El pasado día 15 de diciembre de 2010, esta Asociación se dirigió tanto a la Consejera de Presidencia, Eva Almunia, como al Director General de Organización, Inspección y Servicios, Antonio Brun, para instarles, como responsables máximos de la Inspección General de Servicios, órgano de control adscrito al citado Departamento, el inicio de una investigación sobre la irregular tramitación por parte del Departamento de Medio Ambiente de las denuncias medioambientales formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, puesta de manifiesto por una sugerencia realizada por el Justicia de Aragón el pasado mes de noviembre.
Tal sugerencia, realizada a raíz de una queja planteada ante dicha Institución, constataba dos hechos igualmente preocupantes, por lo que suponen de abierto incumplimiento de la legalidad. En primer lugar, se ponía de manifiesto que un número importante de las denuncias formuladas por parte de los Agentes de Protección de la Naturaleza, funcionarios adscritos al Departamento de Medio Ambiente a los que cumplen las labores de inspección del cumplimiento de la normativa ambiental en Aragón, no eran objeto de tramitación por parte de los órganos administrativos competentes del Departamento, hecho que, según las circunstancias que concurran, podría revestir un supuesto de prevaricación. En segundo lugar, la resolución del Justicia de Aragón destacaba la falta de colaboración por parte del Departamento de Medio Ambiente en la tramitación del expediente de queja, al no haber emitido el informe recabado sobre los hechos señalados en la queja, incumpliendo con ello el deber de colaboración con el Justicia de Aragón que corresponde a todas las instituciones y órganos administrativos, según establece la propia ley reguladora de dicha Institución, constituyendo su incumplimiento la posible comisión del delito tipificado en el Código Penal, dentro del capítulo de delitos contra las instituciones del Estado.
Frente a la gravedad de los hechos, la respuesta dada por el Departamento de Presidencia, a través de su Secretario General Técnico, no puede ser más insatisfactoria, al limitarse a señalar que el escrito formulado por esta Asociación, reclamando una investigación de los hechos por parte de la Inspección General de Servicios, había sido remitido a la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, por ser dicho Departamento el competente.
En modo alguno cabe aceptar tan pobre argumento del Departamento de Presidencia, para inhibirse en el asunto planteado por esta Asociación, a partir de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón. ¿Acaso el Departamento de Medio Ambiente es el competente para dirigir la actuación de la Inspección General de Servicios? ¿Acaso existen razones de orden político o de otro tipo que impidan a la Inspección General de Servicios ejercer sus funciones respecto a la actividad de los órganos del Departamento de Medio Ambiente?
Entendemos que la respuesta dada por el Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia, Felipe Faci, constituye una improcedente inhibición en el ejercicio de las responsabilidades de control e inspección que corresponden a dicho Departamento respecto a la investigación y esclarecimiento de las eventuales infracciones que se produzcan en la aplicación del procedimiento administrativo por parte de cualquier órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma. De hecho, el Decreto 349/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las competencias de la Inspección General de Servicios, establece en su artículo 1.2 el ámbito de actuación de dicho órgano de control, ámbito que se extiende al conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma y los Organismos Públicos dependientes de la misma.
Por ello, esta Asociación va a reiterar al Departamento de Presidencia su petición de investigación, viéndose en la obligación de precisar a los responsables de dicho Departamento cuáles son sus competencias e incluso las responsabilidades que pueden derivarse de su inejecución. Las competencias atribuidas a los órganos administrativos son irrenunciables y, con independencia de la investigación que puedan llevar a cabo los servicios centrales del Departamento de Medio Ambiente -esos mismos servicios que han negado al Justicia de Aragón su colaboración para esclarecer los hechos-, nada exime al Departamento de Presidencia de llevar a cabo su propia investigación, pues esa es precisamente la responsabilidad que normativamente se atribuye a dicho Departamento y a la Inspección General de Servicios, como órgano de control general adscrito al mismo.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
31 comentarios:
Suma y sigue.
Todo es igual ayer y hoy.
¿Creen que les vale echar balones fuera?
¡Qué desfachatez!
¿Más trabajo para la Fiscalía?
¿Dónde quedan los signos positivos que daba el Departamento desde los cambios de Consejero?
¿Fueron la verdura de las eras?
La Fiscalía de Medio Ambiente define al APN como policía judicial.
EL PERIODICO DE ARAGON.
29/05/2010
Un informe del fiscal de sala y coordinador nacional de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en defensa de la competencia de los Agente de Protección de la Naturaleza (APN) como policías judiciales complica el problema existente en distintas comunidades autónomas, entre ellas Aragón, para definir la autoridad que tienen estos agentes para valorar la naturaleza delictiva de un hecho denunciado. La Fiscalía de Teruel criticó en su última memoria a Medio Ambiente por servir de filtro de la labor de los forestales.
En concreto, Antonio Vercher afirma que "la norma es rotunda en el sentido de que no debe haber órganos intermedios entre el policía judicial que investiga un delito y la autoridad judicial o fiscal". También advierte de que "la labor de filtro previo a la hora de determinar la naturaleza delictiva o no de un hecho denunciado corresponde solo, y sin intermediarios, al juez o fiscal".
Y que "aceptar la existencia de entidades administrativas de control o que actúen como filtros ajenos entre la policía judicial y el ministerio fiscal u órganos judicial, podría dar lugar a que determinados hechos, aun siendo delictivos, no fueran adecuadamente investigados y, en última instancia, sancionados por el tribunal competente".
El tema tiene enjundia, y Faci se lo toma muy a la ligera.
Comentario:
No es la fiscalía la que define a los Agentes Forestales como policía judicial sino la ley de enjuiciamiento criminal.
No son los APN o los servicios jurídicos de la DGA los que deciden si una presunta infracción es delito o no.
CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A JUECES Y FISCALES DECIDIR SI UNA PRESUNTA INFRACCIÓN ES O NO DELITO, Y EXCLUSIVAMENTE ELLOS PUEDEN ORDENAR ABRIR DILIGENCIAS.
Otra cosa distinta puede ser una presunta prevaricación con penas de inhabilitación o prisión. ¡¡¡OJO!!! Srs. Jurídicos de la DGA.
Comentario:
AL PAR y al PSOE se les ve el plumero: les sobran controles para hacer sus fechorías. La ley de Montes - legislación básica del Estado - es clara: los APNs son policía judicial en sentido genérico. Es bien curioso que la única administración a la que, hasta ahora, le ha escocido esta pérdida de filtros políticos sea la de Esperanza Aguirre en Madrid. Estaba harta de que los agentes medioambientales denunciaran las infracciones de sus amigos, intentó apartar a los funcionarios, y los jueces le quitaron la razón.
Lo que se deduce de esta coincidencia, es que el modelo medioambiental de Aguirre y el de Marcelino-Boné es similar: manejar el medio ambiente como un coto privado.
Comentario:
Ley de Montes 43/2003, art. 6.q: "Agente forestal: Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa especifica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6º del art. 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Se trata de una ley que forma parte de la legislación básica del Estado (disposición final segunda art. 2), por lo que es de obligado cumplimiento para el Gobierno de Aragón (como le pasó al de Madrid). Más claro, agua.
¿Qué se teme que pueda descubrir la Inspecció General de Servicios?
¿Otra vez al Justicia de Aragón?
¿Quedamos atrapados en un círculo vicioso?
¿No es todo esto una intolerable tomadura de pelo?
¡Vaya columpiada!
¿A dónde vamos así?
¿Que investigue el infractor?
Lo que debería hacer el Justicia es denunciar ante la Fiscalía la falta de colaboración del Gobierno de Aragón. Ya lo debería haber hecho hace años. Y si no lo hace, está incumpliendo su obligación.
Hay que hacer lo que hay que hacer... y en su momento.
Es bueno que esto se sepa, aunque no se publique.
¿Será que carece de interés informativo?
Sería bueno saber a quiénes se ha denunciado por la guardería forestal y el Departamento de Medio Ambiente ha optado por archivar la denuncia, sin tramitarla como es su obligación.
¿Se puede pedir esa información?
¿La solicitará algún grupo parlamentario?
Hagamos las denuncias desde la Asociación, por la falta de colaboración del Departamento deMedio Ambiente con el Justicia y por la falta de inspección por el Departamento de Presidencia.
Y que decida el Ministerio Fiscal o el Juez competente.
Es una pena que haya que actuar así, pero no queda otro remedio, visto lo visto.
Esa asociación tendría mucho que hacer y decir, pero dudo de que tenga arrestos para tanto.
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