Con independencia de las medidas que pueda adoptar la Asociación respecto al control de legalidad de la Oferta de Empleo Público para 2011, recientemente aprobada por el Gobierno de Aragón, resulta necesario recabar de la responsable del Departamento de Presidencia, Eva Almunia, información concreta sobre el volumen de plazas ocupado por personal interino, dada la obligatoriedad de su inclusión en la oferta anual de empleo público.
No es posible que los ciudadanos carezcan de una información básica para controlar el respeto a sus derechos fundamentales. Al igual que el censo electoral se hace público para conocimiento general, posibilitanto su oportuna subsanación, en garantía del ejercicio del derecho de sufragio, también los ciudadanos deberían tener conocimiento de la situación de las plazas vacantes en la Administración Pública, para poder ejercer su derecho de acceso a la función pública –reconocido también en el artículo 23 de la Constitución, al igual que el derecho de sufragio- y controlar que en las ofertas de empleo público se garantiza el derecho fundamental reconocido, en los términos fijados por las leyes.
Dado que las leyes imponen la obligación de incluir en la oferta anual la totalidad de los puestos vacantes ocupados por personal interino, los ciudadanos debieran saber el número y el tipo de puestos ocupados por dicho personal, para constatar que son incluidos en la oferta anual de empleo público aprobada, respetando con ello el derecho fundamental de acceso. El Gobierno de Aragón, sin embargo, no sólo no hace pública dicha información –para que se encuentre al alcance de los ciudadanos interesados-, sino que ni siquiera la facilita a los sindicatos de la función pública en las órganos de negociación colectiva en que se analiza la oferta de empleo público.
El hecho de que esta Asociación no haya obtenido respuesta a similar petición realizada el año pasado al entonces Consejero de Presidencia, Javier Velasco, no es motivo para no reiterar nuevamente dicha petición a la actual Consejera, Eva Almunia, para poder contrastar dicha información con los datos de la oferta aprobada el pasado día 5 de abril.
La cuestión reviste, en estos momentos, una particular relevancia, dado que el Tribunal Supremo en sentencia reciente –de hace poco más de dos meses- anuló la Oferta de Empleo Público de 2007, por no incluir los puestos ocupados por personal interino, entendiendo que ello vulnera el derecho fundamental de acceso a la función pública. La nueva Oferta de 2011 parece ignorar el fallo del Tribunal Supremo –al que no hace la menor referencia- reincidiendo en los viejos criterios desautorizados por el Alto Tribunal, sin que en este caso pueda alegarse buena fe ni legítimo ejercicio de la potestad de autoorganización, ya que se desatiende a sabiendas el criterio establecido por el Tribunal Supremo, vulnerando con ello el derecho fundamental de los ciudadanos. Justamente, la conducta contraria a la que debiera seguir una institución pública.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a la Consejera de Presidencia:
“Excma. Sra. Consejera de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 25 de abril de 2011.
Estimada señora:
El Gobierno de Aragón, en su reunión del pasado 5 de abril, llevó a cabo la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2011, incluyendo en la misma puestos correspondientes a Grupos, Cuerpos y Escalas de la Administración General, del personal docente no universitario y del personal del Servicio Aragonés de Salud, así como puestos de trabajo correspondientes a las entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Debemos manifestarle, en primer lugar, nuestra sorpresa ante el hecho de que el Gobierno proceda a la aprobación de dicha Oferta sin la menor referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007, por vulnerar el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluir la totalidad de los puestos vacantes ocupados por personal interino.
Desconocemos, a pesar del tiempo transcurrido, la voluntad de ese Departamento respecto a la ejecución de la citada sentencia del Tribunal Supremo, a pesar de los escritos que le hemos dirigido desde esta Asociación instando tal ejecución, y constatamos que la Oferta aprobada para 2011 omite cualquier alusión a dicha sentencia y al criterio establecido en ella por el Tribunal Supremo, lo que permite considerar, a la vista del reducido número de puestos incluidos en ella, que el Gobierno de Aragón reincide en la aplicación de los criterios expresamente invalidados por el Tribunal Supremo, hecho que entendemos particularmente grave, pues constituye una actitud deliberada de negación del derecho de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos.
Consideramos que corresponde al Gobierno de Aragón, y muy especialmente a ese Departamento, al ser el titular de las competencias en materia de función pública, asegurar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y, con ello, garantizar el respeto al Estatuto Básico del Empleado Público y a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en lo que concierne a la inclusión en la Oferta de Empleo de aquellas plazas necesarias para atender el funcionamiento de los servicios públicos, entre las cuales necesariamente han de figurar las ocupadas por funcionarios interinos.
Por entender que el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, categoría que corresponde al de acceso al empleo público, han de gozar de la máxima transparencia por parte de los poderes públicos, una de cuyas principales razones de ser es precisamente su garantía, le solicitamos, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, que suministre a esta Asociación o haga pública en la página web de ese Departamento la información relativa a las cifras actuales de temporalidad registradas en cada una de las Escalas o Clases de especialidad de funcionarios y en cada una de las categorías profesionales de personal laboral, ya que, sin dicha información, resulta imposible a los ciudadanos apreciar el grado de respeto a su derecho de acceso al empleo público.
Agradeciendo su atención de antemano, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
6 comentarios:
¿Volvemos a la carga?
Volvemos.
¿Con nuevas ideas?
¿Con nuevas fuerzas?
Ya estamos al lío otra vez
y los derechos que le otorga el estatuto básico del empleado público al interino (consolidación de empleo temporal, disposición transitoria) donde los deja usted sr Guiral???
O acaso no tienen derechos??, porque el estatuto de los trabajadores tampoco les es de aplicación???
Entonces, en qué lugar quedan los interinos??? en el paro??
A la administración le sale mas económico y mas efectivo y eficaz tener interinos, que se las ganan a base de mucho sudor, que un montón de funcionarios que, una vez que adquieren esta condición se dedican a exigir y exigir o amenazar con la huelga de brazos caídos...........algunos opinamos que la administración debería haber SOLO INTERINOS, los esclavos de este siglo, currantes sin derechos, prácticamente sin representación sindical, y con una espada de damocles encima "o currar a tope o a la calle"
DEBEMOS ACABAR CON EL PRIVILEGIO DEL FUNCIONARIO VITALICIO!!!, y el que no curre.....al inem como el resto de personal, y si sobra personal......al inem también, esa es la igualdad que queremos los españoles, y no una clase privilegiada que nos chupe la sangre
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