EL CONTEXTO IMPRESCINDIBLE PARA UN CONCURSO: RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y OFERTA DE EMPLEO.

Al margen de las dificultades que conlleva la realización de un concurso de provisión de puestos de trabajo de las magnitudes que plantea el Departamento de Hacienda y Administración Pública, que afectaría a más de mil quinientos puestos de trabajo –cifra que pone de manifiesto el grado de desidia y desorden en que se hallaba el mecanismo de cobertura de puestos de trabajo, convirtiendo la excepción en regla general-, no es posible olvidar que la provisión de puestos de trabajo, para que sea efectiva y acorde con las reglas de la función pública, precisa de un contexto adecuado, que en este momento no parece contemplarse.

No vamos a insistir ahora en la idea de la transparencia y en la necesidad de contar con una información veraz sobre el estado de cobertura de los puestos de trabajo, para así poder analizar la idoneidad de las medidas adoptadas para subsanar sus deficiencias.

Pero consideramos necesario llamar la atención sobre dos datos de la máxima relevancia para contextualizar y dar sentido a las medidas de provisión de puestos de trabajo.

El primero de ellos, aunque pueda parecer obvio, no puede dejar de mencionarse: la provisión de puestos de trabajo, si deseamos que cuente con racionalidad, exige la previa ordenación de los puestos de trabajo, algo que estos momentos no se produce, puesto que se halla pendiente la reestructuración de prácticamente todos los Departamentos, tanto de sus servicios centrales como periféricos, lo cual sin duda afecta a un importante número de puestos de trabajo, principalmente los puestos de estructura o singularizados. ¿Es posible convocar en concurso la provisión de puestos llamados a suprimirse en una futura modificación de la relación de puestos de trabajo para adecuarse a la nueva estructura departamental? Los puestos, y sus condiciones de provisión, se definen en las relaciones de puestos de trabajo y éstas, en la actualidad, no reflejan las necesidades de la nueva organización administrativa, por lo que carece de sentido promover su provisión antes de su adecuación. Sin embargo, nada se ha dicho sobre el imprescindible desarrollo de las estructuras de los Departamentos –con la inevitable reducción de puestos de estructura que conlleva la fusión de algunos Departamentos- y la definición de unidades administrativas y puestos de trabajo a realizar, en un segundo momento, a través de la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo. El trabajo de ordenación ha de ser previo a la provisión, pues ésta viene determinada por el contenido de las relaciones de puestos de trabajo.

Si importante es la definición previa de los puestos de trabajo, sin la cual carece de sentido una convocatoria masiva de provisión, más importante aún es la combinación de la movilidad con las medidas de selección de personal de nuevo ingreso, a través de una oferta de empleo público que se ajuste a las necesidades reales, y que garantice con ello el derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a la función pública. Y es que el problema de la función pública no se reduce a la provisionalidad –en la que tanto ha insistido el Consejero de Hacienda y Administración Pública, al hablar de comisiones de servicio y adscripciones provisionales-, sino que se centra sobre todo en la temporalidad, es decir, en la alta tasa de interinidad existente, por el incumplimiento de la normativa de selección de personal. Pese a ello, no parece que el anunciado macroconcurso se acompase con medidas de selección de personal, entre otras, y con carácter prioritario, la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007, que obliga a convocar todas las plazas vacantes cubiertas por interinos que no incluyeron en la citada Oferta, lo que según estimaciones de esta Asociación afectaría a 2.400 plazas de Administración General. Difícilmente se puede lograr la cobertura de los puestos de trabajo, cuando cerca de un tercio de la plantilla existente –al ser interinos- carece del derecho a participar en las convocatorias de concurso, y además son potenciales perjudicados de la movilidad del resto de la plantilla, que a través del concurso no sólo puede desplazarlos de su puesto de trabajo sino expulsarlos de la Administración. Ese efecto perverso del macroconcurso anunciado no parece haberse considerado.

En definitiva, creemos que el macroconcurso anunciado carece de racionalidad si no va precedido de la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo de los nuevos Departamentos de la Administración autonómica –en las que se fijen los puestos ajustados a la nueva estructura-, y carece de legitimidad si no va acompañado de medidas que garanticen la incorporación de personal de nuevo ingreso –laboral y funcionario- a las plazas hoy ocupadas por personal interino. El macroconcurso, como toda medida de provisión de puestos de trabajo, tiene un doble perfil: es una medida de ordenación administrativa para asignar tareas y responsabilidades y un mecanismo que posibilita la movilidad del personal y, a través de ella, articula la carrera administrativa o promoción profesional. Pero no es posible garantizar ni la racionalidad ni la legitimidad de la medida si la provisión –a través de fórmulas de movilidad- no se vincula a la selección de personal, a través de la oferta de empleo público, pues ésta constituye la primera y básica medida de provisión de puestos de trabajo, y además, y no es posible ignorarlo, es un derecho constitucional de los ciudadanos, por cuya vulneración el Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Aragón en fechas recientes.