Una nueva resolución del Justicia de Aragón ha puesto de manifiesto un doble incumplimiento legal por parte del Departamento de Presidencia –y más concretamente, por la Dirección General de la Función Pública-, referido al plazo de resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y al deber de información al Justicia de Aragón en su labor de supervisión y control de la actividad administrativa.
Si resulta reprochable el que los plazos de resolución no se cumplan –como sucede en el caso del concurso a que se refiere la resolución del Justicia-, y tal circunstancia debiera ser motivo de exigencia de responsabilidades administrativas a los titulares de los órganos encargados de tal procedimiento, debemos insistir nuevamente en lo inadmisible que resulta el que un Departamento del Gobierno de Aragón –y, precisamente, el de Presidencia- no preste al Justicia de Aragón la colaboración debida en el ejercicio de sus funciones de control.
Parecer que lo que era una injustificable anomalía comienza a convertirse en una costumbre –posiblemente, porque los responsables de Presidencia han constatado que no ocurre nada por vulnerar las leyes-, produciéndose lo que podríamos calificar como “banalización de la ilegalidad”, fenómeno que debemos rechazar con toda la rotundidad posible, ya que esa forma de proceder –y la cultura que genera- es un elemento letal para la función pública y para el propio Estado de Derecho.
Se reproduce a continuación el escrito dirigido a la Consejera de Presidencia con motivo de la citada resolución del Justicia de Aragón:
“Excma. Sra. Consejera de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 7 de abril de 2011.
Estimada señora:
Con fecha 4 de febrero de 2011, el Justicia de Aragón dirigió a ese Departamento una sugerencia para que se resuelvan los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el plazo marcado por la normativa aplicable, a la vista de una queja en la que se constataba que una convocatoria de concurso que fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 15 de abril de 2009 –y que debería haber quedado resuelta el 2 de julio de 2009, tres meses después de concluir el plazo de presentación de instancias- no se hallaba resuelta en el momento de emitirse la sugerencia del Justicia, pese a haber transcurrido cerca de veintidós meses.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los titulares de los órganos competentes para instruir y resolver los procedimientos son directamente responsables del cumplimiento del deber de dictar resolución expresa en plazo. Dicho precepto, asimismo, establece que el incumplimiento de tal obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa.
Además, la sugerencia señala que, pese a las reiteraciones efectuadas, el Departamento de Presidencia no ha facilitado al Justicia de Aragón la información requerida sobre el estado de tramitación del referido concurso, lo que constituye un incumplimiento del deber de colaboración con dicha Institución que se establece en el artículo de su Ley reguladora y que se deriva igualmente del principio de lealtad institucional, a pesar de ser éste uno de los principios de funcionamiento que contiene, en su artículo 5, la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El doble incumplimiento que se desprende de la citada sugerencia del Justicia de Aragón revela el preocupante modo de actuar de los órganos de ese Departamento, razón por la cual le solicitamos que adopte las medidas necesarias para corregir tanto el incumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo de los procesos de provisión de puestos como la falta de colaboración con el Justicia de Aragón en el desarrollo de su labor de control y supervisión de la actividad administrativa.
No parece admisible que un Departamento como el de Presidencia, en el que precisamente residen las competencias en materia de relaciones institucionales, no se preocupe de respetar escrupulosamente sus deberes de colaboración con el Justicia de Aragón y de procurar que dicho respeto sea general por parte del conjunto de los órganos de los restantes Departamentos del Gobierno de Aragón.
Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
Eso de concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo pasó a la historia, eso era lo que marcaba la ley, ahora los puestos se reparten entre los allegados al señor.
Antes los puestos de trabajo se ofertaban a oposición libre y en CONCURSO DE MERITOS, ahora se reparten por libre asignación, interinos, ... y COMISION DE SERVICIOS entre allegados.
Recobrará algun día el Estado derecho el principio de legalidad?.
El funcionario de oposición, profesional, independiente, es una especie a extinguir
Se harán públicas algun día las RPTs,comisiones, dietas, ..... ?
Uno de los principios de la Democracia es que no hay nadie por encima de la Ley. Pero esta señora cree estarlo, o se comporta como si lo estuviera.
¿Es demócrata esta señora?
Bien se ve que no, o al menos no se comporta como tal.
Hay que juzgarlos por sus acciones y no sólo por sus palabras.
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