La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, a través de su Presidente, se ha dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle que en el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, que tendrá lugar la próxima semana en las Cortes de Aragón, el responsable del Ejecutivo autonómico incluya un análisis sobre el estado de la función pública aragonesa, dada la relevancia del papel que corresponde a ésta en la correcta ejecución de las políticas públicas y la especial responsabilidad del Gobierno de Aragón en asegurar su profesionalidad y su ordenación racional.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón:
“Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
Zaragoza, 7 de septiembre de 2010.
Estimado señor:
En mi condición de presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa -entidad constituida por servidores públicos de la Administración autonómica para la defensa y promoción de los principios y valores que han de regir el ejercicio de la función pública-, y ante la prevista celebración durante la próxima semana, en las Cortes de Aragón, del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón, deseo expresarle nuestro especial interés en que en dicho debate se aluda al estado actual de la función pública aragonesa, dada su decisiva incidencia en la aplicación de las políticas públicas autonómicas y en el funcionamiento de los diferentes servicios públicos de competencia y responsabilidad del Gobierno de Aragón.
Creemos que, pese a la importancia objetiva de la función pública aragonesa, su situación y necesaria ordenación no han merecido en el debate político ni en la labor de gobierno la atención necesaria, y por ello desearíamos que en la comunicación que ha de preceder al citado debate, elaborada desde la Presidencia del Gobierno de Aragón, sea incluida una mención al actual estado de la función pública aragonesa, máxime cuando en fechas recientes se ha procedido, por vez primera, a una rebaja salarial del conjunto de los servidores públicos, al mismo tiempo que parece haberse desistido de la aprobación de una ley aragonesa de función pública mediante la que desarrollar el marco establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Deseamos destacar la necesidad de asegurar los principios constitucionales que han de regir el funcionamiento de la Administración Pública y de su función pública, insistiendo en el obligado respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, lo que exige la aprobación de la oferta anual de empleo público, con inclusión de las plazas necesarias, entre ellas todas las ocupadas por funcionarios interinos, con plena garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Ha de hacerse balance de las posibles medidas de modernización y racionalización de la Administración que se hayan promovido o proyectado, de los progresos o realizaciones de la llamada administración electrónica o de los programas de calidad impulsados en los diferentes servicios públicos, pues la realidad de nuestra Comunidad Autónoma no puede entenderse sin analizar la incidencia que sobre ella proyectan las diferentes Administraciones Públicas.
La Administración Pública es el principal instrumento con que cuentan las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma para asegurar la ejecución de las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón y la aplicación de los programas de acción pública del Gobierno de Aragón, razón por la cual no es posible ignorar los problemas y carencias de la Administración en cualquier debate que aborde seriamente el estado de nuestra Comunidad Autónoma.
En consecuencia, entendemos oportuno que en la comunicación previa al debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, cuya elaboración corresponde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, se lleve a cabo el oportuno análisis de la actual realidad de la función pública aragonesa, con un balance de actuaciones y de necesidades y una evaluación de las medidas aplicadas para su modernización y racionalización, exponiendo las razones que han impedido, en la presente legislatura, la aprobación de una Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
Agradeciéndole de antemano la atención prestada, reciba nuestro más respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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