La comparecencia del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, que tuvo lugar ayer ante la correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón, para anunciar sus objetivos como titular del órgano directivo responsable de la ordenación del personal de la Administración autonómica, puede haber generado dudas o inquietud en determinados sectores políticos o sindicales, pero para esta Asociación, por el contrario, constituye un claro ejercicio de honestidad intelectual y profesional, abordando de forma veraz un diagnóstico de la situación existente, en el que se constata el nivel de deterioro producido en la función pública aragonesa, y expresando de forma inequívoca la voluntad de corregir tal situación, para ajustarla a la legalidad, devolviendo a los servidores públicos una gran parte de las señas de identidad perdidas.
Sin duda, la tarea requiere un esfuerzo ímprobo. Son muchas las resistencias e intereses que es preciso vencer para poder sacar adelante un programa exigente de restauración de la legalidad de la función pública. La situación actual no sólo es fruto de la desidia de los anteriores titulares de la Dirección General de la Función Pública y de los Consejeros correspondientes, sino resultado de una deliberada voluntad de debilitar la profesionalidad e imparcialidad de la función pública, permitiendo un progresivo divorcio entre Administración Pública y Estado de Derecho. La irregular situación de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón durante la legislatura anterior, tan reiteradamente denunciada por esta Asociación, evidenciaba por sí sola la concepción que se tenía de la Administración, como botín a administrar al servicio de intereses de partido.
Lejos de otras comparecencias que es preferible no recordar, en las que se llegaba a justificar la inaplicación de las leyes como un supuesto de fuerza mayor, el actual Director no ha dudado en dar datos de la realidad -cuantificando con ello el grado de incumplimiento de la legalidad- y, lo que es más importante, calificar tal realidad de grave y preocupante, para a continuación expresar su compromiso de acometer su corrección, de la única manera que es posible: restaurando la legalidad, asegurando el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, a través de la culminación de los procesos selectivos aprobados, y, lo que valoramos particularmente, anunciando el propósito de ejecutar la sentencia ganada por esta Asociación en el Tribunal Supremo, por la que este Tribunal anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 al no incluir la totalidad de los puestos de trabajo vacantes ocupados por funcionarios interinos.
El compromiso con la legalidad que practica el nuevo Director General no sólo lo ejerce ajustando a las normas sus decisiones, sino también velando por la ejecución de las sentencias dictadas por los Tribunales, sancionando la irregular práctica seguida por sus antecesores en el cargo. Tal actitud contrasta con la adoptada por la anterior titular del Departamento de Presidencia, Eva Almunia, incapaz siquiera de responder a las reiteradas peticiones de esta Asociación relativas a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Por el contrario, el actual titular de la Dirección General, anticipándose a la petición de esta Asociación, ha anunciado ante las Cortes de Aragón su voluntad de ejecutar la Sentencia. Es evidente que las maneras han cambiado y que el cambio producido es prometedor.
La firme voluntad de compromiso con la legalidad que manifiesta el actual Director General de la Función Pública merece, al menos, el reconocimiento expreso de esta Asociación y el apoyo a su programa de regeneración de la Administración Pública, para lo cual dispone de la doble palanca de la ordenación de recursos humanos y del impulso de medidas de calidad en la gestión pública. Deseamos confiar en que el círculo vicioso en el que parecía encontrarse la función pública aragonesa pueda superarse, no sin el compromiso colectivo de los servidores públicos, de modo que legalidad y calidad se conviertan en los factores determinantes de un nuevo círculo, ahora virtuoso.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
7 comentarios:
Como deseo creer en la honestidad del nuevo Director de Función Pública¡. Espero que, no se deje manipular por Sindicatos que dicen que nos representan, por funcionarios que ocupan puestos Directivos que ya no distinguen entre lo que está bien y lo que no.
Completamente de acuerdo con que todos los puestos ocupados en comisión de servicio salgan a Concurso. Si bien, en los concursos habría que aclarar muy bien la parte de "Area Funcional".
También de acuerdo en que, una vez realizados los concursos se amortizen plazas. Pero y que me dicen de las Entidades de Derecho Público o Empresas Públicas, donde no existe ni relación de puestos. La van creando a conveniencia propia. Los procesos de selección no son tales, con unos niveles de escándalo. Por contra al lado funcionarios con niveles mínimos. Me preguntó porque no se hacen públicos los puestos de trabajo de estas Entidades? Porque... quien les paga sino la Comunidad Autónoma?.
Por otra parte,cuando se va a implantar el plan de medidas de ahorro aprobado?.
Es fantástico que parece que por fin vamos por el buen camino, así que lo que parece que quiere hacer es:
- amortizar plazas, porque es evidente que en muchos Departamentos sobran empleados;
- ejecutar la sentencia del Supremo, porque es obligación;
- ofertar las plazas de 2011 y convocar las ofertas pendientes de terminar, que algunas ya llevan varios años de paralización;
- eliminar tanto empleo temporal, sacando las plazas no reservadas que ahora ocupan los interinos a oferta de empleo público, de acuerdo con la ley y con la sentencia del Supremo.
Bueno, pues me alegro muchísimo. Es una realidad dura pero ya era hora de ponerle un poco de coherencia al tema.
Animo Ignacio, por ese camino somos muchos los que estamos contigo y aplaudimos la posibilidad de la restauración de la legalidad en la función pública.
Tenemos que luchar por corregir ese divorcio entre Admón Pca y el Estado de Derecho y restaurar la profesionalidad e imparcialidad de la función pública, recuperar el principio de legalidad tan frecuentemente violentado por muchos de los anteriores "amos" que desgraciadamente varios de ellos siguen estando ahí en su poltrona.
Animo Ignacio, no rebles. Confiamos en ti y en la ley.
También sería de agradecer que funcionarios como yo, que llevo más de un año esperando destino (cobrando y sin ir a trabajar... con la que está cayendo), nos adjudicaran plaza de una vez. La Comisión de Valoración ya está formada, sólo falta que se efectue la reunión y decida...
He de aclarar que estoy así después de pedir habilitación tras una Incapacadidad Permanente Total para mi trabajo habitual.
La diferencia de nivel intelectual y ético (sujección a un código, en este caso legal, que se prometió defender) entre Ignacio Murillo y Antonio Brun es abismal.
El actual Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios va a tener mucho trabajo para cambiar la dinámica existente en nuestra administración ya que en lugar de ser un todo homogéneo que respeta la normativa legal vigente, a mi modo de ver, es un conjunto de cortijos dirigidos por el jefe de turno, a los que el anterior equipo les dejó hacer y deshacer a su antojo al margen muchas veces de la ley. Como muestra un ejemplo del que se habla poco pero que es muy importante, la formación, derecho recogido en el Estatuto del Empleado público. En la administración aragonesa la solicitud del empleado público debe ir acompañada de la autorización del superior jerárquico, que puede negar la asistencia con un sencillo “razones de servicio”, razones de servicio que no van acompañadas de un informe que justifique la negativa, en este caso la posibilidad de acceder a mejores puestos está en función de los méritos y estos, en muchos casos, dependen del número de horas de formación, estamos ante una situación delicada, el jefe es el que decide quién se forma y quién no. ¿Quién comprueba que esas necesidades de servicio son reales y que el superior jerárquico no está incurriendo en abuso de poder?. Parece ser que hay responsables que sistemáticamente deniegan la asistencia a cursos de formación organizados por el IAAP.
Por otra parte el Estatuto Básico del Empleado Público establece un derecho y el VII Convenio es anterior a la aprobación del Estatuto. Se van a convocar próximamente varios concursos de méritos, para que todos tengamos oportunidad de progresar en nuestra carrera profesional, la Dirección General de la Función Pública deberá velar para que nuestro derecho pueda ser ejercido por todos y no solamente por algunos puesto que todos aportamos en nuestras nóminas una parte para la formación profesional.
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