionalidad, resultando igualmente inviable el principio de inamovilidad como garantía de imparcialidad y de resistencia  frente a órdenes superiores irregulares.

Las noticias recientes del Ayuntamiento de Zaragoza, con ofertas bloqueadas durante años, o la falta de aprobación de oferta por el Gobierno de Aragón durante 2012 y 2013 siguen dibujando un panorama de absoluta crisis de legalidad en esta materia, sin que las instituciones encargadas de su defensa y protección adopten una postura suficientemente enérgica para corregir el actual estado de cosas.

Es evidente que los responsables políticos y administrativos están cómodos cuando lo que se juzga no es su comportamiento, sino la legalidad de las disposiciones o actos aprobados, como si la ilegalidad de los mismos no guardase relación alguna con la voluntad de quienes los dictan de cercenar la efectividad de los derechos de los ciudadanos, que, en este caso, al ser derechos fundamentales, no solo debieran contar con el máximo nivel de protección, sino también con el máximo nivel de sanción para los autores de la lesión.

Esta Asociación va a seguir insistiendo en la protección del derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos a la función pública de todas las Administraciones y no sólo va a atacar las disposiciones o actos que lo vulneren, sino también va a exigir la responsabilidad personal de quienes, siendo responsables de asegurar dicho derecho, son los principales causantes de su lesión, actuando siempre desde la creencia que lesionar los derechos fundamentales de los ciudadanos resulta personalmente gratis. Es posible que toque combatir esta convicción, pues las vías preferentes de protección de los derechos fundamentales, en el orden contencioso-administrativo, hacen que aún no tengamos asegurada la ejecución de una sentencia anulatoria de la Oferta de Empleo Público de 2007.

Parece razonable que, tras el fallo del Tribunal Supremo, y una vez que ha quedado establecido que la no aprobación de Oferta o la no inclusión en ella de la totalidad de las plazas a que obliga la Ley constituye una vulneración del derecho fundamental de acceso, ningún responsable de función pública de cualquiera de las Administraciones Públicas puede alegar ignorancia del derecho para eximirse de la responsabilidad personal en que pudiese incurrir con sus decisiones. Tal vez haya llegado el momento de reclamar esa responsabilidad y empezar a apartar de sus puestos a quienes no tienen voluntad de respetar la ley y el derecho.