Los estudiosos de la sociedad y de la cosa pública parecen coincidir en la siguiente apreciación: una buena administración pública y, en general, lo que se entiende por “calidad de gobierno” es una cuestión central para explicar el éxito o fracaso de una sociedad en cualquier tipo de dimensión. Y aún se añade que, si se está interesado en mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y apuntalar los valores de civismo democrático, la primera medida a impulsar es la de intentar construir calidad de gobierno, algo que puede concretarse, entre otras cosas, en la consolidación de una burocracia meritocrática.
La calidad democrática o de gobierno, como ha quedado bien de manifiesto con las protestas del 15M, no es una preocupación exclusiva de países emergentes o en vías de desarrollo, sino también de democracias avanzadas como las de los países de la Unión Europea. España, Portugal y Francia pierden posiciones en el ranking mundial. Grecia e Italia retroceden de forma más acusada. Otros países, recientemente incorporados a la Unión Europea, como Rumanía y Bulgaria, pero también Eslovaquia o Letonia, presentan signos de de muy baja calidad de gobierno. En suma, estamos ante un problema que no es ajeno a la Unión Europea, y que debiera preocuparnos seriamente.
El alcance de la crisis económica que viven, de forma especialmente aguda, diferentes países europeos y que amenazan la zona euro no está tampoco desligado de la cuestión de la calidad de sus instituciones políticas. De forma poco reflexiva, la política se ha subordinado a meros objetivos económicos, creyendo que los resultados económicos justifican cualquier decisión política, aunque se contravengan principios esenciales del gobierno democrático como el imperio de la ley o la defensa del interés general.
La constante erosión que han venido sufriendo la Administración Pública y la función pública, como si su actividad fuese una rémora para el desarrollo económico y la oportunidad de negocio que buscan los emprendedores –a los que parece que hay que ofrecer todo tipo de apoyos y facilidades, como si el lucro fuera el único fin a perseguir o el valor social de mayor relevancia-, parece ceder ante la convicción creciente de académicos y líderes políticos de que una burocracia profesional es uno de los principales factores que contibuyen a la calidad de gobierno. Como alguien ha venido a formular con rotunda claridad: “Quizás es tiempo de redecubrir la burocracia” (Johan Olsen). A ello añadiríamos nosotros la necesidad de que los servidores públicos redescubran los valores que justifican su función y que los legitiman socialmente, como son la integridad y la imparcialidad en el servicio al interés general.
Al igual que el Banco Mundial ha venido aplicando desde hace más de una década una serie de indicadores mundiales de buen gobierno, demostrando que el nivel de buen gobierno incide directamente en el desarrollo de los países, creemos que sería deseable, como ya se ha impulsado en algunos países respecto a sus administraciones territoriales, el realizar un seguimiento adecuado de la calidad institucional o buen gobierno de las diferentes Comunidades Autónomas. Hay que identificar factores relevantes definitorios del buen gobierno y someter a análisis a nuestras instituciones públicas, porque sin duda su calidad es mucho más importante para nuestro futuro que las pruebas de solvencia a las entidades financieras. Debemos saber, de forma objetiva, cuál es el curso que institucionalmente llevan las diferentes Comunidades Autónomas en eficacia de gobierno, transparencia, imperio de la ley, calidad normativa o prevención y control de la corrupción.
Es bueno medir todo aquello que pretendemos mejorar, para poder constatar progresos o para detectar, a su debido tiempo, los alarmantes retrocesos que podamos sufrir. Aquí en Aragón llevamos doce años en que se ha querido identificar la parte con el todo, haciéndonos creer que la estabilidad política era sinónimo de buen gobierno y de progreso. Nadie ha medido, sin embargo, esos pretendidos logros en materia de buen gobierno, pero los deficits democráticos de estos años están claramente a la vista de todos. Uno de ellos, particularmente evidente, ha sido señalado por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se anulan determinados acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón de abril de 2009 por vulnerar el derecho fundamental de petición. Casualmente, el ejercido por esta Asociación.
Esta cuestión, sobre la que habremos de volver en nuevas notas de blog y en próximas iniciativas de la Asociación, ocupará un lugar central en el documento de propuestas de buen gobierno y buena administración que se prepara con motivo de la nueva legislatura.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
2 comentarios:
Johan P. Olsen (born August 14, 1939) is a Norwegian political scientist. He was a professor at the University of Bergen and member of the Norwegian Research Council. He established ARENA (Advanced Research on the Europeanization of the Nation State) in 1994.He was Research Director at ARENA for many years, and is now professor emeritus.
Olsen is one of the developers of the systemic-anarchic perspective of organizational decision making known as the Garbage Can Model. He is a prominent thinker and writer on a wide variety of topics, such as new institutionalism and Europeanization.
Absolutamente de acuerdo salvo en un punto: no creo que los "líderes políticos" -a diferencia de los investigaddores- "crean" (porque ellos suelen moverse en el terreno de las creencias más que de lo racional) que deben profesionalizar la función pública. Si así fuera, ¿por qué no han dado ni un solo paso en ese sentido?¿por qué la nueva estructura departamental, anunciada por Luisa Fernanda Rudi en su discurso de investidura, responde a pactos en lugar de a una racionalidad técnica, apareciendo departamentos diminutos junto a algún otro enorme?
Saludines.
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