LA DEMOCRACIA DEBE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN.

Si, como ha dicho la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en su intervención inicial en el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma que se desarrolla desde ayer en las Cortes de Aragón, la corrupción pueda acabar con la democracia, es evidente que, ante tal eventualidad, la democracia está obligada a acabar con la corrupción. Y el primer paso para ello es acabar con los corruptos en la vida pública, lo que incluye tanto la actividad política como la actividad administrativa.

Cuando el compromiso de los partidos es tan tibio en el castigo de los casos de corrupción que les afectan, el riesgo de deslegitimación institucional se eleva peligrosamente. Hay demasiada implicación en funcionamientos irregulares –demasiada banalización de las ilegalidades administrativas y de los comportamientos inadecuados- y muy poca contundencia en la condena de los corruptos que pertenecen a la propia formación política. Pero ello no puede ser excusa para el desistimiento ético de los ciudadanos, sino justamente para tomar en serio la necesidad de una reacción proporcionada contra la corrupción, sabiendo distinguir el valor de las instituciones y la indignidad de aquellos titulares corruptos que, en un momento dado, puedan ocuparlas. El valor de una institución ha de ser, precisamente, el primer factor de exigencia para la calidad de su titular. Si privamos a las instituciones de su valor, cualquier titular podrá ser apto para ocuparlas, lo cual es un hecho habitual en muchas áreas de la función pública, debido precisamente al proceso de desprofesionalización padecido.

Cuando los políticos no son abanderados de la lucha contra la corrupción, y a la vista de todos está que no lo son, la iniciativa y la responsabilidad de esa lucha han de asumirla las principales instituciones del Estado de Derecho – como son los Tribunales, el Ministerio Fiscal, los órganos de control o la función pública-, las organizaciones de la sociedad civil –hay que reconocer la importante labor desarrollada por Transparencia Internacional-, los medios de comunicación y, por supuesto, los ciudadanos, con su voto y con su acción de protesta y de denuncia, es decir, con su rechazo e intolerancia hacia las prácticas corruptas en la vida pública. La corrupción ha de conllevar la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y las organizaciones políticas que la promueven o toleran han de ser repudiadas por los ciudadanos.

Pero huyamos de calificarlo todo de corrupción, pues si todo es una forma de corrupción ya no cabe identificar con la necesaria precisión la corrupción para prevenirla o atajarla. Los fenómenos hay que deslindarlos adecuadamente. No toda ilegalidad es corrupción, pues no siempre hay en ella búsqueda de un beneficio particular ilícito, pero toda corrupción suele ser siempre ilegalidad o fraude de ley. Lo que es evidente es que el relativismo de la legalidad al que nos han acostumbrado los cargos políticos –sin reparo alguno para adaptar las leyes a su voluntad, si es preciso-, y el desdén por los procedimientos y por los derechos de los ciudadanos, así como la confusión entre la actividad política y la económica, de la que son perfecta manifestación los entramados de empresas públicas de las que se han dotado tantas Administraciones,  constituyen el clima adecuado para que aparezca y arraigue la corrupción.

Por todo ello, la lucha contra la corrupción empieza por la defensa de la legalidad, al igual que toda estrategia corrupta empieza por la burla de la ley. Si la Presidenta del Gobierno de Aragón quiere plantar cara a la corrupción, su primera medida debiera ser ajustar su acción de gobierno a la legalidad, sin esperar a que sean los Tribunales los que le obliguen a ello, como ha sucedido en materia de Oferta de Empleo Público.