EL DESDÉN POR EL DERECHO.

Ni los ciudadanos ni los servidores públicos podemos admitir por más tiempo una política de personal –como la de este Gobierno de Aragón- que constituye un ejercicio de desdén permanente hacia la legalidad. La ley, como norma que se impone sobre el poder político, ordenando su voluntad, no se respeta y, en su lugar, estamos gobernados –es decir, sometidos- por la arbitrariedad de los responsables políticos.

La misma arbitrariedad de los años de expansión se disfraza, ahora en los años de crisis, con ropajes de austeridad y contención del gasto, pero bajo ese disfraz sólo encontramos el desdén de siempre por las normas, es decir, por los derechos de las personas. El mismo desdén, con distintas excusas. Excusas para inaplicar las leyes, es decir, para incumplirlas. El desdén por el derecho supone la reivindicación de la ilegalidad, sea por acción o por omisión.

El desdén de unos y la indiferencia de otros –o la protesta estéril, el mero desahogo- han dado como resultado la Administración Pública que tenemos, desarticulada y desvitalizada. Una Administración en la que el respeto a la ley no resplandece –y, en su lugar, impera la estricta decisión política, indiferente o despreciativa hacia los límites que impone el derecho- es una Administración vacía, errática y desoladora. Víctima ideal para los ataques que desde posiciones interesadas se lanzan contra lo público, tratando de identificarlo con lo ineficiente.

Las cosas no son casuales. El actual estado de nuestra Administración es resultado del desdén que hacia el derecho se ha venido practicando desde el Gobierno de Aragón –también desde las Cortes de Aragón, por sorprendente que pueda resultar-, desde los sindicatos de la función pública –ningún programa de las pasadas elecciones sindicales propugnaba el respeto a la legalidad y el fortalecimiento de la ética pública, sometiendo a ambos la negociación colectiva- y desde un amplio sector de los trabajadores públicos, que se ha ido alejando progresivamente de la cultura de la legalidad.

¿Cómo restauraremos la cultura de la legalidad en la Administración Pública? ¿Cómo es posible defender la función pública sin denunciar, al mismo tiempo, la actual quiebra de valores que se vive en las Administraciones? ¿Cómo cabrá devolver a los servidores públicos el vigor ético necesario para desterrar prácticas arraigadas que nos deslegitiman socialmente?¿Cómo liberarnos a un tiempo de la dictadura de la indecencia y de la dictadura de la incompetencia que nos amenazan cada día con más fuerza?