El Justicia de Aragón ha comunicado a esta Asociación que el Departamento de Presidencia ha aceptado la sugerencia que le realizó dicha Institución, con fecha 17 de noviembre de 2010, con el fin de que no se incluyeran en la Oferta de Empleo Público plazas que no figurasen en las relaciones de puestos de trabajo en el momento de su aprobación, respetando con ello lo establecido en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma.
Tal sugerencia venía motivada por la queja planteada por esta Asociación al aprobarse por el Gobierno de Aragón la Oferta de Empleo Público de 2010, incluyendo en la misma plazas correspondientes a una clase de especialidad -como la de Sociólogos y Politólogos- que en el momento de aprobación de la Oferta no sólo no disponía de puestos vacantes en las relaciones de puestos de trabajo, sino que ni siquiera se hallaba creada como tal Clase de especialidad, invirtiendo así la relación que ha de existir entre Oferta y puestos de trabajo vacantes, toda vez que los puestos de trabajo de dicha Clase de especialidad -no creados hasta hoy en las relaciones de puestos de trabajo, casi diez meses después de su inclusión en Oferta- no sabemos ya si responden a una razón organizativa cierta o a la simple exigencia impuesta por unos procesos selectivos convocados de forma irregular, al no existir plazas vacantes de tal Clase de especialidad a las que acceder en el momento de su convocatoria.
Es curioso constatar el doble lenguaje del Departamento de Presidencia, ya que al tiempo que acepta la sugerencia del Justicia de Aragón -y admite, con ello, que no cabe incluir en la Oferta plazas que no figuren en las relaciones de puestos de trabajo- afirma que la Oferta aprobada sin respetar dicha regla no puede considerarse contraria al ordenamiento jurídico. Los malabarismos del Departamento de Presidencia son realmente notables: se incluyen plazas que no existen en Ofertas de Empleo Público -no importa, por el contrario, que las que existen no se incluyan, como es el caso de los centenares de puestos de la Escala Auxiliar Administrativa, ocupadas por personal interino año tras año- y, sin embargo, con igual despreocupación, se omiten los nombres de decenas de eventuales nombrados por la Consejera de Presidencia, creyendo acaso compatibles la publicidad y el secreto a un mismo tiempo, al afirmar la continuidad de ciertas personas en los puestos en que previamente habían cesaso, omitiendo su identidad. Las personas que existen se ocultan -como es el caso de los eventuales- y los puestos que no existen se incluyen en la Oferta de Empleo Público. Es verdaderamente difícil superar el esperpento administrativo en que incurre el Departamento de Presidencia.
Basta para comprobarlo leer el escrito de aceptación que dicho Departamento remitió en fechas recientes al Justicia de Aragón, en el que se esfuerzan en justificar algo que nadie ha cuestionado, como es la creación de la clase de especialidad de Sociólogos y Politólogos, omitiendo las razones por las que la Oferta incluye plazas que no existen en las relaciones de puestos de trabajo en el momento de su aprobación y que, posteriormente, no se han habilitado en dichas relaciones hasta diez meses después, una vez publicadas incluso las convocatorias de los diferentes procesos selectivos, pues no debe olvidarse que si bien se incluyen tres plazas, cada una de ellas se reserva a un turno de acceso diferenciado: libre, promoción interna, discapacitados. Que tal decisión se adoptase en ausencia de puestos reales vacantes es indicio claro de que tal diversidad de turnos respondía a circunstancias de personas concretas, identificables aunque no identificadas. Una vez más, las personas anteceden a los puestos, pero en este caso vulnerando las reglas más básicas de aprobación de la Oferta de Empleo Público. El Departamento de Presidencia -la Dirección General de la Función Pública, en este caso- se supera continuamente en su capacidad de arbitrariedad y actuación irregular.
La aceptación del Departamento de Presidencia y sus términos constan en el escrito que reproducimos a continuación:
"Mediante Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 5 de abril de 2010, se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2010, en la que se incluyen plazas correspondientes a personal funcionario y laboral de Administración General, personal docente universitario (sic)y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, y que contempla la inclusión de plazas correspondientes a la Clase de especialidad de sociólogos y politólogos.
Con fecha 7 de abril de 2010 se publica en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto 40/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la clase de especialidad de Sociólogos y Politólogos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Efectivamente la publicación del Decreto de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyen plazas correspondientes a esa clase de especialidad es anterior a la publicación del Decreto de creación de la citada clase de especialidad, sin embargo, ello obedeció a una cuestión de orden temporal en la publicación de las citadas disposiciones en el Boletín Oficial de Aragón, sin que de ello quepa deducir que el Decreto de Oferta de Empleo Público sea contraria (sic) al ordenamiento jurídico, pues el Decreto de creación de la citada clase de especialidad responde a una verdadera necesidad de contar con personal especializado que posea formación específica en sociología y ciencias políticas para desarrollar adecuadamente sus funciones en campos en que la Administración de la Comunidad Autónoma tiene asignadas importantes competencias, como es la inmigración, la planificación, la cooperación al desarrollo, la población o la estadística y análisis de datos, lo que exige una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos en cuanto a la exigencia de acreditación de determinados conocimientos en su personal que garanticen la profesionalidad necesaria.
Y la detección de esa necesidad por esta Dirección General en aras a aprobar un Decreto de creación de esta clase de especialidad que responda a estas necesidades es fruto de trabajos desarrollados meses antes de la publicación del Decreto de Oferta de Empleo Público.
No obstante, este centro directivo acepta expresamente la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, adoptando las medidas necesarias para garantizar la adecuación a derecho de la oferta de empleo público aprobada".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
No será que esas plazas de sociólogos tienen ya nombre y apellidos.
Seguiremos con interés los distintos procesos selectivos, seguramente el tiempo no dará la razón.
Esta administración tiene una muy difícil solución, cada vez son más las irregularidades cometidas sin que nadie responda por nada, una verdadera pena.
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