Acabamos de dar comienzo a un año que, sin duda, resultará decisivo para la conformación del futuro próximo de nuestra Administración autonómica, tanto por la cita electoral del 22 de mayo –de la que saldrá el nuevo Gobierno de Aragón- como por los desafíos de todo tipo que conlleva la situación de crisis económica que padece nuestro país, reveladora de las particulares debilidades de nuestro modelo de desarrollo económico y, también, del escaso rigor con que han actuado y actúan buena parte de nuestros gestores públicos.
Esta Asociación quisiera dejar claro, desde su primera nota de 2011, que el ejercicio de la crítica que pueda hacerse por el mal funcionamiento institucional lo lleva a cabo, precisamente, desde el compromiso con las instituciones. No cuestionaremos nunca el modelo constitucional –expresión de la soberanía del pueblo español- y nuestro empeño, en realidad, no es otro que contribuir a su buen funcionamiento, con propuestas de avance y críticas o denuncias hacia lo que creemos que son prácticas contrarias a sus principios y valores.
Igualmente deseamos despejar cualquier duda respecto a la pluralidad e independencia de esta Asociación. Es difícil para quien gobierna las instituciones distinguir entre las críticas marcadas por oposición política –en una necesaria labor de control democrático- y aquellas otras críticas, como las que pueda realizar esta Asociación, derivadas exclusivamente de la defensa de la legalidad y de los demás principios que impone la buena administración. Que nadie dude que el nivel de exigencia o control que esta Asociación –en su limitada actividad- haya podido ejercer sobre el actual equipo de gobierno autonómico lo seguirá ejerciendo, con igual rigor, frente al nuevo ejecutivo que pueda resultar de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.
No podemos negar que vemos con satisfacción la información en la que se revela que la gestión del Gobierno de Aragón –y de la Administración autonómica que dirige- se halla hoy sujeta a la investigación del Ministerio Fiscal, por si en ella se ha podido incurrir en delitos de cohecho, prevaricación, malversación o falsedad. Las denuncias realizadas por esta Asociación, a lo largo de sus casi cuatro años de actividad, sobre el ilegal régimen retributivo en la función pública aragonesa o la utilización fraudulenta de los puestos de asesor en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, no pueden ser casos aislados, sino claros ejemplos de una forma de gestión pública que ha olvidado la legalidad y la ética pública como guías necesarias de conducta.
Nos atrevemos, por ello, a vaticinar que, al margen de la imagen de estabilidad y los innegables logros de la gestión llevada a cabo por la coalición de gobierno que ha dirigido la política aragonesa en estas tres últimas legislaturas, el balance de este periodo quedará inevitablemente ensombrecido por las pautas de gestión utilizadas por los responsables políticos, en lo que supone de desprecio a las normas, al ordenamiento jurídico, al principio de legalidad y a las propias exigencias de gobierno democrático.
2011 ha de ser un año decisivo –o nos gustaría creerlo así, y ese ha de ser el principal empeño de esta Asociación- para superar y abandonar prácticas viciadas de gestión del dinero público y empezar a devolver a las instituciones su verdadera vocación de servicio público, sin patrimonialización ni instrumentalización política de ningún signo.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
17 comentarios:
La Fiscalía investiga varias decenas de contratos de la DGA del 2004 y el 2005
EL PERIODICO DE ARAGON.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si cargos o empleados del Ejecutivo aragonés pudieron cometer algún delito en la tramitación de varias decenas de contratos públicos que fueron adjudicados en los ejercicios del 2004 y el 2005, ambos en la pasada legislatura y con la coalición PSOE-PAR en el Gobierno.
Las contratas afectan a la práctica totalidad de las consejerías de la DGA, ya sea directamente o por haber sido tramitados y/u otorgados por las empresas y entes públicos que de ellas dependen, y fueron efectuadas en los años 2004 y 2005.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
Y como prescriben a los 5 años todos de rositas. El sistema está mal montado y quienes lo pueden cambiar no sólo no quieren sino que se aprovechan.
La apertura de las diligencias de investigación penal es consecuencia de la documentación y el dictamen que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas trasladó hace unas semanas, con valor de denuncia, al fiscal superior de Aragón, José María Rivera, y se basa en el informe de fiscalización de los ejercicios del 2004 y el 2005 del que ya informó EL PERIÓDICO en diciembre.
Rivera, al tratarse de una denuncia genérica que no incluía imputaciones concretas contra ningún aforado autonómico --el presidente, Marcelino Iglesias; el vicepresidente, José Ángel Biel, o cualquiera de los nueve consejeros--, la trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la competente para instruirla por encontrarse en su territorio la sede de la DGA. Su máximo responsable, Alejandro Fernández, ordenó el pasado 23 de noviembre la apertura de las diligencias, inicialmente encomendadas a Victoria Esponera, la minuciosa fiscala de Delitos Económicos, encargada de asuntos como la Operación Molinos o el caso Becerril.
PERIODICO DE ARAGON.
¿Esto se pone serio?
¿O no?
Esponera comenzó hace unas semanas a estudiar la voluminosa documentación remitida por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas --llena tres cajas-- y el dictamen que la acompañaba, que advertía de la detección de irregularidades administrativas y de indicios de la posible comisión de delitos.
Esponera ha emitido un primer dictamen en el que a lo largo de 46 páginas desbroza y ordena la documentación en 24 grupos de contratos, ya sea por proceder de una misma consejería o por resultar adjudicados a una misma empresa, y recomienda desarrollar la investigación respetando esos bloques.
La fiscala también advierte de la complejidad de las pesquisas, cuyos responsables deberán analizar montañas de documentación y tomar declaración a numerosas personas, ya sea en calidad de imputados o tras ser citados como testigos.
Entre otros, según ha podido saber EL PERIÓDICO, los fiscales investigan la posible existencia de delitos como falsedad, malversación, cohecho y prevaricación.
PERIODICO DE ARAGON.
Me permito corregir: más que un año decisivo, un año difícil y comprometido.
Con perspectivas difíciles.
Nueve fiscales investigarán los contratos de la DGA con posibles irregularidades.
HERALDO DE ARAGON.
Nueve fiscales de Zaragoza se van a encargar de investigar varias decenas de contratos públicos adjudicados por el Gobierno aragonés durante los ejercicios 2004 y 2005, en los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectó posibles irregularidades administrativas e indicios de la posible comisión de delitos. Las contratas afectan a siete consejerías de la DGA, y fueron tramitadas directamente por los departamentos o a través de empresas y entes públicos que dependían de ellos. En total, solo las contrataciones investigadas por posibles "infracciones penales" suman 479 millones de euros y 26 contratos. A estos hay que sumar también los numerosos expedientes analizados por presuntos delitos contables.
Con la prolija documentación remitida a finales de noviembre desde Madrid, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza encargó un primer informe a Victoria Esponera, fiscala especialista en Delitos Económicos y responsable de investigaciones como la Operación Molinos. Concluido su trabajo, esta ha redactado un documento, que entregó el pasado 27 de diciembre, en el que enumera las posibles irregularidades y las divide en 24 grupos, atendiendo a distintos criterios: consejería que los firmó, empresa adjudicataria, etc.
El fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, ha ordenado ahora a otros nueves fiscales que continúen con las pesquisas. Por lo que serán ellos quienes se encarguen de examinar con detalle cada contrato y de citar a las personas que estimen oportunas para aclarar dudas. Aunque no se puede precisar cuánto puede durar esta fase de investigación, se intentará que esté acabada antes de dos meses (es decir, podría haber una resolución antes de las elecciones). Será entonces cuando se planteen las posibles responsabilidades penales, en caso de haberlas.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
Lo normal cuando se lleva 12 años continuos de poder. No se si los otros serán mejores o peores, pero que hace falta aire limpio lo tengo muy claro.
¿Normal?
¿Cuántos años llevamos la mayor parte de los profesionales en nuestra actividad sin que nos investigue la Fiscalía?
Entre otras irregularidades detectadas en la contratación de la administración autonómica en los años 2004 y 2005, destacan, por ejemplo, la fijación de criterios más selectivos una vez abiertas las ofertas en algunas zonas del millonario plan de depuración o la adjudicación de la residencia de Las Fuentes sin tener en cuenta el precio de las ofertas. También afecta la investigación a proyectos como el Hospital de Barbastro, la ampliación del Museo Pablo Serrano, el servicio de transporte sanitario no urgente o el suministro centralizado de medicamentos.
El Tribunal de Cuentas también ha investigado si la DGA pagó de más en contratos de obras, que se desfasaron hasta un 20% y cuyo sobrecoste no está justificado. Además, existen casos como el del gerente de Motorland, que percibió una elevada remuneración en 2004 sin tener contrato. O 777 millones de euros que -según el Tribunal - la DGA repartió en subvenciones a empresas y asociaciones durante un solo año, 2005. Algunas se otorgaron "sin convocatoria específica, de forma directa, sin que se hubiera justificado por qué no se sometían a los habituales procedimiento de concurrencia".
HERALDO DE ARAGON.
La oposición pide aclarar la investigación de la Fiscalía, que no inmuta al Pignatelli.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Y yo me pregunto, nos bajan el sueldo, suprimen ayudas, recortan inversiones,pero ¿y ellos? ¿han bajado sus gastos corrientes? ¿siguen llamando por teléfono con el dinero de todos? ¿siguen comiendo con cargo a los fondos públicos? ¿viajan sin controlar y racionalizar sus gastos?.
Ya esta bien, que empiecen a dar ejemplo,... se me olvidaba, en cinco meses hay elecciones, ya no hay tiempo, tienen que llevarse todo lo que puedan, ya vendrán otros, y vuelta a empezar ¿y así hasta cuando?. Los ciudadanos y ciudadanas nos deberíamos plantar, que no nos tomen más el pelo.
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