CARTA AL ALCALDE DE ZARAGOZA: RESPALDO A LA FUNCIÓN DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa nos hemos dirigido hoy, por escrito, al alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, para expresarle nuestro disgusto por sus recientes declaraciones de descalificación a la labor de control realizada por el Tribunal de Cuentas en relación con los gastos motivados por la celebración de la Expo Zaragoza 2008, al entender que en ellas concurre una injustificable falta de respeto a la función que constitucionalmente viene atribuida a dicho Tribunal.

Nunca resultan agradables los reproches –sean de legalidad o de eficiencia- que realizan a los gestores públicos los órganos de control de la gestión económica, pero ello no justifica en modo alguno reacciones desmesuradas y destempladas, como la protagonizada por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, achacando las críticas a intencionalidad política, es decir, a falta de objetividad y rigor en el ejercicio de la función fiscalizadora.

Es particularmente llamativo que un miembro de la carrera judicial, como Juan Alberto Belloch, que ha optado por el ejercicio de la política activa y, por lo tanto, ha abandonado la imparcialidad e independencia propias de su función jurisdiccional, no sepa reconocer la especial posición del Tribunal de Cuentas y critique a quienes están sujetos a esos deberes de imparcialidad e independencia, como son los miembros de dicho Tribunal.

Creemos que, tanto si tales críticas fueron resultado de una reacción precipitada como si no, sería deseable que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, las rectificase y dejase fuera de toda duda su respeto y consideración hacia la labor del Tribunal de Cuentas, cuya actividad es consustancial a un sistema de división de poderes y control del poder político. La buena administración de los recursos públicos no se concreta en enfáticas proclamas sobre “proezas administrativas” o en la autocalificación de “gestión perfecta”, sino, precisamente, en el riguroso y contrastado análisis de órganos técnicos y cualificados como el Tribunal de Cuentas.

Algo tan obvio no puede desconocerlo una persona que cuenta con una trayectoria profesional y política tan dilatada e intensa como el actual alcalde de Zaragoza.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido:

“D. Juan Alberto Belloch Julbe
Alcalde de la Ciudad de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Plaza del Pilar, s/n
50071-ZARAGOZA

27 de enero de 2011.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, organización que agrupa a servidores públicos preocupados por la defensa y promoción de los principios de buen gobierno y buena administración, deseo trasladarle nuestra total disconformidad con las declaraciones públicas realizadas, como máximo responsable del Ayuntamiento de Zaragoza, en las que ha cuestionado la independencia y objetividad de miembros del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su labor de fiscalización de las cuentas públicas de ese Ayuntamiento respecto a la ejecución de la Expo Zaragoza 2008.

Consideramos que los titulares de las instituciones públicas han de tener, como pauta de conducta, el escrupuloso respeto a la actividad de órganos de control de la gestión económica del sector público como el Tribunal de Cuentas, cuya función permite al Parlamento y al conjunto de los ciudadanos conocer si la gestión de los recursos públicos ha sido acorde a los principios de legalidad y de eficiencia, principios ambos que han de presidir la actividad de todas las Administraciones Públicas, tal y como señala el artículo 103.1 de la Constitución Española.

Entendemos que las tachas que el Tribunal de Cuentas pueda señalar a la gestión de una Administración Pública –como sucede en este caso con el Ayuntamiento de Zaragoza- constituyen, por definición, un juicio objetivo y técnico sobre la gestión de los recursos públicos realizada, suponiendo una manifestación de deslealtad institucional el responder a tales tachas con descalificaciones o desdén, acaso ignorando o tratando de hacer ignorar que órganos de control como el Tribunal de Cuentas son mecanismos institucionales de aseguramiento del interés general y, como tales, se hallan ajenos al debate político y a la estrategia o intereses de los diferentes partidos políticos.

Consideramos que sólo desde el respeto y la lealtad institucional entre los diferentes órganos y niveles de gobierno del Estado es posible recabar, a su vez, el respeto de los ciudadanos a las diferentes instituciones.

Por ello, le rogamos una rectificación pública de las declaraciones realizadas en las que cuestionaba la objetividad del Tribunal de Cuentas, por entender que tales manifestaciones son radicalmente contrarias a las exigencias de buen gobierno a las que han de ajustar su conducta los titulares de instituciones democráticas.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, aprovecho para trasladarle un respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.