SALUD DEMOCRÁTICA FRENTE A INOPERANCIA Y ARBITRARIEDAD.

Hay sectores de la Administración autonómica en los que comienza a ser visible ya, a través de la propia prensa aragonesa, el nivel de inoperancia y arbitrariedad que marca su actividad, como consecuencia de una manifiesta carencia de valores y habilidades directivas de sus máximos responsables.

Como se desconoce y se desprecia la función pública, se recurre a nombramientos de amigos ajenos a la Administración para dirigir centros públicos de atención a menores.

Como se carece de la menor sensibilidad social y no se entiende el alcance que impone a las políticas públicas el carácter social de nuestro Estado de Derecho, se formulan propuestas normativas dirigidas no a reforzar el grado de protección y la agilidad administrativa en la prestación de ayudas a las personas en riesgo de exclusión social, sino a restringir su reconocimiento, tratando de ocultar la propia inoperancia bajo una constante apelación al abuso y al fraude en las prestaciones sociales (meramente intuido, nunca constatado). ¿Alguien puede imaginar siquiera que el Servicio Público de Empleo negase el reconocimiento de la prestación de desempleo y se escudase en el supuesto fraude de los parados en la economía sumergida?

Lo peor que puede suceder en una organización llamada a servir con objetividad el interés general, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como es la Administración Pública, es que al frente de ella se ponga a personas que se mueven por razones sectarias, que priman y atienden intereses particulares y que incumplen de forma reiterada las normas, cuando no las puedan cambiar para adaptarlas a su capricho.

La idea de la insostenibilidad no sólo es aplicable al campo de la economía, pues también debemos considerar que una forma de dirección de los servicios públicos totalmente alejada de la legalidad y de la racionalidad no puede prolongarse por mucho tiempo, pues razones de salud democrática exigen que tales personas sean apartadas de sus puestos para evitar daños irreparables no sólo en las organizaciones públicas que dirigen sino en los sectores sociales sobre los que se proyecta su mala gestión.