La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, al igual que hizo con motivo de las elecciones de 2007, elaborará un documento de propuestas para el buen gobierno y la buena administración en la Comunidad Autónoma de Aragón ante la nueva cita electoral de mayo de 2011, sin otra finalidad que la de contribuir, desde la reflexión realizada por los profesionales de la función pública, a mejorar la calidad institucional de nuestra Comunidad Autónoma y reforzar el compromiso de la Administración con el interés general, con los valores democráticos, los principios del Estado de Derecho y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
Aspiramos a ejercer una ciudadanía activa, desde el uso público de la razón y la movilización de cuantos profesionales crean que el rearme ético de nuestra sociedad es una prioridad para afrontar los problemas acuciantes del presente y los desafíos del futuro. Pretendemos una Administración democrática, en el sentido radical del término, en la que se destierre todo asomo de autoritarismo y de patrimonialización por personas o grupos de intereses que aspiran a desplazar en favor propio el interés general al que ha de servir la Administración; aspiramos a una Administración democrática que, junto a una ciudadanía crítica y activa, contribuya a configurar una democracia exigente, donde las leyes se apliquen, las responsabilidades y deberes, individuales y colectivos, se asuman y cumplan y los derechos de todas las personas se respeten: una Administración que trabaje para una sociedad decente, en la que nadie se sienta oprimido ni olvidado, una sociedad plural, libre y solidaria.
El documento que se elaboró en 2007 ha servido de guía de actuación para esta Asociación a lo largo de estos cuatro años, y el que se elabore para la convocatoria electoral de 2007 -reiterando todas aquellas medidas que siguen siendo plenamente válidas pese a los años transcurridos- habrá de guiar a su vez el trabajo de la Asociación durante la próxima legislatura.
El documento a aprobar será el resultado del debate entre los miembros de la Junta Directiva y aquellos socios que deseen asistir y participar en tal debate, pero con esta nota deseamos invitar a todos los que creen en la necesidad de avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración en nuestra Comunidad para que participen en la elaboración de este documento, ya sea remitiendo a la Asociación sus sugerencias o propuestas, o formulando su opinión sobre las que se vayan expresando desde este blog, para sometarlas al conocimiento y al debate público, antes de su aprobación definitiva y su remisión a los partidos políticos que concurran a las elecciones de mayo de 2011.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
23 comentarios:
Contribuir a esto me parece un deber cívico como aragonés.
Una aportación desde la sociedad civil.
LEY 4/2011, DE 31 DE MARZO, DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y DEL BUEN GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DE 9 DE ABRIL)
Aquí pueden hallarse ideas útiles.
A sopesar, en todo caso.
No se trata de repetir sin más.
El derecho a una buena administración, es decir, a la presencia y al despliegue del conjunto de principios, herramientas, estrategias e instrumentos que dirigen la actuación de la administración hacia la ciudadanía, ha sido objeto de una regulación que ha supuesto unos niveles de exigencia cada vez más altos y que, hoy en día, nos habla al mismo tiempo de la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos.
En el ámbito europeo, el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, y proclama que dicha carta tiene el mismo valor jurídico que los tratados.
El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el cual se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, es un hito destacable en este recorrido, dado que tiene por objeto definir el espacio común para la mejora de la calidad en la AGE y regular los aspectos básicos de los programas que la integran. Estos programas, que tienen por objeto fomentar la transparencia mediante la difusión pública del nivel de calidad ofrecida a la ciudadanía, son los de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios, de cartas de servicios, de quejas y sugerencias, de evaluación de la calidad de las organizaciones, de reconocimiento y del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.
La creación de la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios del Gobierno de España, mediante el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, es una referencia inexcusable en este ámbito. En el preámbulo de este real decreto se manifiesta que los organismos internacionales y las administraciones públicas de los países más adelantados comparten líneas similares de reforma en materia de gestión pública. La gestión orientada a resultados, el desarrollo de indicadores para medir eficacia, eficiencia y calidad, el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de objetivos, junto con el uso de la evaluación, son algunos de los rasgos básicos que, entre otros, configuran esta nueva gestión pública.
¿Por qué Aragón está al margen de todas las corrientes actuales de la gestión pública?
¿A qué se debe nuestro subdesarrollo?
¿Es el legado de Velasco?
¿Es el legado de Almunia?
¿Es el legado de Iglesias?
Se deber tener en cuenta que la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos y la calidad democrática, en aquello que tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía, de manera que corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y efectivo.
La consolidación de la calidad democrática en la acción de gobierno se completa con la necesidad de rendición de cuentas y de evaluación de políticas públicas. El Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el cual se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las comunidades europeas, en la referencia a los principios de buena gestión y eficiencia, introduce la realización de evaluaciones previas y posteriores sobre programas y actividades que ocasionen gastos importantes.
¿Son ideas útiles?
En todo caso, deben analizarse, debatirse y formularse conforme a nuestra propia realidad.
Es un trabajo ineludible.
Son principios que informan la buena administración y el buen gobierno:
a) Orientación a la ciudadanía: la ciudadanía y la satisfacción de sus necesidades reales son la razón de ser de la administración pública. Los servidores y las servidoras públicos tienen que actuar en el ejercicio de sus funciones con voluntad de servicio a la sociedad y tienen que perseguir siempre el interés general. Asimismo, mantendrán la imparcialidad y la equidad en el trato, el servicio y la administración de los intereses de la ciudadanía.
b) Participación ciudadana: la administración aplicará sistemas y métodos para que la participación de la ciudadanía sea un hecho en el diseño y la gestión de las políticas públicas y los servicios que presta, que se tienen que incluir en las agendas políticas a la hora de definir y mejorar las intervenciones de una manera proactiva.
c) Información administrativa: la ciudadanía tiene derecho a recibir información suficiente de los asuntos que sean de su interés, de una manera accesible, comprensible y transparente. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a acceder a los registros y a hacer trámites y recibir información por medios electrónicos.
d) Transparencia: el ejercicio de la gestión pública debe incluir la transparencia, tanto en la adopción de decisiones como en el desarrollo de la actividad pública.
e) Eficacia y eficiencia: la administración autonómica velará por la eficacia y la eficiencia en todos sus actos. A los efectos de esta ley, se entiende por eficacia la consecución de los objetivos que se persiguen con el máximo de calidad posible, mediante la orientación a objetivos y resultados y la generalización de los sistemas de gestión. Se entiende por eficiencia la utilización óptima de los medios para conseguir la eficacia, con introducción de la perspectiva económica en el análisis de la eficacia. Las administraciones públicas tienen que gestionar de manera eficiente y responsable los recursos que les confía la ciudadanía.
¿Cómo podemos hacer de todo esto algo útil, que nos permita avanzar de verdad?
El artículo del "Cuartón" que insertáis en la columna de la izquierda es estremecedor. Esas cosas deberían ser castigadas en las urnas con una contundencia que las hiciera inolvidables. Quien se permite esos comportamientos inicuos debe ser enviado a la puta calle sin contemplaciones, él y todos los que le acompañan en la misma lista electoral.
Y si con eso no bastara, con denuncias ante los tribunales.
Estremecedor, pero castizo.
Publicar un comentario