Han transcurrido ya más de dos meses desde que el Tribunal Supremo notificó la sentencia por la que se anulaba la Oferta de Empleo Público de 2007 que aprobó el Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública, y parece ser que los responsables de la Administración aragonesa aún no han superado la incredulidad que les ha provocado semejante fallo. Es difícil, imaginamos, admitir que los Tribunales han comenzado a corregir, de manera contundente, una arraigada arbitrariedad en la gestión de la política de personal del Gobierno de Aragón.
La sentencia, con los criterios que establece, no sólo anula la Oferta de Empleo Público de 2007, sino que permite considerar igualmente inconstitucionales todas las Ofertas hasta ahora aprobadas por el Gobierno de Aragón –en especial en los años en que no se aprobó, en los que la vulneración fue absoluta-, ya que en todas ellas se incumplió la obligación legal de incluir las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, establecida en el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los términos en que parece quererse aprobar la Oferta de Empleo Público de 2011 –sin una sola mención a los criterios señalados por el Tribunal Supremo hace sólo dos meses y sin su observancia, reincidiendo en una ilegalidad expresamente condenada-, acompañados al mutismo oficial en cuanto a las condiciones de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la Oferta de 2007, suponen a nuestro juicio un abierto desafío a la legalidad por parte del Gobierno de Aragón.
Ante tal situación, esta Asociación se dirigirá en los próximos días al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, promoviendo el oportuno incidente de ejecución, para que haga ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo –corresponde a los Tribunales no sólo juzgar, sino también hacer ejecutar lo juzgado-, suspenderá cualquier relación formal con la Dirección General de la Función Pública, mientras no se reciban garantías expresas sobre la ejecución de la sentencia dictada, y analizará todas las vías disponibles en el ordenamiento jurídico para combatir la ilegalidad de la nueva Oferta de 2011.
La batalla que hoy libramos por el derecho de acceso a la función pública en Aragón es una batalla que, por sus implicaciones, al afectar a un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, tiene directa repercusión en todas las Administraciones Públicas españolas, razón por la cual esta Asociación no va a tolerar en modo alguno que dicho derecho vuelva a conculcarse, año tras año, como si nada hubiese pasado, como si las palabras del Tribunal Supremo y de los preceptos constitucionales y legales que invoca en su sentencia carecieran de valor.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
12 comentarios:
Ya va siendo hora que se demuestre lo que es un Estado de Derecho respecto a la Administración Pública, y no un cortijo de déspotas e incompetentes.
Buenoooooooooooo!!!!!. Con la DGA hemos topado
Donde están los funcionarios profesionales q lo son por ley y viven conforme al principio de legalidad?
Mientras haya tanto estómago agradecido no habrá forma de molestar el cortijo.
Se estan deslizando por la pendiente de la prevaricacion
¿Son conscientes de ello?
¿Se atreven con todo?
Tendría gracia que el problema de la oferta acabase con el gobierno de aragón.
Parece inimaginable, pero ...
no hay que descartarlo.
Hola, por favor, a ver si alguien de la Asociación lee este comentario y puede contestar:
- ¿qué supone la petición de ejecución de la sentencia en medidas soncretas? ¿hay algún plazo previsto para que una sentencia tenga que cumplirse, y si no lo hay, quién lo determina?
- ¿esta petición afecta de alguna manera a los procesos selectivos de ofertas públicas posteriores, como esta que acaban de sacar? ¿las paraliza?
Gracias, a ver si es posible. Ya hace un par de posts, en el que iba sobre la nueva junta directiva de la Asociación, os planteé alguna pregunta (otra persona también) y no ha habido suerte de que respondieseis...
La resistencia de los políticos ante el poder judicial es algo ya generalizado. Esta misma mañana escuchaba por la radio todas las trabas que la Junta de Andalucía le pone a la juez encargada del caso de los ERES para entregarla las actas de los consejos de gobierno.
Si tenemos que pedir la ejecución de la sentencia, adelante; ya sabemos que es lo único correcto.
Saludos.
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