ACUSAR AL FUNCIONARIO DE RADICALISMO: ARGUILÉ O EL DESCONOCIMIENTO INEXCUSABLE.

Cuando todavía no se han apagado los ecos de las descalificaciones públicas realizadas por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, contra miembros del Tribunal de Cuentas, por el informe de éste sobre las numerosas irregularidades y deficiencias en que incurrió el Ayuntamiento de Zaragoza en la ejecución de las obras y en el desarrollo de la Expo Zaragoza 2008, nos enfrentamos a un nuevo exceso verbal, igual de improcedente e injustificado, como el protagonizado por el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, contra funcionarios de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), adscrito al mismo Ministerio, a los que se permite calificar de “militantes del radicalismo ecologista”, según se recoge hoy en los medios de comunicación, por cuestionar la viabilidad del proyectado embalse de Biscarrués.

No le corresponde a esta Asociación entrar en el fondo del asunto, para dilucidar el objeto de controversia real del citado proyecto, pero ello no es obstáculo alguno para poder valorar lo desacertado e inaceptable que resulta que un responsable político descalifique la profesionalidad de los técnicos de la Administración Pública, cuando éstos no avalan con sus informes o dictámenes la decisión política previamente adoptada, al entender que la misma carece de viabilidad técnica o es jurídicamente improcedente, por no ajustarse a las exigencias del ordenamiento jurídico.

Podemos recordar, en este mismo sentido, las penosas declaraciones realizadas por el Vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, cuando los estudios de impacto ambiental descartaron la proyectada autovía entre Teruel y Cuenca, al señalar que una decisión política no podía invalidarse por informes de técnicos de la Administración.

Es sorprendente constatar el desconocimiento inexcusable que, con declaraciones de este tipo –las de ahora de Gonzalo Arguilé o las de antes de José Ángel Biel-, revelan personas que llevan tantos años ejerciendo labores de gobierno, sin acertar todavía a comprender –a la vista de sus declaraciones- lo que supone gobernar en un Estado de Derecho como el que establece nuestra Constitución, con sujeción a las normas, y con la necesaria mediación de una Administración Pública que tiene como misión constitucional expresa servir con objetividad al interés general y asegurar el respeto del ordenamiento jurídico.

Tal vez asegurar el respeto de la normativa medioambiental, obligación primera de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural, le parezca al consejero Arguilé algo propio de ecologistas radicales, pero tal juicio no habla mal, ni mucho menos, de los técnicos exigentes de la Administración General del Estado, sino de la paupérrima concepción que un miembro del Gobierno de Aragón, tras tantos años en el ejercicio de responsabilidades de dirección política, tiene de lo que es la Administración Pública, incapaz todavía de distinguir el papel de los funcionarios públicos y la función garantista que suponen los procedimientos administrativos.

Cuando las normas no permiten la ejecución de una decisión política, sea la autovía entre Teruel y Cuenca o el embalse de Biscarrués –dicho sea a título de ejemplo-, en lugar de reconocerse la inviabilidad de la decisión política, por contravenir las normas, es más sencillo para el político desairado cargar contra la profesionalidad de los técnicos de la Administración, y acusarlos, de forma absurda, de radicalismo ecologista. Es posible que muchos políticos hayan olvidado –o acaso nunca hayan llegado a descubrir- el alcance radical que suponen la democracia o el sometimiento de la política al derecho en un Estado de Derecho.

Traspasar las normas, defendidas por funcionarios radicales o moderados, pero comprometidos con la legalidad, es sencillamente entrar en el terreno de la ilegalidad, la prevaricación, el ilícito penal, la corrupción. Deberían alegrarse los responsables políticos de que todavía existan, aunque sea en otra Administración distinta a la que ellos dirigen, funcionarios empeñados en evitar que dicha línea sea franqueada por decisiones de cualquier naturaleza, políticas o administrativas.