CENTENARES DE TÍTULOS PENDIENTES DE ENTREGAR.

Al tiempo que el Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, se hacía ayer la foto oportuna, en la escalera de la puerta principal del Edificio Pignatelli, con motivo de la entrega de títulos de funcionario de carrera a los candidatos que han superado algunos de los procesos selectivos –promoción interna incluida- correspondientes a cuatro ofertas de empleo diferentes, entre 2007 y 2011, la Administración trata de impedir que los puestos vacantes ocupados por interinos, no incluidos en su día en las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, puedan ser objeto de oferta pública, como resultado de la ejecución de los fallos del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que anularon ambas Ofertas por no incluir los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos.

Nos hubiera gustado oir del Consejero responsable de función pública, en dicho acto de entrega de títulos de funcionario de carrera, alguna referencia a quienes debieran haber podido ejercer su derecho de acceso a la función pública, pero no lo pudieron hacer al no haber respetado la legalidad el Gobierno de Aragón, y formular un compromiso expreso de restaurar tal derecho lesionado mediante la ejecución de las sentencias de los Tribunales y la aprobación anual de Oferta de Empleo Público, cosa que tampoco ha hecho ni en 2012 ni en 2013..

No hubo tales declaraciones, pues en los discursos oficiales solo caben las palabras de complacencia y no las de autocrítica o insatisfacción. No hubo tampoco una sola palabra para los funcionarios interinos desplazados en los procesos de promoción interna, sin que se les ofreciera la oportunidad de participar en procesos selectivos para las vacantes de su respectiva Escala. Legalidad sólo para algunos no es legalidad, sino arbitraria aplicación de las leyes.

Consideramos lamentable que el Consejero de Hacienda y Administración Pública, acompañado de los responsables de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y del Instituto Aragonés de Administración Pública, convirtiera en un acto de reivindicación de su gestión unos procesos selectivos que solo evidencian la irregular política de personal aplicada por el Gobierno de Aragón.

Haber culminado –con retraso manifiesto- procesos selectivos de unas Ofertas declaradas expresamente inconstitucionales por los Tribunales, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública, es un claro fracaso de gestión. Entendemos que los candidatos que han resultado nombrados funcionarios de carrera tengan algo que celebrar, pero es difícil admitir que los responsables de una política de personal errática e ilegal en materia de selección de personal puedan oficiar una ceremonia pública para felicitarse por los restos salvados de un naufragio.

Pensamos en los cientos de ciudadanos que se han visto injustamente excluidos de ese acto de entrega de títulos, y que, como en el presente caso, cuando su número es mayor al de los presentes, no hacen sino poner en evidencia la inconsistencia del acto realizado.