La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha abierto recientemente diligencias de investigación para esclarecer las posibles responsabilidades que pudieran concurrir por la falta de tramitación por parte del Departamento de Medio Ambiente de denuncias formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, al no haber incoado expediente sancionador con motivo de presuntas infracciones detectadas por dichos agentes de la autoridad.
La irregular actuación del Departamento de Medio Ambiente fue constatada por el Justicia de Aragón, en una resolución dictada el pasado 4 de noviembre de 2010, a raíz de una queja planteada ante dicha Institución. En dicha queja se señalaba, de acuerdo con los datos confeccionados por los propios servicios del Departamento de Medio Ambiente, que durante el año 2009, en la provincia de Zargoza, se formularon 31 denuncias por infracciones en materia de biodiversidad, sin que ninguna de ellas diera lugar al correspondiente procedimiento sancionador, así como 11 denuncias en materia de vías pecuarias, sin que tampoco fuese instruido expediente sancionador alguno a raíz de las mismas, o 143 denuncias en materia de montes, de las cuales sólo motivaron apertura de expediente sancionador 56.
Estos datos, por sí solos, revelan una inexplicable práctica administrativa por parte del Departamento de Medio Ambiente, causante de un profundo malestar entre los Agentes de Protección de la Naturaleza, cuya imagen como agentes de la autoridad se ve claramente menoscabada ante la impunidad de un gran número de los infractores denunciados.
No sólo se trata de una actuación inexplicable, sino también inexplicada, toda vez que el Departamento de Medio Ambiente no facilitó al Justicia de Aragón ninguna información sobre tales hechos, a pesar de haber sido requerido de forma reiterada por dicha Institución, como expresamente se hace constar en su resolución de 4 de noviembre de 2010.
Entiende esta Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa que hechos tan graves como la inaplicación de las sanciones previstas a los infractores de las normas medioambientales –procediendo a un archivo injustificado de las denuncias formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza- no pueden quedar inexplicados por los responsables del Departamento de Medio Ambiente ni pueden dejar de ser investigados por los órganos encargados de velar por el respeto de la ley. Recientemente, el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, competente en materia de inspección general de los servicios de la Administración autonómica, ante la petición de investigación de tales hechos que le dirigió esta Asociación, se limitaba a dar traslado de tal petición al propio Departamento de Medio Ambiente, inhibiéndose en el ejercicio de sus responsabilidades.
Por ello, esta Asociación valora muy positivamente la apertura de diligencias de investigación por parte del Ministerio Fiscal, al tiempo que va a instar al Consejero de Medio Ambiente para que la información que no se quiso facilitar al Justicia de Aragón se haga llegar ahora al Ministerio Fiscal, enumerando la relación de hechos denunciados, presuntos infractores y razones por las que tales denuncias no dieron lugar a la apertura de un procedimiento sancionador, como exigen las normas de procedimiento administrativo.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
33 comentarios:
Catalina Julve ha sido imputada por cohecho y malversación de dinero.
La ex consellera de Medio Ambiente ha sido citada para el próximo lunes y será interrogada sobre las irregularidades descubiertas en su departamento - La portavoz de Unió Mallorquina sostendrá ante el juez que es inocente.
DIARIO DE MALLORCA.
¿Se ha acabado la impunidad?
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que declara nulo de pleno derecho el decreto de la Junta de 1998 que permitió a la Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía (Egmasa), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, definir sus cometidos y privatizar determinadas labores que podían ser realizadas por funcionarios. El fallo da la razón al sindicato CSIF, después de más de diez años de litigios contra la externalización de trabajos que dependen de la Administración medioambiental.
La sentencia cuestiona lo que se denomina «riesgo potencial de fuga del Derecho administrativo», contenido en el decreto, que en la práctica se concreta en «un diferente sistema de contratación administrativa, en la exclusión de gran parte de la actividad de estas empresas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa y, especialmente, en excepcional el régimen de selección de su personal de los principios de mérito y capacidad que la Constitución Española establece preceptivamente para los funcionarios públicos, rigiendo un sistema de libre selección de un personal cuyas retribuciones van a ser sufragadas con el erario público, y que a la vista del objeto societario pueden desempeñar funciones similares a las que desarrollan éstos».
De esta forma, y entre otras consideraciones, la sentencia indica que a partir de ahora los trabajos que impliquen «autoridad pública» sólo podrán ser desempeñados por funcionarios y no por una empresa mercantil.
Además, «la protección de los espacios naturales, la defensa de márgenes y encauzamientos hidráulicos puede suponer el ejercicio de facultades de autotutela, de recuperación y la imposición de sanciones, cuya tramitación corresponde a los funcionarios públicos y a los agentes de Medio Ambiente». Tampoco Egmasa podrá «aprobar planes o programas de caza en terrenos que no sean de su titularidad».
ABC SEVILLA.
¿Estamos ante el ocaso del montaje de empresas como Sodemasa?
Parece que en Andalucía sí.
La sentencia cuestiona lo que se denomina «riesgo potencial de fuga del Derecho Administrativo», contenido en el decreto ahora anulado, dado que se utiliza un sistema para contratar a los trabajadores distinto al de los funcionarios.
La sentencia del Supremo, en los Fundamentos de Derecho, indica que «estamos claramente ante una disposición de carácter general, que innova el ordenamiento jurídico autonómico porque dicho decreto modifica el objeto social de la Empresa Pública ambiental, para concretarlo e incluir nuevos ámbitos de actuación, al mismo tiempo que define aspectos de su régimen jurídico».
Así, prevé que Egmasa pueda desarrollar algunas actividades que tradicionalmente eran desempeñadas, de manera directa, por la Administración, «y que en algunos casos, dependiendo de su ejercicio, supone el desapoderamiento de ésta, y por tanto de sus funcionarios, de facultades que implican el ejercicio de potestades públicas».
La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre Egmasa le ha venido como anillo al dedo al PP para situar a esta empresa pública como la "punta de iceberg" del "caos" en la gestión de las empresas públicas y la administración paralela que estas representan hoy en la Junta. Este caso, del que pedirán explicaciones al Gobierno andaluz la semana próxima en el Parlamento, según anunció ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, encubre la pretensión de "privatizar" la administración a través de consultorías externas por las que se desvía el trabajo de los funcionarios.
La resolución del TS para los populares es la constatación de lo que venían denunciando desde hace años y que, a juicio de Sanz, supone un coste de 5.000 millones en empresas públicas, al que se añade un coste extra de "ineficacia", de falta de transparencia -no se facilita información a la oposición acogiéndose a la Ley de Protección de Datos- y de ser un "cementerio de elefantes socialistas".
Para Sanz, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, debe instaurar de manera "urgente" tanto en las consejerías como en las empresas públicas una política de "austeridad", ya que en estos momentos hay funcionarios que ven cómo se les usurpa trabajo, ya que de lo contrario estaría mintiendo respecto a un compromiso que asumió desde su investidura.
El Alto Tribunal resolvió en noviembre de 2009 la anulación del decreto que autorizó en 1998 la constitución de esta sociedad y sus funciones por un defecto de forma: la no participación en su redacción del sindicato, CSI-CSIF, que denunció la disposición por intuir un "riesgo potencial de fuga del Derecho Administrativo", perjudicar el empleo público, y dar pie al "desapoderamiento" de la administración y de sus funcionarios. Este hecho, sin embargo, para el Supremo no queda probado del todo y en la resolución establece que el sindicato, al que da la razón en parte, "no llega a concretar, ni menos aún probar al menos de forma indiciaria, cuáles son los riesgos de privatización".
DIARIO DE SEVILLA.
Comentario:
Si la opinión pública supiese lo que las empresas públicas facturan a las administraciones por cada uno de esos ENCHUFADOS que meten con calzador usurpando puestos de funcionarios, se les iban a caer los palos del sombrajo a todos.
Comentario:
En las Oficinas Comarcales Agrarias y en las Delegaciones de Agricultura desde hace tiempo cuando un funcionario se jubila se cubre la plaza con un enchufado de la empresa pública DAPSA, y al cabo del tiempo la plaza original termina desdotándose y desapareciendo. Supongo que pasará lo mismo con EGMASA y la C. de Medio Ambiente.
DAPSA es SIRASA y EGMASA es SODEMASA.
Comentario:
Muchas direcciones generales de la Junta están llenas de funcionarios sin no tener nada que hacer, trabajo que usurpan las empresas instrumentales en aras de una "mayor efectividad". Dobles funciones, doble sueldo doble gasto y muy mala organización. Faltan profesionales de la dirección de recursos humanos, un caos absoluto.
Comentario:
Ademas de Empresas Publicas hay, , , Agencias, Fundaciones, Observatorios. . Consejos Sociales. . y las subcontratas de estas Entidades.
Comentario:
No se puede generalizar, ni en la empresa pública ni en la administración. En las empresas públicas estan los elefantes muertos que cobran mucho y no hacen nada, pero tb hay gente muy competitiva con sueldos bastantes más bajos que los funcionarios. Y en la administración, pues habrá gente con ganas de trabajar y otra que no la tiene. Lo que pasa en la administración es que como los funcionarios son intocables pues el que no quiere trabajar, pues no lo hace.
Comentario:
Hay mucha gente que trabaja en labores que deberían hacer funcionarios (yo lo he hecho incluso en trabajos que implican sanciones), después se realiza una artimaña pseudolegal en la que un funcionario firma para dotar a los informes de validez. El problema con las empresas públicas es q son un río de dinero público en subcontratas, y el negocio es el siguiente: pongo un externo, cobro por él un riñon y le pago una basura. Redondo para la financiación del PSOE.
Comentario:
Yo trabajo en medio ambiente, y EGMASA palmariamente hace trabajos que tendrian que hacer los funcionarios; el que no lo quiera ver esta ciego. Ahora mismo, en una obra publica, el jefe de obras es uno de EGMASA mas un encargado. Mientras, el ingeniero de la administracion y los agentes forestales miran asombrados como le usurpan sus funciones. Dos sueldos que sobran ¿cuales?
Comentario:
Es una vergüenza que os tengan que firmar los informes que haceis los funcionarios, cuando los tenían que hacer los propios funcionarios. Entrar en la Administración sin oposiciones haciendo el mismo trabajo que los funcionarios es un enchufe.
Comentario:
Tenemos que demostrar que ejercen ilegalmente potestades públicas, pero los sindicatos no nos apoyan plenamente. Si lo hiciesen pondrían demandas judiciales contra los externos.
Comentario:
Es una vergúenza que la Junta de Andalucía no piense en dar marcha atrás ni con una sentencia. Los funcionarios estamos hasta las narices que nos dejen sin competencias, mientras el ciudadano costea esa INEFICIENCIA
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, aprovechó ayer una visita a Tarazona para anunciar que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) se personará en la causa que investiga la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela. El secretario general del PAR confirmó también que ha sido citado para declarar el día 12 de febrero en calidad de testigo. Y recordó que en esa misma providencia el magistrado ofrecía al IAA personarse en el proceso, "debido al perjuicio ocasionado con una subvención que no se ejecutó como estaba previsto", dijo.
Boné mostró su deseo de colaborar con la Justicia. "Como siempre hemos hecho desde el departamento de Medio Ambiente", aclaró. En este sentido, el consejero recordó que "el juzgado ya recibió todos los informes de los técnicos del IAA cuando se comprobó que el 70% de las 23 obras que deberían haberse ejecutado para poder cobrar 635.000 euros en subvenciones del Plan del Agua no se habían ejecutado, pero sí habían sido certificadas con facturas supuestamente falsas".
Por su condición de aforado, Boné puede declarar ante el juez en su despacho del Pignatelli. Sin embargo, no tiene intención de hacer uso de este privilegio. "Me voy a poner en contacto con el juzgado para manifestarles que mi deseo es acudir a La Almunia, como cualquier otro ciudadano, y contestar allí a todas las preguntas que me quiera hacer", explicó.
En los mismos términos se expresaba ayer el vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas, que también ha sido citado por el juez que investiga la Operación Molinos. "A nadie le agrada tener que acudir a un juzgado, pero estaré encantado de hacerlo para aclarar lo que haga falta sobre este asunto", manifestó. "Aprovecharé también para dejar claro que yo nunca presidí ninguna junta de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, y que siempre he votado a favor de las resoluciones de las ponencias técnicas", recordó Llanas.
Todos los partidos, salvo CHA, evitaron valorar ayer la citación de Boné y se limitaron a decir que es la Justicia la que actúa y sigue su proceso. La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, no obstante, aprovechó para denunciar que el consejero se negó a comparecer en las Cortes para dar explicaciones sobre este caso y se congratuló de que ahora diga estar "encantado" de colaborar con la Justicia.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
dice que siempre colabora con la justicia... entonces, ¿que hay del informe del justicia de aragón, donde se le recuerda por dos veces de sus obligaciones legales, por ejemplo en la falta de tramitación de las denuncias de los forestales ? o la falta de transparencia de las empresas públicas que él mismo creo? pero cuante jeta, por dios!!
Comentario:
En cualquier país civilizado, este señor debería haber sido CESADO fulminantemente, igual que la alcaldesa de La Muela a quien, de confirmarse toda la trama, deseo una larga estancia en la prisión. Pero estamos en España, país tercermundista en el que los políticos campan a sus anchas y gozan de unos privilegios que convierten la Constitución en un chiste de mal gusto.
La Constitución no es ningún chiste de mal gusto.
El mal gusto es de quien intenta reírse de ella.
¡Vaya final de legislatura que nos aguarda!
¡Y que les aguarda!
Medio Ambiente
21/1/2011-20:25
El Seprona localiza a un grupo de personas dedicadas a la captura ilegal de fringílidos
-La Guardia Civil de Huesca localiza un grupo de personas dedicada a la captura ilegal de fringílidos en la comarca de la Hoya de Huesca. En la operación llevada a cabo por el Seprona se formularon 35 denuncias a la ley de caza, ley de montes y ley de biodiversidad, decomisando un gran número de reclamos electrónicos.
ARAGON DIGITAL.
¿Se sancionará, acaso?
¿De qué depende?
Rudi asegura que las empresas públicas aragonesas son un ejemplo de “mal gasto” ejercido por una Comunidad
-La presidenta del PP, Luisa Fernanda Rudi, ha afirmado que la crisis financiera “es uno de los aspectos más graves de la crisis económica” y ha asegurado que las empresas públicas aragonesas son un ejemplo de “mal gasto” ejercido por una Comunidad. Cree imprescindible acometer la recapitalización del sistema financiero.
ARAGON DIGITAL.
Tarazona.- El Instituto Aragonés del Agua (IAA) se personará en la acusación por el caso de corrupción urbanística de La Muela (Zaragoza). Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, quien lo ha confirmado, señalando que es una parte "perjudicada en el mismo".
En estos momentos, según ha comentado, los servicios jurídicos del IAA estudian cómo responder afirmativamente a la invitación del juez.
Y es que, según pudieron comprobar técnicos de este organismo, el 70% de las 23 obras que deberían haberse ejecutado para poder cobrar 635.000 euros en subvenciones del IAA no se hicieron. Sin embargo, habrían sido certificadas con facturas supuestamente falsas “porque no se correspondían con la obra que certificaban”.
Hace casi ya tres años que comenzó la llamada "Operación Molinos", que originó la detención y encarcelamiento de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, quien regresó a su despacho municipal en verano de 2009. En este macroproceso hay más de cuarenta personas imputadas por una amplia gama de delitos, todos relacionados con la corrupción urbanística.
ARAGON DIGITAL.
Comentario:
Algunos consejeros y directores generales de la DGA tendrían que ir a declarar pero COMO IMPUTADOS, no como simples testigos. Es evidente que los chanchullos de La Muela los conocían sobradamente, e hicieron la vista gorda, pues era del PAR, y el PAR manda mucho en el gobierno de Aragón. Y así nos va...
Si la Fiscalía se tomase la mitad del interés que el Justicia en este asunto ...
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