EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA DE OFERTA: A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

Han concluido las actuaciones del incidente de ejecución forzosa de las sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2013 del Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública (artículo 23.2 CE), correspondiendo al Magistrado Ponente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de la Sala de lo Contencioso-Administrativo resolver lo procedente.

Todas las partes del proceso han tenido la oportunidad de intervenir y pronunciarse sobre las condiciones de ejecución de las citadas sentencias, para restaurar el derecho vulnerado.

El Ministerio Fiscal no formuló objeción alguna a la ejecución de los fallos judiciales.

La Letrada de la Administración, en un escrito que vuelve a destilar la falta de compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, habló de que la intención de cumplimiento de la Administración se había visto truncada por la situación económica y la necesidad de contener el déficit público, invocando así el déficit fiscal para mantener el déficit de legalidad.

Esta Asociación ha contraargumentado frente a las alegaciones de la Administración y ha señalado el número de plazas que debieran haberse incluido en la Oferta de Empleo Público, de acuerdo con los datos fijados en la fase de prueba, a partir de la propia certificación emitida por la responsable del Registro de Personal.

Finalmente, en la diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se señala que los sindicatos UGT y CCOO –no olvidemos que se personaron como codemandados, junto a la Administración, para defender la legalidad de la Oferta aprobada y discutir la legitimación procesal de esta Asociación para impugnarla- no han formulado alegación alguna, como si en este proceso fuera posible mantener neutralidad o equidistancia. Es evidente la nula voluntad de ambos sindicatos para reclamar el respeto del derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público.

Aguardaremos, por lo tanto, la resolución judicial sobre los términos de ejecución forzosa de las dos sentencias firmes ganadas por esta Asociación contra el Gobierno de Aragón, confiando en que los Tribunales no sólo juzgan sino que hacen ejecutar lo juzgado, y que la verdadera justicia conlleva la restauración del daño causado de forma antijurídica, lo que en este caso pasa por garantizar el acceso de los ciudadanos a todas las plazas vacantes de la Administración autonómica ocupadas por funcionarios interinos, y cuando hablamos de ciudadanos incluimos en tal expresión a los propios interinos, a los que se les está negando –con la falta de aprobación de Ofertas de Empleo Público- la posibilidad de acceder a la condición de funcionario de carrera.