Como creemos que una de las funciones esenciales de toda institución pública es la defensa y promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues éstos constituyen un mandato para todos los poderes públicos, como se señala en el artículo 53 de la Constitución Española, desde esta Asociación nos hemos dirigido a las Cortes Generales –Congreso de los Diputados y Senado- para pedirles que insten al Ejecutivo –y en especial al actual Ministerio de Política Territorial y Administración Pública- el necesario control sobre el respeto en el conjunto de las Administraciones Públicas del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución.
Difícilmente cabe esperar que la Administración cumpla con su misión constitucional, como es el servir de manera objetiva al interés general, si uno de sus principios configuradores como es el de acceso de los ciudadanos conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad no se garantiza de manera efectiva.
La arbitrariedad de los responsables políticos –como ha ocurrido en Aragón- ha desvirtuado, hasta hacerlo irreconocible, el derecho de acceso a la función pública aragonesa, situación que ha merecido una contundente condena por parte del Tribunal Supremo, en la reciente sentencia que anulaba la Oferta de Empleo Público de 2007, por no incluir los puestos vacantes ocupados por personal interino y, consecuentemente, vulnerar el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos.
Parece no obstante que los políticos aragoneses pretenden seguir eludiendo las exigencias constitucionales, bien aprobando nuevas Ofertas tan ilegales o más que la hace poco anulada –como si nada hubiera dicho el Tribunal Supremo, o como si no les concerniera lo dicho- bien anunciando la congelación de la oferta de empleo público como propuesta electoral o medida de gobierno, prejuzgando con ello las necesidades de la Administración y suspendiendo de facto un derecho fundamental de los ciudadanos. ¿Acaso gobernar para algunos es anteponer su voluntad a los derechos constitucionales de los ciudadanos?
Ante tal situación, no podemos dejar de actuar y de acudir a todos los cauces que como ciudadanos nos ofrece el ordenamiento jurídico: estamos librando una batalla por la vigencia de la Constitución y en ella esperamos hallar poderosos aliados comprometidos con el Estado de Derecho, como ha sucedido con el Tribunal Supremo.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la petición dirigida al Congreso de los Diputados:
“Mesa del Congreso de los Diputados
Zaragoza, 7 de abril de 2011.
Estimados señores:
En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, les remito una copia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Decreto 67/2007, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para 2007, al entender que dicho Decreto, al no incluir la totalidad de los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos –tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón-, vulneraba el derecho de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española.
El Tribunal Supremo, con este fallo, rechaza que la potestad de autoorganización pueda invocarse por la Administración para justificar la inaplicación de la Ley –que obliga a la inclusión de las plazas vacantes ocupadas por interinos-, y afirma que no hay mayor vulneración del derecho de acceso a la función pública que la no realización de los procesos selectivos legalmente establecidos, desautorizando así unas prácticas extendidas en un gran número de nuestras Administraciones Públicas.
La sentencia del Alto Tribunal viene a restablecer uno de los principales principios constitucionales que configuran nuestro modelo de Administración Pública, como es el acceso de los ciudadanos a las funciones públicas conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad, poniendo término a la arbitrariedad que ha presidido la aprobación de las Ofertas de Empleo Público y obligando a corregir la abultada tasa de temporalidad que se ha derivado del incumplimiento de la ley.
Entendemos que corresponde a la Administración General del Estado, y en concreto al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, velar por el respeto de las condiciones básicas de ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, y desarrollado tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en las Leyes de Función Pública aprobadas por las diferentes Comunidades Autónomas.
En consencuencia, y en ejercicio del derecho de petición reconocido en los artículos 29 y 77 de la Constitución Española, me dirijo a esa Cámara al objeto de que se impulsen aquellas medidas que estimen oportunas para que, de conformidad con el criterio establecido por el Tribunal Supremo en la sentencia que les adjuntamos, insten a la Administración General del Estado para que vele por el escrupuloso respeto del derecho fundamental de acceso a la función pública por parte de los ciudadanos, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Agradeciéndoles de antemano su atención, recibas un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín.Presidente de la Asociación para la Defensade la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
A ver si hacen caso.
Son los gobiernos los que pierden las elecciones, no los ciudadanos. Si gana el PP el único responsable será el PSOE. No puede funcionar la democracia votando a un partido que no nos gusta, para evitar el triunfo de otro que nos gusta menos. Un sistema político que sólo ofrece al ciudadano la posibilidad de votar disgustado, en función de sus miedos y no de sus afinidades, puede ser tachado de cualquier cosa menos de representativo. El voto del miedo –al PP o al PSOE– es lo que consagra, con las listas bloqueadas y cerradas, el inmovilismo, la endogamia, la mediocridad de las burocracias de los profesionales del poder. Lo que ellos llaman democracia y no es sino partitocracia.
Ramón Aguiló.
¿QUé nos dirá la Sr. COnsejera de sus mangoneos en Cultura? ¿CUánto tiempo será capaz de retrasar algunas sentencias? ¿Que hará el con sus pesebristas colacados a dedo y por encima de la Ley? ¿QUé hará de todo ésto cuando gane?
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